La Comisión Europea ha evitado este martes pronunciarse sobre el contenido de la proposición de ley presentada por el PSOE para reformar la figura de la acusación popular en España, la llamada «Ley Begoña».
Según ha declarado el director general adjunto del departamento de Justicia, Florian Geyer, el Ejecutivo comunitario solo podrá emitir una valoración definitiva si la norma es aprobada y entra en vigor. “No estamos en condiciones de decir hoy si vulnera o no la ley europea, porque no estamos ante una ley en vigor, sino ante un proyecto”, ha afirmado durante un debate en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo.
Geyer ha recordado que la Comisión supervisa anualmente la situación del Estado de derecho en los Estados miembros y ha precisado que, cuando se redacte el informe de 2025, se analizará en qué estado se encuentra la propuesta y si procede incluirla en el capítulo dedicado a España.
La reforma propuesta por el PSOE busca limitar el ejercicio de la acción popular a aquellos casos en los que exista un interés directo y legítimo, y excluye la personación en procedimientos penales que se encuentren ya en curso.
Críticas del PP y Vox
La iniciativa ha sido duramente criticada por el Partido Popular y Vox, que la consideran un intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proteger a su entorno frente a investigaciones judiciales por presunta corrupción.
El eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido calificó la reforma como una “huida hacia adelante” con la que el Gobierno pretende “neutralizar la acción de la justicia y blindar a su entorno”.
Zoido alertó de una “deriva autoritaria” y apeló a la responsabilidad de las instituciones europeas para evitar que España siga el camino de Hungría o Polonia.
En la misma línea, la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, acusó a Sánchez de actuar como un “autócrata” que quiere “borrar” la acusación popular para evitar causas judiciales contra su esposa, Begoña Gómez; su hermano; el exministro José Luis Ábalos; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
“Destruye el único instrumento que permite a ciudadanos, víctimas y sindicatos acudir a los tribunales”, ha denunciado.
Vox, por su parte, defendió la figura como un “genuino ejemplo de democracia real y directa”.
Su representante en la Eurocámara, Jorge Buxadé, advirtió que la supresión de esta vía legal responde al intento del Ejecutivo de “garantizar la impunidad del presidente del Gobierno y de su entorno”.
La acción popular no existe como tal en el resto de los países de la Unión Europea
El eurodiputado del PSOE, Nacho Sánchez Amor, subrayó que se trata de una propuesta aún no admitida a trámite en el Congreso, y que es “perfectamente legítima y constitucional”.
Recalcó, además, que la acción popular no existe como tal en el resto de los países de la Unión Europea. “España es la única excepción; los 26 restantes confían en fiscales profesionales. Nadie está pidiendo introducir esta figura en sus propios sistemas jurídicos”, argumentó.
Una tesis compartida por la eurodiputada de ERC Diana Riba, quien tildó el debate de “soliloquio ideológico de la derecha y la extrema derecha española” y calificó la acusación popular como un vestigio del franquismo, “excepcional en Europa”.
Sin embargo, durante el debate también intervinieron juristas que alertaron de los riesgos que supondría la reforma para la lucha contra la corrupción. El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), defendió la validez de la figura de la acusación popular, recordando que ha sido instrumental en causas emblemáticas como los GAL, Filesa, Gürtel, Nóos, los Pujol o los ERE.
El juez advirtió de que limitar esta herramienta podría suponer una “tolerancia institucional ante delitos de corrupción” y sentar un precedente “grave” en el contexto del derecho europeo.
Por su parte, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, Julio Banacloche, criticó que el Gobierno haya tramitado la proposición sin consultar a expertos ni operadores jurídicos.
También mostró su preocupación por la retroactividad que podría implicar la reforma, dejando fuera a acusaciones populares ya personadas en procedimientos en curso.
A la espera de que el Congreso decida sobre la tramitación del texto, la polémica sobre la limitación de la acusación popular se instala ya en el debate europeo, tensionando las relaciones entre el Gobierno y la oposición, con ecos que podrían llegar al próximo informe sobre el Estado de derecho en España.
