“En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la acción popular es un baluarte contra la corrupción. Un baluarte del Estado de Derecho y de la participación ciudadana en la Administración de Justicia”, afirma el catedrático de derecho procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y abogado en ejercicio, Nicolás González-Cuéllar.
Por eso, la propuesta de reforma de la acción popular, planteada por el Gobierno, para limitar su alcance es, como poco, preocupante. “Estas modificaciones no buscan mejorar la justicia sino cercenar la capacidad de la ciudadanía para actuar frente a los abusos de poder”, advierte.
Para el catedrático, uno de los aspectos más valiosos de la acción popular es su capacidad para suplir carencias en la actuación del Ministerio Fiscal, especialmente en casos de corrupción.
Esta figura permite que la sociedad civil participe activamente en el esclarecimiento de delitos que afectan el patrimonio público y la Administración de Justicia.
“En los delitos contra la Administración Pública, como los de corrupción, la acción popular es insustituible. Permite garantizar que las investigaciones no queden al arbitrio de las decisiones políticas o de los posibles conflictos de interés dentro del Ministerio Fiscal”, destaca.
UNA FIGURA QUE HA SIDO OBJETO DE ABUSOS, RECONOCE
No obstante, el catedrático también reconoce que la acción popular ha sido objeto de abusos. En particular, por parte de partidos políticos que la han utilizado con fines partidistas.
Ante esta situación, propone una regulación más estricta que delimite su ejercicio a delitos de gran trascendencia social, como la corrupción, el terrorismo o los delitos de odio.
“Lo que no puede permitirse es que se convierta en un instrumento de extorsión o de lucha política. Debemos garantizar su integridad y su verdadero propósito: defender los intereses colectivos y fortalecer el Estado de Derecho”, señala González-Cuéllar.
El catedrático subraya que la acción popular no es un concepto reciente ni exclusivo de España.
“Sus orígenes se remontan al Derecho Romano, está contemplada en el Código de las VII Partidas, del siglo XIII, en el espíritu de la Constitución de Cádiz, con el liberalismo, en el trienio liberal y, finalmente, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882”, explica.
Según González-Cuéllar, el autor de esta Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) –vigente en nuestros días–, Manuel Alonso Martínez, entonces ministro de Justicia, “incluyó la acción popular en la LECRim para suplir las posibles carencias en la actuación del Ministerio Fiscal y para fortalecer el Estado de Derecho”.
Y hoy forma parte de nuestra Constitución. “Como bien dijo el profesor Enrique Gimbernat, ‘el único sentido de que se incorporara en nuestra Constitución fue para hacerla inatacable’. Lo que se intenta con esta proposición de ley es, precisamente, lo contrario: acabar con ella”, añade.
