Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Begoña Gómez, ha declarado este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.
Álvarez ha comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid como testigo después de que afloraran esos ‘emails’ en los que hace gestiones relacionadas con los másteres y la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en los que trabajaba Gómez.
La trabajadora de Moncloa ha llegado al juzgado 30 minutos antes de la hora en la que estaba citada. Lo ha hecho acompañada de un abogado, aunque a la sala de vistas ha entrado sola, toda vez que ha comparecido en calidad de testigo. Cabe recordar que hasta ahora, en el marco de esta causa, hasta tres testigos han terminado imputados tras declarar ante el juez.
El instructor llamó a declarar a Álvarez como testigo tras ampliar la causa para asumir la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho ‘software’.
Fuentes jurídicas consultadas indican que Álvarez ha relatado que conocía a Begoña Gómez desde hacía tiempo y que ella misma la contactó para que trabajase en Moncloa como asesora y persona de «confianza».
Álvarez ha indicado que reporta sus funciones directamente a la esposa de Pedro Sánchez. Al ser preguntada por si pasó por algún proceso selectivo, ha dicho que no, que recibió la llamada directa de Gómez y empezó a trabajar.
La testigo ha asegurado que empezó a trabajar adscrita al Gabinete de Presidencia del Gobierno en julio de 2018. Según ha apuntado, entendió que su trabajo como secretaria personal era llevar la agenda completa de Gómez, incluidos los asuntos privados.
Reconoce gestiones con la Complutense
Álvarez ha explicado que se hace cargo de todas las actividades de Gómez, cuestiones de seguridad, de desplazamiento, protocolo, informes y ponerse en contacto con otras personas. Los polémicos ‘emails’ formaban parte de esas tareas, ha afirmado, para luego apuntar que los temas institucionales los organizaba a través de la cuenta de correo de Presidencia.
En este punto del interrogatorio, se le ha preguntado a Álvarez por el correo que consta en el sumario de la causa, en el que se refleja que trasladó a Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía en la UCM. Sobre este extremo, ha explicado que Gómez se lo pidió como un «favor» y que ella hizo la gestión porque es su «amiga».
Preguntada por las gestiones que realizó con la UCM, ha reconocido haber mantenido conversaciones con el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio. Según ha apuntado, éste le daba «recados» para Gómez cuando no conseguía hablar con ella.
«Solo estaba en copia»
En el marco de la declaración, se le han exhibido a Álvarez varios de los correos que obran en la causa en los que se la ve realizando gestiones para Gómez con la UCM. La testigo ha asegurado que en ocasiones se le ponía en copia en asuntos que a ella no le interesaban. «Solo estaba en copia para poder hacer esa agenda», ha apuntado.
Uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero –miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM– se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.
«Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación», apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.
Dicho correo fue enviado también a la propia Begoña Gómez y a Blanca de Juan de Castro, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ‘email’, además, consta un mensaje previo –de 7 de septiembre– en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
No recuerda reuniones
En su declaración, Álvarez ha insistido en que no recuerda todos los correos o la agenda de Gómez o las reuniones profesionales a las que pudo haber acudido.
Ha asegurado que no recuerda haberse reunido con la directora de recursos humanos del IE, Sonsoles Gil de Antuñano. Y no ha sabido aclarar si se reunió o no con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo . Según fuentes presentes en la declaración, el juez Peinado le ha llamado la atención por responder con evasivas.
Al hilo, la asesora de Moncloa ha asegurado que no conoce al directivo del IE Juan José Güemes y ha dicho que no intervino en la contratación de Gómez para dirigir el África Center. No obstante, ha manifestado que es posible que haya hablado con el centro educativo en alguna ocasión para otros asuntos.
Durante el interrogatorio, ha indicado que no conoce personalmente al rector de la UCM, Joaquín Goyache, que solo llegó a coincidir con él en dos ocasiones en algún evento.
Preguntada por el empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en esta causa porque presuntamente se habría beneficiado del aval de Begoña Gómez, ha manifestado que sabe quién es pero que no recuerda si coincidieron en algún evento.
Según las fuentes consultadas, el magistrado ha pedido a Álvarez su número de teléfono móvil, sin requerirle el dispositivo.
Multa a los abogados
Por otro lado, Peinado ha aprovechado la diligencia de este viernes para abrir una pieza separada de carácter disciplinario para multar a varios abogados por hacer declaraciones a la prensa a la salida de las declaraciones.
En concreto, se ha dirigido contra el abogado de Gómez, el ex ministro socialista Antonio Camacho; y los abogados de las acusaciones populares que ejercen Vox y Hazte Oír, Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, respectivamente.
Cabe recordar que Peinado investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. La mujer de Sánchez negó todas las acusaciones vertidas en su contra el pasado miércoles, las primeras dos veces que optó por acogerse a su derecho a no declarar.
