Patxi López, portavoz parlamentario del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, explicó esta iniciativa legislativa. Foto: EP:
La ley presentada por el PSOE expulsaría al partido de las 7 causas en las que está personado, incluido el ‘caso Koldo’
|
11/1/2025 05:35
|
Actualizado: 11/1/2025 00:20
|
La aplicación de la proposición de ley que ha presentado este viernes el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados para, entre otras cosas, limitar el papel de las acusaciones populares en los procesos judiciales afectaría de lleno a la propia personación del partido de Gobierno en asuntos tan relevantes como el ‘caso Koldo’.
De hecho, en caso de que el Congreso apruebe esa proposición de ley en su redactado actual, que contempla aplicarla a las causas abiertas cuando entre en vigor, y sin incorporar ninguna enmienda que afecte a lo sustancial, los socialistas serían expulsados de todos los procedimientos en los que participaran por la vía de la acusación popular dado que la nueva norma propone que las formaciones políticas no puedan ejercer la acción popular.
En su exposición de motivos, el texto recoge que se han de excluir de esta acción «por razones de mínima coherencia institucional» las personas jurídicas o entes públicos, así como de «los partidos políticos y asociaciones y fundaciones vinculadas con estos, para prevenir el riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político».
DESDE EL CASO KOLDO HASTA ALVISE PÉREZ
De aprobarse esta iniciativa legislativa, el PSOE quedaría fuera de siete causas en las que está actuando como acusación popular.
La más conocida es la del «caso Koldo», en la que solicitó personarse en noviembre de 2024; también en el presunto fraude en el sector de hidrocarburos, en la que consta como investigado el conseguidor del «caso Koldo», el empresario Víctor de Aldama.
El PSOE dio este paso tras la declaración voluntaria ante el instructor de De Aldama, que dirigió diferentes acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros ministros y cargos del PSOE.
Los socialistas también ejercen la acusación popular en todas las piezas del caso ‘Púnica’, una causa de corrupción política que afectó a exconsejeros del PP en la Comunidad de Madrid, en la que han participado, con esa figura que ahora combaten, en todas y cada una de las piezas separadas –algunas ya juzgadas– del caso de corrupción política que afectó a consejeros ‘populares’ de la Comunidad de Madrid y por el que se ha condenado hasta la fecha a exdirigentes del PP madrileño como Francisco Granados.
En la causa sobre las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre cargos de Podemos el PSOE también ejerce la acusación popular. En el marco de esta causa, este mismo jueves declaró como testigo ante el instructor y en presencia de abogados del PSOE quien fuera senador del PP y exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó.
Otra causa relevante en la que el PSOE ha ejercido y ejerce de hecho como acusación popular es el ‘caso Villarejo’. Si bien no ha participado en todas las piezas, sí que está en asuntos tan relevantes como el ‘caso Kitchen’.
Precisamente, en 2023, los socialistas recurrieron el auto de apertura de juicio oral acordado por el juez para impugnar «la exclusión del Partido Popular (PP) como partícipe a título lucrativo».
En esta causa se investigó ese operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso ‘Gürtel’.
Ya en septiembre de 2024 la Sala de lo Penal aceptó la petición de las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos para que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, declararan como testigos en el juicio.
De esta manera, y en caso de que la norma se aprobara con las disposición transitoria única que recoge, las modificaciones que plantea para la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) serían de aplicación a los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor y por tanto abandonarían todos los procedimientos.
Por último, el PSOE ha presentado su petición de personarse en la causa contra el eurodiputado Álvise Pérez por la supuesta financiación ilegal en la que podría haber incurrido.
Noticias Relacionadas:
