Juzgados de lo mercantil
La Asociación de Medios de Información (AMI) refrenda su demanda contra Meta con una sentencia del TJUE esclarecedora. Foto: Confilegal.

La prensa española sienta a Meta en el banquillo por competencia desleal con el respaldo de una sentencia del TJUE

2 / 10 / 2025 00:45

El enfrentamiento entre los principales medios de comunicación españoles y Meta vivió ayer su primer capítulo judicial ante el magistrado Teodoro Ladrón Roda, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid.

Durante más de cinco horas, el magistrado escuchó a tres testigos de Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp en un proceso que puede marcar el rumbo de la publicidad digital en Europa.

La Asociación de Medios de Información (AMI), que agrupa a más de 83 medios de comunicación españoles, representada por el abogado y catedrático de derecho procesal, Nicolás González-Cuéllar, reclama 551 millones de euros de indemnización para los medios de comunicación.

El motivo: el uso de datos personales de millones de ciudadanos europeos sin su consentimiento entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023.

Una práctica que ha vulnerado sistemáticamente el Reglamento General de Protección de Datos, (RGPD) mediante el uso ilegítimo de los datos personales de millones de usuarios para construir un negocio de publicidad segmentada sin el consentimiento de las personas.

Lo que es un caso evidente de competencia desleal, según la AMI.

“El problema de Meta es la verdad”, resumió González-Cuéllar. “Está acostumbrada a jugar con ventaja, no solo en el mercado, sino en otros ámbitos”.

SENTENCIA C-252/21 DE LA GRAN SALA DEL TJUE

La demanda de la AMI viene refrendada por la sentencia C-252/21 de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 4 de julio de 2023 que, en el caso Meta Platforms Inc. versus Bundeskartellamt (autoridad alemana de competencia) sentó el precedente en la relación entre competencia y protección de datos en el ámbito digital, consolidando la potestad de las autoridades de competencia para abordar posibles abusos derivados del procesamiento excesivo de datos en plataformas dominantes como Facebook.

El TJUE reconoció que el consentimiento de los usuarios no es libre cuando se les obliga a aceptar condiciones amplias de tratamiento de datos como requisito para acceder a una red social dominante como es Facebook, la cual pertenece a META, al igual que WhatsApp e Instagram.

Meta no se conformaba con los datos que los usuarios dan dentro de sus redes sociales. También recogía datos fuera de Facebook, qué webs visitaban, que apps usaban, que compraban en red, etcétera. Con ese «super perfil» podían ofrecer a los anunciantes una publicidad extremadamente precisa: no solo “jóvenes de 20 a 30 años en Madrid”, sino “personas que ayer buscaron vuelos baratos, siguen páginas de maternidad y compran ropa online”.

Eso, de acuerdo con el TJUE, le dio ventaja competitiva porque ningún competidor tenía tantos datos ni tanta variedad. En consecuencia hacía que la publicidad en Meta fuera mucho más eficaz porque llegaba exactamente a quien el anunciante quería.

En consecuencia, ante los mejores resultados obtenidos en Meta, ponían su inversión en esta plataforma y no en los medios de comunicación.

Los medios tradicionales, como periódicos digitales o radios y televisiones, también viven de la publicidad pero sus datos son mucho más limitados. Saben lo que sus lectores leen en sus webs pero no tienen información sobre lo que hacen en otros sitios diferentes. Su publicidad es, por lo tanto, menos precisa y menos rentable para los anunciantes.

El TJUE señaló en su sentencia que la ventaja de Meta en publicidad digital no venía solo de su innovación, sino de imponer a los usuarios un rastreo masivo que les quitaba libertad de elección.

Porque con esos datos, Meta ofrecía a los anunciantes un producto publicitario inalcanzable para los medios de comunicación, debilitando su modelo de negocio.

La demanda de la AMI denuncia este desequilibrio estructural, indica González-Cuéllar. El crecimiento del mercado publicitario digital en formato display fue del 12% de media, mientras Meta alcanzó un 25 %. Lo que el abogado atribuye a la explotación de datos sin consentimiento de los usuarios.

La sentencia del TJUE en este caso tiene un peso indudable porque viene a refrendar la demanda de los medios de comunicación españoles.

Audiencias frente a datos

El debate en el día de ayer se centró en la relevancia de los datos en el modelo de negocio de Meta. David Sáez, director de industrias de Facebook en España, Beltrán Seoane, director de agencias de Facebook, y Cecilia Álvarez, directora de políticas de privacidad de Meta para Europa, Oriente Medio y África, contestaron tanto a las preguntas de González-Cuéllar como de Javier de Carvajal Cebrián, socio del despacho Herbert Smith Freehills Kramer, que representa a Meta.

Meta, además, ha desplegado un equipo jurídico descomunal, con decenas de abogados llegados de Irlanda y traductores simultáneos en sala. “Han venido más letrados de los que tienen periodistas en España”, ironizó González-Cuéllar.

Los tres empleados de Meta evitaron concretar datos clave, como número de usuarios en España, ingresos locales, cuota de mercado o sanciones europeas.

Hoy será el turno de los peritos de ambas partes. Tras sus conclusiones, el caso quedará visto para sentencia.

Un pulso con proyección internacional

El caso español no es aislado. En abril de 2025, más de 200 medios franceses presentaron una demanda contra Meta, inspirada en la acción de AMI. La batalla también conecta con litigios en Estados Unidos, como el del New York Times contra OpenAI, que apuntan a una misma tendencia: los medios tradicionales buscan reequilibrar un ecosistema dominado por grandes tecnológicas.

Más allá del resultado inmediato, el trasfondo de este juicio es claro: se trata de un litigio que cuestiona el modelo de negocio de las plataformas digitales y el futuro de la prensa en la era de los datos. Nada más ni nada menos.

“La prensa pone el sacrificio, y ellos sacan el beneficio. Eso no es sostenible. Por eso, esta vez hemos decidido pelear”, resumió el abogado de AMI.

Una frase que resume muy bien su planteamiento en este litigio contra Meta: ellos —los periódicos— asumen los costes de generar información, mientras que la tecnológica aprovecha esa materia prima para alimentar su negocio publicitario sin contribuir en la misma medida y llevándose la parte del león.

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