La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha expresado su apoyo al rechazo de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) frente a la proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que busca restringir el uso de la acusación popular en los procesos judiciales.
En un comunicado, ACIJUR, que agrupa a periodistas de diversas sensibilidades políticas, destaca que la figura de la acusación popular es un pilar esencial en la lucha contra la corrupción en España.
Según la asociación, este mecanismo, con raíces en el derecho romano y consolidado desde el Código de las Siete Partidas en el siglo XIII, está consagrado tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como en la Constitución española.
ACIJUR condena la descalificación de la acusación popular
ACIJUR condena además las recientes declaraciones de miembros del Grupo Socialista que han calificado las iniciativas de la acusación popular como meros «recortes de prensa».
Y subraya que «las informaciones periodísticas, muchas de ellas fruto del mejor periodismo de investigación, han sido clave para destapar escándalos políticos que han terminado en los tribunales».
«Escándalos que han afectado tanto a su partido como al principal partido de la oposición, a otros partidos y a la Casa Real han sido depurados en los tribunales con condenas firmes», destaca.
Entre los casos más relevantes que han llegado a juicio gracias a la acusación popular, la asociación cita ejemplos como los de Filesa, GAL, Gürtel, Bankia, Nóos, ERE de Andalucía, Bárcenas, Villarejo, Púnica y Lezo.
Pero «la lista es muchísimo más larga», añadie ACIJUR.
ACIJUR entiende que «este interés y esta premura por cercenar la eficacia de la figura de la acusación popular tiene su centro en tres casos evidentes actuales, dos de los cuales afectan de forma directa a responsables del partido socialista, y el tercero al fiscal general del Estado».
La asociación respalda las palabras del catedrático de Derecho Procesal, Nicolás González-Cuéllar, quien recientemente afirmó que «estas modificaciones no buscan mejorar la justicia sino cercenar la capacidad de la ciudadanía para actuar frente a los abusos de poder».
ACIJUR suscribe plenamente esta valoración.
