El próximo 5 de febrero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un Pleno extraordinario, convocado por la presidenta del órgano de autogobierno de los jueces, Isabel Perelló, para abordar la cuestión de la propuesta de la reforma del sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial, cuya competencia, desde 1985, es del Parlamento; del Congreso y del Senado.
Será un día antes de que se cumpla el plazo de seis meses, contenido en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, y que dice que el CGPJ debe elaborar un informe que examine los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español.
De ese trabajo debe emerger una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados, asegurando su independencia y la participación directa de estos en el proceso.
La propuesta debe ser aprobada por una mayoría de tres quintos de los vocales del CGPJ –13 de 21– y remitida al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para su consideración y posible tramitación legislativa.
CUATRO VOCALES SOBRE EL ASUNTO
Hasta ahora han estado trabajando sobre el asunto cuatro vocales: Bernardo Fernández Pérez, Isabel Revuelta de Rojas, Argelia Queralt Jiménez y José Carlos Orga. Este último es el único que es magistrado.
Los resultados obtenidos, hasta la fecha, no son muy positivos. Mientras los progresistas defienden el actual «statu quo», que siga eligiendo a los 12 vocales jueces el Parlamento –sede de la soberanía popular–, los segundos plantean que sean los jueces los que los elijan, por voto secreto y directo de los 5.500 jueces y magistrados que componen la carrera judicial.
Deshacer este nudo gordiano es el objetivo que se ha propuesto la presidenta Perelló para ese Pleno extraordinario. ¿Alcanzarlo a través del consenso?
Así lo ve el vocal José Carlos Orga, del sector conservador. “No estamos aquí para opinar sobre conceptos teóricos, sino para cumplir con un mandato legal y actuar con responsabilidad. Si no alcanzamos un consenso, habremos fallado en nuestra labor histórica”, reconoció el pasado viernes en las I Jornadas Jurídicas de Okdiario.
El camino hacia el consenso, sin embargo, reconoció que no es fácil. Destacó que las posturas enfrentadas dentro del Consejo representan una complejidad añadida: “No se trata de proponer blanco o negro. Nuestro reto es encontrar una fórmula que permita incluir a todas las sensibilidades y construir un sistema que cumpla con el mandato legal”.
«UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA QUE NO PODEMOS DEJAR PASAR»
Y enfatizó la necesidad de mirar más allá de las diferencias ideológicas para priorizar la misión institucional del CGPJ. Tiene claro la magnitud del reto al que se enfrenta el grupo: “Estamos llamados a resolver en cuatro meses lo que no se ha logrado en 40 años. Esta es una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar”.
La necesidad de alcanzar un consenso radica en la urgente reforma del sistema actual, que ha sido criticado por instituciones como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y el Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa, los cuales han insistido en que al menos la mitad de los vocales judiciales deben ser elegidos directamente por sus pares.
Orga contextualizó este desafío dentro de un panorama sociopolítico que, según él, podría describirse como “jacobino”, caracterizado por la concentración de poder en detrimento de los frenos democráticos. “La independencia judicial no es solo un principio teórico, es una necesidad pública. Si permitimos que el CGPJ pierda su legitimidad, estaremos debilitando la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho”, afirmó.
La reforma es, por lo tanto, desde su punto de vista, una obligación moral y legal: “La disposición adicional de la Ley es clara: los jueces deben participar de forma directa en la elección de sus representantes, y este mandato debe cumplirse con los mejores estándares europeos”.
El vocal se mostró crítico con el modelo actual, que asigna un papel predominante al Parlamento en el nombramiento de los vocales: “El sistema actual de designación parlamentaria no responde al principio de independencia judicial. No podemos seguir trasladando las disputas políticas al órgano de gobierno de los jueces”.
Además, recordó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 1986, ya advirtió sobre los riesgos de politización del CGPJ, señalando que este modelo no puede convertirse en un instrumento para el reparto político.
Para Orga, el objetivo principal es claro: “Debemos construir un modelo que garantice que los jueces elijan a los jueces, asegurando así la independencia y legitimidad del Consejo”.
De ahí, la importancia del Pleno extraordinario del 5 de febrero. «Debemos construir un modelo que garantice que los jueces elijan a los jueces, asegurando así la independencia y legitimidad del Consejo”, concluyó con optimismo ante esa próxima cita y su nudo gordiano.