El juez que investiga a la esposa del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, ha requerido a Presidencia del Gobierno que aporte la «relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa», según consta en una providencia.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha adoptado esta decisión una semana antes de que Gómez comparezca en sede judicial para declarar en la investigación que se sigue en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
La diligencia acordada por el juez Juan Carlos Peinado también coincide con que el próximo 20 de diciembre está citada a declarar como testigo Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que –según consta en correos que obran en la causa– participó en gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) mientras la esposa de Pedro Sánchez codirigía un máster en dicho centro de estudios.
En uno de los ‘emails’, consta que María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero –miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense– se dirigieron a Álvarez para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web del máster.
CORREOS CON UNA ASESORA DE MONCLOA
«Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación», apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.
Dicho correo fue enviado también a la propia Begoña Gómez y a Blanca de Juan de Castro, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ‘email’, además, consta un mensaje previo –de 7 de septiembre– en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque Álvarez aparece en copia con un ‘email’ de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa consta con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
En otro correo recogido en el sumario, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.
TAMBIÉN RECLAMA INFORMACIÓN A LA UCM
Ahora, en el marco de la providencia, el instructor ha solicitado a la OTRI de la Complutense que aporte los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripción registral en relación a la Catedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
El juez también ha requerido al exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio Villarejo que aporte la documentación relativa a la cátedra que se investiga, y que indicó en su declaración que conservaba. Para ello, le ha concedido un «plazo de cinco días».
Sobre la petición de la defensa de Begoña Gómez de citar a María José Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM, el juez Peinado ha señalado que acordará dicha testifical después de escuchar a la asesora de Moncloa que comparecerá el viernes 20.
Cabe recordar que el abogado de la esposa del presidente solicitó la testifical de Sánchez Rosales porque envió un correo en abril de 2023 en el que aseguraba que «el pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña», en referencia al pliego por el que se investiga a Gómez por un presunto delito de intrusismo.
