El Salón de Plenos del Tribunal Supremo, convertido para este juicio en sala de vistas, vivió este martes una de las intervenciones más contundentes del juicio del Caso Koldo.
Alberto Durán, letrado de las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular desmontó argumento por argumento, las tesis de las defensas.
El resultado: una petición de 30 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos y otros 30 para su exasesor Koldo García. 5 años para Víctor de Aldama, para el que solicitó la aplicación de la atenuante muy calificada de confesión.
Antes de comenzar, Durán tuvo que salir al paso de una queja. La abogada Gloria de Pascual, representante del PSOE, protestó por la rebaja de la pena reclamada al empresario: de siete a cinco años.
La acusación socialista consideró la reducción una concesión injustificada.
El PP no pasó por alto ese reproche. Durán no citó al PSOE por su nombre, pero el mensaje llegó diáfano: mientras las acusaciones que él representaba colaboraron durante toda la instrucción, otros aparecieron ahora «sin haber colaborado en nada».
Acto seguido, agradeció el trabajo del denunciante, de los medios de comunicación, de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. Las palabras justas. Sin floreos.
Y entonces entró a matar.
Una organización criminal que se aprovechaba del poder político para hacer negocio
Durán describió a José Luis Ábalos como el jefe de «una organización criminal que se aprovechaba del poder político para hacer negocio».
No era la primera vez que ocurría en la historia de este país, reconoció. Pero lo que hizo insoportable este caso, según el letrado, fue el momento en que se produjo: «una situación gravísima para España, como es la del covid-19».
Las palabras que siguieron fueron las que quedarán grabadas en la memoria del juicio.
«Mientras los ciudadanos se morían a millares cada día, un ministro y su fiel escudero llenaban furgonetas y coches oficiales con señoritas o sobrinas, el ministro colocaba a sus amantes». Y hubo que buscar, además, «residencias vacacionales» para Ábalos, «pagadas con el dinero de todos».
Nadie en la sala dijo nada.
Aldama entró en el Ministerio en el último trimestre de 2018.
El letrado pasó a desglosar el papel del comisionista Víctor de Aldama en la presunta trama. Rechazó que la fecha exacta del inicio de la relación entre Aldama y Koldo García fuera relevante.
Lo que importó, dijo, fue lo que ocurrió: «En el último trimestre de 2018, Aldama se introdujo en el Ministerio». Y su propósito era «manifiesto». «No iba de visita». «Su propósito era corromper a quien estaba presto a ser corrompido».
Los contratos de arrendamiento, los pagos periódicos, el piso de la Plaza de España donde vivió Jésica Rodríguez —expareja de Ábalos— pagado por Aldama.
Durán los repasó uno a uno. El piso del Paseo de la Castellana que el empresario facilitó al exministro mediante un alquiler con opción de compra tuvo una sola explicación posible, según el abogado: «engrasaba con esto la maquinaria».
Un contrato que, a su juicio, «entró en negocios jurídicos anómalos».
Los pagos, además, no llegaron directamente. Para eso existió Joseba García, hermano de Koldo, que acudió a los encuentros con el empresario y recogió «paquetes» con dinero en metálico.
Durán descartó todas las explicaciones alternativas que las defensas —y el propio Joseba en su declaración como testigo— intentaron ofrecer durante el juicio.
«2.000 chistorras. Para nosotros eso es un millón»
La sala escuchó entonces uno de los momentos más llamativos de la acusación. Durán leyó en voz alta un mensaje interceptado a Patricia Uriz, pareja de Koldo García: «Patricia dice 2.000 chistorras, para nosotros eso es un millón, ya no vamos a necesitar nunca más chistorras».
Las «chistorras», según la investigación, fue el nombre en clave que utilizaron para referirse a los billetes de 500 euros. Dos mil billetes de quinientos euros: un millón de euros.
El abogado añadió otro elemento al cuadro. Los informes de la UCO —Unidad Central Operativa de la Guardia Civil— detectaron un comportamiento económico «absolutamente insólito, anormal en una familia normal»: las salidas de efectivo de los bancos cesaron.
