Las acusaciones populares reclaman tres años de cárcel al hermano de Pedro Sánchez y que devuelva lo cobrado en la Diputación de Badajoz. Así consta en el escrito de acusación remitido este miércoles en el juzgado que investiga la creación de su plaza en ese organismo.
El escrito atribuye a David Sánchez un delito de prevaricación y dos delitos continuados de tráfico de influencias en concurso con prevaricación, relacionados con su puesto de trabajo y el creado posteriormente para un asesor de La Moncloa con el que ya colaboraba.
Las penas reclamadas suman tres años de prisión y 12 de inhabilitación, así como diversas multas.
Igualmente, las acusaciones populares, conformadas por Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Vox y Abogados Cristianos, bajo la coordinación de Manos Limpias, solicitan que David Sánchez devuelva el salario cobrado en este puesto, al que accedió en 2017. Su sueldo bruto anual rondaba los 55.000 euros.
El escrito de acusación ha sido presentado al vencer el plazo de 10 días que dio la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, en el auto en el que concluyó que había indicios suficientes para sentar en el banquillo a David Sánchez y otros 10 investigados.
Otros investigados del caso Azagra
Además de David Sánchez, en esta causa ha sido investigado Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz. El escrito de acusación, de 38 folios, también solicita para él penas que suman tres años de cárcel e inhabilitación para el desempeño de cargo público por un tiempo total de 21 años.
En esta causa (conocida como caso Azagra, debido al pseudónimo con la que el hermano de Pedro Sánchez firma sus obras), la juez Beatriz Biedma también ha investigado (y enviado al banquillo de los acusados) a Luis Carrero.
Este empleado público fue contratado en 2023 en el mismo área de la Diputación a la que estaba adscrita el puesto de David Azagra. De hecho, según consta en un correo que Carrero envió a David Sánchez en junio de 2022, el primero se ofreció a sí mismo para trabajar como colaborar del segundo en el organismo provincial. Al poco, sería fichado por la Diputación como responsable de fomentar la cultura en el área que separa Badajoz de Portugal.
En su caso, las acusaciones populares solicitan para Carrero una pena de un año y medio de prisión por un supuesto «delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal».
