La presidenta Isabel Perelló se está implicando personalmente en las negociaciones para que los nombramientos lleguen a buen puerto y los elegidos sean de los mejores entre los candidatos presentados. Foto: CGPJ.
La unanimidad, y el máximo consenso, en el nombramiento de los 36 magistrados fue posible gracias al «efecto Perelló»
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30/1/2025 00:45
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Actualizado: 30/1/2025 00:30
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Cuatro magistrados forman el grupo de vocales negociadores en el Consejo General del Poder Judicial. José María Fernández Seijo y Esther Erice Martínez, por los progresistas, y José Antonio Montero Fernández y Alejandro Abascal Junquera, por los conservadores.
Los cuatro forman el «sanedrín» que debe llegar a los acuerdos sobre los seleccionados finales sobre las ternas elaboradas por la Comisión de Calificación tras las consiguientes entrevistas y la valoración de los candidatos.
Ayer el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, formado por 20 vocales y la presidenta, Isabel Perelló, sorprendió a propios y extraños por la elección de los 36 magistrados por unanimidad. O consenso máximo.
La unanimidad, para decir verdad, no es algo que se prodigue demasiado en este tipo de decisiones. De ahí que el legislador haya impuesto la condición de que cada nombramiento tiene que estar apoyado por una mayoría cualificada de 3/5 partes de los 21 votos. Para entendernos, 13 votos.
Y no ha sido nada fácil. De hecho, el acuerdo entre las partes se cerró telefónicamente la noche del martes. En concreto a las 22.30.
En ello ha jugado un importante papel la presidenta, Isabel Perelló. Su diplomacia y su implicación fueron decisivas para alcanzar este resultado final.
Es el «efecto Perelló».
«La presidenta habla continuamente con todos», explican fuentes de la negociación. «Se implica personalmente en las conversaciones. En los peores momentos, cuando han aflorado las desavenencias, ella ha sido el ‘pegamento’ que ha hecho posible el acuerdo».
«TENÉIS QUE PENSAR EN LA CARRERA»
Frases como «tenéis que llegar a un acuerdo. Tenéis que pensar en la carrera, en los compañeros que nos están observando, en el Supremo. No podemos defraudarlos. Tenemos que estar a la altura. Hay que mandar un mensaje alto y claro a la carrera», son palabras que salen continuamente de sus labios.
«Hay que seguir avanzando. Hay que superar los escollos», dice también.
Al mediodía del martes Perelló tuvo que ausentarse por una cita médica personal, pero no dejó de hablar con todos ellos por teléfono. No perdió el pulso de las negociaciones en ningún momento. A las 17 horas estaba de vuelta en el Consejo, siguiendo muy de cerca las negociaciones, con la voluntad de conseguir un acuerdo completo.
Los hados, hay que reconocerlo, no parecían propicios. Los vientos que llegaban de la calle de San Bernardo, donde tiene su sede el Ministerio de Justicia, apostaban porque se negociaran primero las cuatro presidencias vacantes del Tribunal Supremo –las de las Salas de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social– y después pasar a cerrar este acuerdo.
Lo que podía suponer semanas o meses de retraso, convertido en un nudo gordiano de difícil solución a día de hoy.
Desde el edifico del marqués de la Ensenada, sede del CGPJ, el resultado alcanzado ayer es contemplado como un revés para el ministro Félix Bolaños y un importante tanto para Perelló.
«La presidenta sabe llegar a los vocales», explican estas mismas fuentes. «El hecho de que haya sacado a concurso las direcciones de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial son ejemplos claros de lo que piensa. Hasta ahora esos nombramientos se hacían a dedo».
Isabel Perelló ha sido la primera persona que ocupa la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo sin que haya habido un pacto previo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición –sin injerencias políticas– como así ha venido ocurriendo desde 1985, en los casos de Pascual Sala, Javier Delgado Barrio, Francisco Hernando, Carlos Dívar, Gonzalo Moliner y Carlos Lesmes.
MÉRITO Y CAPACIDAD
Y eso se está notando. Perelló tiene muy presentes los conceptos de mérito y capacidad, igual que sus 5.500 compañeros que conforman la carrera judicial, a la que conoce muy bien. Su defensa del sistema de oposiciones, la pasada semana en la entrega de despachos de la última promoción de jueces, respondió a esta idea. Cree firmemente en la independencia de los jueces. Para ella no es una pose para seguir avanzando en su carrera profesional, como ha ocurrido en algunos de sus antecesores.
«Su objetivo es llevar la paz, contar con gente que aporte», subrayan estas mismas fuentes.
La votación de ayer fue la primera prueba.
El próximo 5 de febrero tiene otro reto importante ante sí: el Pleno Extraordinario para desbloquear la propuesta sobre una posible reforma del sistema de elección de los 12 vocales jueces, contemplada en la disposición adicional de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que posibilitó la renovación del CGPJ.
Dicha disposición dice que el Consejo elaboraría en el plazo de 6 meses «un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados».
La cosa no pinta bien. Unos, los progresistas, están a favor de que la cosa siga como hasta ahora, es decir, que el Parlamento siga eligiendo a los 12 vocales jueces. Y los conservadores consideran que lo lógico es volver al sistema del primer Consejo, el de 1980, en el que la carrera judicial eligió a los 12 por voto secreto y directo.
Poco después, el 12 de febrero el Pleno del CGPJ tiene que elegir a las personas que ocuparán las presidencias de la Audiencia Nacional, de la Sala de Apelaciones y de las 3 Salas –Penal, Contencioso-Administrativo y Social– así como las presidencias de los Tribunales Superiores de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y Castilla y León, y las presidencias de las Audiencias Provinciales de Burgos, Gerona y Guipuzcoa entre otras.
Dos desafíos en los que el «efecto Perelló» tendrá que volver a demostrar su eficacia. La «auctoritas» de la presidenta parece comenzando su leyenda.
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