Y al mismo tiempo se produjo un «ingreso desproporcionado» de dinero en metálico. Nadie explicó de dónde salió.
«Ninguna economía doméstica pudo razonablemente pretender que estas justificaciones que se nos ofrecieron pudieran mínimamente aceptarse si no fuera en el seno de una organización criminal que trató de encubrir el delito».
Durán se permitió una ironía: «Nadie nos explicó por qué los ministros de España ganan tan poco dinero que un asesor tiene que financiar al ministro». Lo calificó de «insólito e inexplicable».
Los contratos de las mascarillas: «Tenía información privilegiada»
La pandemia trajo consigo la urgencia de comprar material sanitario sin los controles habituales. Eso, dijo Durán, no fue excusa para lo que ocurrió.
Cuando llegó la necesidad de las mascarillas, Aldama vio «una oportunidad de negocio inigualable». Y pudo aprovecharla porque «los tenía a sueldo»: al exministro Ábalos y al exasesor Koldo García, que según la Fiscalía cobraron 10.000 euros mensuales y recibieron contraprestaciones en especie.
Aldama tuvo además «información privilegiada» sobre la licitación. Alguien le avisó antes de que se publicara: «Una empresa conoció antes que se iba a producir esa contratación».
El resultado final fue conocido: la adjudicación de 8 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario. Aldama ganó «más de 6 millones de euros».
«Mientras la gente moría a millares, él llenaba coches oficiales con señoritas», afirmó Durán.
Para reforzar su tesis, Durán se apoyó en la auditoría que el propio Ministerio de Transportes —ya bajo la dirección del ministro Óscar Puente— encargó sobre esos contratos. Las irregularidades estuvieron allí.
La prueba del dinero: una hoja Excel intervenida a Aldama
Sobre el destino final del dinero, el letrado fue directo. Sostuvo que Aldama pagó 2 millones de euros a Ábalos y 500.000 euros a Koldo García tras cobrar la comisión de las mascarillas.
La prueba: una hoja de Excel intervenida al empresario en la que él mismo anotó esas cifras como petición y previsión de reparto.
«Evidentemente, entendemos que se produjo», concluyó Durán. Y añadió: si el dinero no apareció, fue porque eso era exactamente lo que hacían las organizaciones criminales. «Nadie va a ser tan idiota de tener el dinero en un cajón, en una maleta esperando que vayan a intervenírselo».
Ábalos puso un piso a su querida e hizo que la contratara una empresa pública
La contratación de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas dependientes del Ministerio de Transportes ocupó el tramo final de la intervención.
Durán rechazó la explicación de Ábalos de que Rodríguez «trabajaba efectivamente» en la empresa. Imposible, dijo: «Estaba estudiando en la universidad y, por tanto, no podía trabajar».
Y concluyó: «Supongo que cuando se hizo esta propuesta era precisamente para que Jésica no trabajara nunca».
Tampoco aceptó el argumento de que Ábalos le pidió a Koldo que la contratase en una empresa privada. El exasesor, razonó el letrado, «no tenía ninguna agencia de colocación en empresas».
De modo que Rodríguez acabó en nómina de Ineco y Tragsatec: dos empresas públicas.
En el caso de Claudia Montes, ni siquiera hubo ambigüedad. Durán leyó el mensaje que Ábalos envió directamente a Koldo: «¿No la pueden contratar en INECO, en ADIF, con alguna de las filiales, o en Renfe?». El comentario del letrado fue lapidario: «Era perfectamente consciente de su petición de influencia».
30 años para Ábalos y Koldo García. 5 para Aldama
Las acusaciones populares del PP reclamaron al Tribunal Supremo que condenara a Ábalos y Koldo García por seis delitos: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación. 30 años para cada uno.
Para Aldama, que confesó y cuya colaboración con la investigación fue valorada, la pena solicitada fue de cinco años. Se le atribuyeron los mismos delitos, salvo el de malversación.
Durán cerró con una frase sin artificios: «Queremos humildemente que se haga justicia».
