“La abogacía no puede quedar en una situación de inferioridad por una digitalización mal diseñada. No podemos permitir que los jueces y fiscales tengan un acceso pleno a la información procesal, mientras los abogados lidian con un sistema que limita su capacidad de defensa y causa inseguridad jurídica", señala el decano..
El ICAM exige a los jueces «igualdad de armas» en el acceso a la justicia digital
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13/2/2025 11:06
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Actualizado: 13/2/2025 11:10
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El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha solicitado por escrito, tanto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, como a cada uno de los magistrados de Madrid, «soluciones urgentes a los fallos del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y su plataforma de visualización, HORUS y su impacto en el derecho de defensa.
«La abogacía no puede quedar en inferioridad de condiciones. Se está comprometiendo el derecho de defensa», advierte el decano. Y, reclama medidas inminentes para garantizar la trazabilidad, integridad y acceso equitativo a la información procesal.
El origen del problema radica en una regulación insuficiente en el RDL 6/2023 -que incorpora la Ley de Eficiencia Digital– sin establecer criterios homogéneos para garantizar el acceso equitativo a los expedientes digitales y sin regular un índice en los mismos.
Mientras que en el formato en papel existía un orden cronológico y un foliado que aseguraban la integridad de la documentación, en el sistema actual la información se organiza en ‘acontecimientos’, dificultando la reconstrucción del procedimiento y creando dudas sobre la integridad del contenido.
“La abogacía no puede quedar en una situación de inferioridad por una digitalización mal diseñada. No podemos permitir que los jueces y fiscales tengan un acceso pleno a la información procesal, mientras los abogados lidian con un sistema que limita su capacidad de defensa y causa inseguridad jurídica. Confiamos en que los jueces sean conscientes de la importancia de este problema y actúen para garantizar que la digitalización de la justicia respete la igualdad de armas”, ha afirmado Ribón.
Garantizar la trazabilidad y organización del expediente digital
Ante esta situación, el Colegio ha solicitado a los jueces y magistrados a adoptar medidas urgentes que garanticen la entrega íntegra de las actuaciones procesales y el acceso completo a toda la documentación relevante para el ejercicio de la defensa.
Además, el ICAM «ha reclamado la posibilidad de obtener copias fidedignas de los expedientes en formato digital o en papel cuando el acceso a través de HORUS no sea plenamente efectivo».
Igualmente, ha pedido que «se garantice la trazabilidad y organización del expediente digital mediante la implantación de un foliado y un índice estandarizado que permitan la consulta estructurada y cronológica de la información»
Finalmente, subraya la importancia de garantizar la interoperabilidad del sistema para evitar diferencias de acceso entre órganos judiciales y que la abogacía pueda ejercer su labor con igualdad de condiciones en todo el ámbito judicial.
Según indican desde el ICAM, «la actual configuración del EJE y HORUS, a ojos de la abogacía, podría suponer una vulneración de principios esenciales recogidos en diversas normas nacionales e internacionales, como el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el artículo 24 de la Constitución Española, el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa o el artículo 234.2 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, entre otros».
Eugenio Ribón asegura que «La transformación digital de la justicia debe hacerse con garantías, y el Colegio de Madrid seguirá trabajando para que así sea”.
Por ello, continuarán «exigiendo soluciones a esta problemática al Ministerio de Justicia y a los Grupos Parlamentarios, y buscando la colaboración de las autoridades judiciales para impulsar una reforma que garantice el acceso igualitario a la información procesal y la seguridad jurídica en la era digital».
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