
"Se está utilizando la figura de la proposición de ley para sacar adelante una normal que restringe la posibilidad de acceder a la Justicia por parte de la acusación popular".
Cristina Dexeus (AF) sobre la propuesta de ley del PSOE: «parece que tenga nombre y apellidos»
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14/1/2025 01:00
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Actualizado: 14/1/2025 01:16
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El PSOE registró el pasado viernes en el Congreso de los Diputados la ‘Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas’. Una norma que plantea diversos cambios.
Pretende prohibir el ejercicio de la acusación popular a partidos políticos, asociaciones o fundaciones; los pronunciamientos de jueces y fiscales sobre asuntos judicializados y los delitos de ofensas contra los sentimientos religiosos.
Con respecto a esto último, se suprimiría el artículo 525 del Código Penal. Afectaría, por ejemplo, a la denuncia interpuesta por Hazte Oír y Abogados Cristianos contra la presentadora de TVE, Laura Yustres, conocida como Lalachus por mostrar durante la retransmisión de las campanadas una estampa del Sagrado Corazón de Jesús con la vaquilla del Grand Prix.
En cuanto a la limitación de la acusación popular, la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha comentado que, de nuevo, se está utilizando la figura de la proposición de ley para sacar adelante una norma que restringe la posibilidad de acceder a la Justicia por parte de la acusación popular. «Evitando con ello los informes técnico-jurídicos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal».
«Va en contra de la regla general en materia de derecho procesal»
Además, ha apuntado que esta proposición tiene una característica muy excepcional al ir «en contra de la regla general en materia de derecho procesal». Ello en el sentido de que este tipo de reformas «nunca tienen efecto retroactivo», sino que rigen a partir del momento en que son publicadas.
Pero en este caso, la presidenta de la asociación mayoritaria ha recordado que, en este caso, las modificaciones se aplicarán a los procesos que están en curso.
Por tanto, desde su punto de vista, le parece que la norma tiene «nombre y apellidos» y le da la sensación de que está «pensada para asuntos que actualmente se estén tramitando».
«Supone una limitación prácticamente total de la participación en el proceso penal de las acusaciones populares puesto que, en el caso de que sean admitidas, no pueden intervenir en la instrucción de la causa. Sólo podrán acusar en su momento si lo hace el Ministerio Público o la acusación particular».
Por otro lado, Dexeus ha recordado que, en ocasiones, ha habido ciertos casos de corrupción política donde la acusación popular ha tenido una participación relevante. Ejemplo de ello es el caso Nóos, donde la denuncia partió de Manos Limpias y los ERE de Andalucía tras la denuncia del PP.
CASOS ACTUALES A LOS QUE AFECTARÍA
Esta ley, si saliese adelante, pondría en jaque diversos procesos judiciales. Permitiría expulsar de la investigación judicial a Iustitua Europa y Vox del ‘caso Begoña Gómez’ al ser partidos políticos. Manos Limpias y Hazte Oír quedarían en el aire.
Pues la propuesta fija que «quienes pretendan ejercitar la acción popular deberán actuar en virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente».
El propio PSOE se quedaría fuera del ‘caso Koldo’, de las piezas del ‘caso Púnica’, del ‘caso Villarejo’ o de la causa contra el eurodiputado Alvise Pérez por la supuesta financiación ilegal en la que podría haber incurrido.
Asimismo, también se vería afectado el caso en el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En este caso, se expulsaría a la acusación popular ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Por otro lado, Manos Limpias, el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Fundación Foro Libertad y Alternativa tendrían que demostrar ese vínculo.
LOS JUECES, TAMBIÉN EN CONTRA DE LA PROPUESTA DE LEY
Todas las asociaciones judiciales se han mostrado completamente en contra de esta propuesta de ley.
La preocupación es tal, que incluso la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, solicitó ayer a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo su «intervención» en una carta en la que expresan su «preocupación» por la propuesta del PSOE. Entendían que ello era una ataque al Estado de Derecho al limitar «gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción».
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) calificaron la propuesta de «un profundo error» al impedir actuar en defensa de intereses legítimos de jueces y magistrados, limitación que podría conculcar la garantía constitucional del artículo 127 de la Constitución Española.
Su portavoz, Sergio Oliva, se sintió en la obligación, el pasado viernes, de resaltar como «una vez más» se acudía a «la peor de las técnicas legislativas imaginables». Además, señaló que presentaba la apariencia de «haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos». También le resultaba preocupante que siempre se dudase de los jueces como colectivo.
Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) calificó de «desacertado» excluir a partidos políticos. «Debe garantizarse que la acusación popular tenga plenos derechos procesales». También se mostraron «disconformes con incluir una nueva causa de abstención y recusación de la judicatura por realizar públicamente declaraciones a favor o en contra de partidos, sindicatos o asociaciones» al considerar que la judicatura es ciudadanía y, por tanto, libre de opinar aunque deba hacerlo con prudencia.
Asimismo, Foro Judicial Independiente (FJI) calificó la propuesta de «excesivamente restrictiva» al ser una herramienta prevista en la Constitución que permite participar en la persecución de los delitos.
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