El objetivo de este II Informe ha sido el de analizar el perfil de los usuarios del mecanismo de la Segunda Oportunidad, la duración de los procedimientos y las variaciones en el activo y pasivo de los deudores.
La Segunda Oportunidad se consolida con procesos más rápidos y deudas más bajas, según el II Informe de Insolvencia Personal del ICAB
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17/1/2025 05:40
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Actualizado: 17/1/2025 08:54
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Uno de los datos más relevantes del II Informe de la Insolvencia Personal, que fue presentado ayer en el marco del 2º Congreso Europeo de la Segunda Oportunidad, organizado por el Observatorio de la Insolvencia Personal del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) es la drástica disminución del tiempo medio de los procedimientos concursales, que ha pasado de 560 días a solo 242 días gracias a la entrada en vigor de la Ley 16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal.
El estudio revela un descenso notable en el importe medio de la deuda pendiente, que ha caído de 250.000 euros (2020) a 63.078 euros (2024). Asimismo, el 90% de los concursos analizados se clasifican como «concursos sin masa», lo que implica que los deudores no poseen bienes significativos que puedan ser liquidados.
Este análisis se ha basado en el análisis de 299 expedientes, procedentes de un despacho especializado en segunda Oportunidad, de los cuales 79 se corresponden con concursos de acreedores iniciados en el año 2021, 78 iniciados en 2022, 100 en 2023 y 42 en el año 2024.
También se ha hecho hincapié en que los datos de estos expedientes se dividen prácticamente por mitades entre los iniciados antes y después de la entrada en vigor de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal.
El II Informe de la Insolvencia Personal refleja un panorama positivo en la aplicación del mecanismo de la Segunda Oportunidad en España, con una tramitación más ágil, un perfil más diverso de usuarios y un impacto económico significativo que permite a los deudores reinsertarse en la sociedad.
La exposición de estas conclusiones fueron dadas a conocer por Yvonne Pavía, abogada, tesorera del ICAB y presidenta del Observatorio de Insolvencia Personal del ICAB; Martí Batllori, vicepresidente del Observatorio de la Insolvencia Personal del ICAB; Borja Pardo y Miquel Ángel Salazar, vocales de este Observatorio del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
De acuerdo con Pavía, el objetivo de este II Informe ha sido el de analizar el perfil de los usuarios del mecanismo de la Segunda Oportunidad, la duración de los procedimientos y las variaciones en el activo y pasivo de los deudores.
PERFIL DE LOS USUARIOS DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD
En este sentido, el perfil de los usuarios de la Segunda Oportunidad se mantiene estable respecto al primer informe de 2021. El 59% son hombres frente al 41% de mujeres, con una edad media de 48 años.
Sin embargo, el Informe detecta una tendencia a la disminución de la edad media de los deudores, lo que sugiere que personas más jóvenes están recurriendo a este mecanismo.
En cuanto a la nacionalidad, el 54% de los declarados en concurso son de origen español, mientras que el porcentaje de personas provenientes de Latinoamérica ha aumentado significativamente, pasando del 20% al 35%.
El 81% de las deudas están asociadas a entidades bancarias y financieras, mientras que la deuda pública representa solo un 6%. Según el informe, este porcentaje podría reducirse aún más con la consolidación de la reforma legal de 2022.
También se ha resaltado la disminución del valor de la masa activa (conjunto de bienes y derechos del concursado) de manera que, del total de expedientes analizados, en el 66,67% de casos, la masa activa era nula y sólo en uno de cada diez supuestos la persona declarada en concurso era propietaria de un bien inmueble.
Además, el 90% de los concursos declarados y analizados para el presente Informe han sido “concursos sin masa”, según lo previsto en el artículo 37 bis y siguientes de la Ley 16/2022.
Martí Batllori, vicepresidente del Observatorio, destacó, durante la presentación, que el mecanismo de la Segunda Oportunidad se ha consolidado como una herramienta fundamental para resolver la insolvencia personal de los deudores de buena fe, situándose al nivel de otros países europeos.
Además, se prevé un aumento en el uso de este procedimiento gracias a los avances normativos y la mayor difusión entre la ciudadanía.
Miguel A. Salazar, vocal del Observatorio, subrayó la necesidad de implementar mecanismos de alerta temprana y herramientas de prevención para evitar el sobreendeudamiento, como ya ocurre en países como Dinamarca.
También abogó por el desarrollo de una guía actualizada para optimizar el uso del mecanismo de la Segunda Oportunidad.
Este 2º Congreso Europeo de la Segunda Oportunidad, aborda en 10 mesas temas clave como la buena fe del deudor, crédito responsable, protección de la vivienda, uso de la inteligencia artificial y mecanismos para prevenir el sobreendeudamiento.
INAUGURADO POR EL CONSEJERO DE JUSTICIA
Fue inaugurado por el consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña, Ramon Espadaler; el decano del ICAB, Jesús M. Sánchez; el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Martínez; y la directora general de Derecho, Entidades Jurídicas i Mediació de la Generalitat de Cataluña, Imma Barral.
Espadaler subrayó la dimensión humana de la ley de la Segunda Oportunidad. «Esta ley pone rostro a una justicia mucho más humana. Debemos reivindicar que la justicia y una ley como ésta -que ayuda a las personas en situaciones vulnerables- son también una política social», afirmó durante su intervención.
Por su parte, el decano del ICAB destacó la función social de la abogacía y el trabajo realizado por el Observatorio de la Insolvencia Personal para difundir este mecanismo tanto entre los profesionales del derecho como entre los ciudadanos. «Todas las personas se merecen una Segunda Oportunidad. Por ello, desde la abogacía y los Colegios Profesionales estaremos, siempre, ayudando a la ciudadanía a través de este procedimiento,» señaló.
Martínez, por su parte, insistió en la necesidad de garantizar que el acceso a este mecanismo sea más sencillo y seguro para los ciudadanos. «La abogacía tiene también una responsabilidad social. Nos corresponde encontrar y proponer herramientas que faciliten la vida a la ciudadanía con la máxima seguridad jurídica,» afirmó.
Finalmente, Barral, abogó por un enfoque holístico que complemente la ley con otros mecanismos de apoyo administrativo. «Trabajamos para desarrollar un sistema que, al solicitar acogerse a la Segunda Oportunidad, active también otros recursos de ayuda para personas en situación de vulnerabilidad,» concluyó.
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