121 euros brutos por un proceso penal; esa ha sido la propuesta económica de un abogado a una compañera de otra comunidad autónoma. Un suceso que se ha convertido en un fenómeno viral, siendo una muestra de la precariedad, también entre compañeros, dentro de la abogacía.
«Te escribo para proponerte una serie de colaboraciones en cuanto a sustituciones para señalamientos en Málaga y alrededores. La primera sería para el día 20de este mes. Consiste en un juicio por un delito básico de estafa informática. Te facilitaría la instructa y actuaciones. Por nuestra parte, ofrecemos 121 euros con la correspondiente retención de IRPF».
Así fue el mensaje que, apenas una semana antes del citado juicio, recibió la abogada penalista Marina Guillén en su teléfono móvil a través de WhatsApp.
Una oferta de colaboración que suponía cerca de 85 euros netos para un juicio penal por estafa informática. Ello, a pesar de que, tal y como explicaba la propia letrada a Confilegal, «como mínimo puede necesitar un par de días de preparación de juicio».
«Depende de la complejidad, de las periciales que haya.., pero mínimo pueden ser un par de días. Así que imagínate un procedimiento que no has llevado, y en el que ni siquiera conoces al cliente», lamenta la abogada, quien no conocía al compañero de profesión, ni el caso que le estaban ofreciendo.
Algo que, para la abogada, es completamente «imposible». «Y lo peor, es que se está intentando aprovechar, porque no sabemos lo que él le cobra al cliente. El abogado era de Barcelona, y quería que le llevara el caso aquí. Y así, también se ahorra el desplazamiento y todo. Como si fuese un ‘rider’ de la abogacía», lamenta.
Precarización e indefensión de abogado a abogado
«Es una precarización absoluta de los servicios jurídicos por los propios abogados», asegura Marina Guillén a Confilegal.
Algo que, tras comentárselo a su compañero, el responsable de la oferta, obtuvo una respuesta que no se esperaba: «Si le parece bien, le pagamos la reforma de su casa. Quizá eso se ajuste más a sus pretensiones económicas», respondía el abogado de Barcelona.
Respuesta que, para la abogada de G&G Legal, supone un claro ejemplo de «déficit de moralidad y de conciencia de la profesión».
«Creo que estamos ante una crisis muy seria de la profesión. Primero, por la aparición de servicios low cost. Y luego, por la falta de moral que existe en la profesión con la gente que está empezando, y entre compañeros, de precarización a nosotros mismos. También con el tema de falsos autónomos. Se está creando un ecosistema muy precario, en el que hay muchos abogados que cuando están empezando no pueden vivir de esto», lamenta.
Una precarización a la que se suma la indefensión de los letrados ante «la falta de control de los colegios de abogados con estas situaciones que, en cierto modo, las favorecen, porque no se toman medidas deontológicas».
«Cuidan muy poco la defensa real de los colegiados en este aspecto. En la dignificación. Igual que los notarios cobran por arancel, nosotros tenemos liberalizados los honorarios, pero eso también hace que haya situaciones como esta. Y al final, no se presta un servicio de calidad», asegura.
