Pedro Sánchez

Las asociaciones judiciales responden a Sánchez tras decir que el PP cuenta con ayuda: «No existe connivencia alguna»

Aseguran que los jueces solo cumplen su obligación y reclaman que se les deje trabajar "sin presiones"

11 / 12 / 2024 20:19

Actualizado el 11 / 12 / 2024 20:23

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han rechazado las declaraciones realizadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha indicado que «el PP juega con las cartas marcadas» porque cuenta con la ayuda de algunos jueces, aclarando que «no existe connivencia alguna».

Y es que el presidente, en una charla con la prensa, ha reafirmado que el Gobierno que él encabeza «siempre ha defendido la autonomía e independencia del Poder Judicial». «Pero cuando escucho al jefe de Gabinete de Ayuso (Miguel Ángel Rodríguez) y a Ayuso, que es la líder de la oposición, tengo la sensación de que la oposición juega con las cartas marcadas». 

Algo que no comparten las tres de las cuatro asociaciones judiciales.

«Atacar a los jueces parece la solución a sus problemas, pero los jueces no somos el problema», ha dicho la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha explicado que cuando «hay hechos que revisten caracteres de delito» los jueces tienen «la obligación de investigarlos, aun cuando los presuntos autores de esos hechos delictivos sean miembros del Gobierno, del PSOE o del círculo cercano del presidente».

«Los jueces investigamos con sujeción a la ley, con respeto a los principios constitucionales y sabiendo que nadie es impune ni está por encima de la ley. Nadie, sea quien sea y cualquiera que sea su cargo, es impune ni debe serlo. La ley es igual para todos», ha aseverado.

Así, Del Barco ha calificado de «lamentable» este tipo de comentarios, asegurando que «no definen a los jueces de este país». «No existe connivencia alguna», ha zanjado.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, que ha denunciado lo que considera unas «calculadas insinuaciones» para «desprestigiar al Poder Judicial».

«Este tipo de comentarios, especialmente cuando provienen del máximo representante del Poder Ejecutivo, socavan de forma muy grave la confianza de la ciudadanía en la independencia e imparcialidad de los jueces», ha alertado.

Al hilo, ha avisado de que «este proceso de deslegitimación de las instituciones lleva a una erosión progresiva del Estado de Derecho y, en última instancia, existe el riesgo de convertirnos en un Estado fallido, incapaz de garantizar la justicia y la estabilidad social».

UN «DISCURSO POPULISTA»

Por su parte, el presidente del FJI, Fernando Portillo, ha considerado que, aunque Sánchez «se limita a sugerir, sin decirlo a las claras, por venir de quién vienen, estas declaraciones son muy graves».

«Dejar caer que los jueces que están investigando al fiscal general del Estado que él nombró y al entorno de su partido/Gobierno lo hacen por estar en connivencia con el partido de la oposición es el discurso populista que ya hemos escuchado, entre otros, del presidente Trump», ha señalado.

Para Portillo, «es muy grave porque son acusaciones veladas gratuitas que no se sostienen más que en el puro interés personal o partidista, sin ninguna prueba de ello más que el hecho de que los jueces están haciendo su trabajo: investigar las denuncias y querellas que se interponen».

«Interés personal o partidista que parece que coloca por encima del interés general del país por el que debe velar y que le obliga a ser muy respetuoso con el Poder Judicial y no arrojar dudas sobre su independencia ni sobre su actuación», ha recordado, en declaraciones a esta agencia de noticias.

En este contexto, ha incidido en que «hay que dejar trabajar a los jueces, sin presiones ni señalamientos», mostrándose seguro de que «donde no hay, se acabará archivando, y donde haya, pues se abrirá juicio y luego a esperar».

«El funcionamiento normal de las instituciones incluye que los jueces puedan hacer su labor constitucional sin presiones, más o menos veladas, del presidente del Gobierno», recalca.

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