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Opinión | Sentencias de “copia y pega”: El Tribunal Supremo tiene la última palabra
El columnista, Carlos Berbell, aborda una casuística que no es normal y que, sin embargo, persiste. Foto: Confilegal.
21/2/2025 05:34
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Actualizado: 20/2/2025 23:17
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¿Se imagina una sentencia de todo un tribunal alemán, francés o inglés redactada íntegramente mediante un “copia y pega” sacado de páginas de internet?
Difícilmente, ¿verdad?.
Sin embargo, esto está ocurriendo en España, concretamente en Ibiza, generando un justificado escándalo.
La reciente polémica sobre dos sentencias de Ibiza ha avivado el debate sobre la calidad de las resoluciones judiciales en España.
Tanto en el ámbito penal como en el civil, se ha cuestionado la profesionalidad de los fallos emitidos, destacando el abuso del «copia y pega» por parte de algunos jueces.
Una dejadez respecto del principal cometido del juez y una grave infracción procesal que compromete gravemente la integridad de nuestro sistema judicial y pone en entredicho a quienes tienen que decidir conforme a unas leyes y, en última instancia, a la Constitución Española de 1978.
En el proceso penal, la Audiencia Provincial de Baleares criticó duramente a la jueza del Juzgado de lo Penal 1 de Ibiza por incorporar nada menos que 20 folios de un texto extranjero sin justificación ni análisis propio.
Este proceder, que roza la negligencia profesional, resultó en la anulación de una condena por maltrato habitual, al constatarse una alarmante falta de motivación que impidieron garantizar un juicio justo.
No obstante, el verdadero escándalo surge en la jurisdicción civil.
Un pleito entre una inversora estadounidense y dos princesas europeas por un restaurante de lujo en Ibiza evidenció una flagrante falta de rigor judicial.
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia 1 de Ibiza no tiene ningún razonamiento jurídico sino un texto íntegramente extraído de dos páginas web de Internet, sin aportación alguna de criterio propio ni análisis del caso enjuiciado.
Pero sorprendentemente, este fallo fue validado en apelación por la Audiencia Provincial de Mallorca, que aun reconociendo la evidente ausencia de elaboración judicial, optó por avalarlo.
La actitud de la Audiencia Provincial en este caso es difícil de justificar.
EL RAZONAMIENTO DE LAS SENTENCIA, UN PILAR FUNDAMENTAL
La motivación de las sentencias es un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, y la falta de exigencia en el razonamiento jurídico compromete no solo la calidad del fallo, sino también la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
El uso indiscriminado del «copia y pega» denota falta de esfuerzo, de preparación y de respeto hacia las partes involucradas, cuyos derechos quedan diluidos ante la pereza argumentativa.
Que además un tribunal compuesto por tres jueces admita y valide una sentencia cuyo contenido ha sido literalmente copiado de Internet sin análisis crítico es una afrenta al propio concepto de justicia que en España se imparte en nombre del Rey.
Pero la gravedad no radica solo en el origen de los textos de dos páginas web cualquiera, sino en la falta de esfuerzo intelectual por parte de quienes ostentan el poder pero también la obligación de resolver los casos con rigor y profesionalidad.
Las preguntas que surgen son inevitables:
¿Hasta qué punto se están sacrificando la excelencia judicial en España en aras de la comodidad?
¿Qué pensará esta importante inversora norteamericana y sus asesores al comprobar que su caso ha sido resuelto en base a unos párrafos sacados de internet?
¿Qué imagen se transmite de nuestra jurisdicción y de la propia “Marca España”?
CON CRITERIO DUDOSO
Pero es que, además, el contraste con el ámbito penal, donde la misma Audiencia no dudó en anular una sentencia defectuosa, es especialmente llamativo.
¿Por qué en un caso se exige un estándar mínimo y en otro se permite que una resolución tan deficiente se mantenga en pie?
Esta incoherencia deja al descubierto un preocupante doble rasero que erosiona la previsibilidad y la confianza en nuestras instituciones.
La Justicia en España no puede basarse en un “copia y pega”.
Cada caso merece un análisis profundo y motivado en la ley y su interpretación por el Tribunal Supremo, no una simple reproducción de textos de internet.
Que toda una Audiencia Provincial tolere tal práctica es un síntoma preocupante, que envía un mensaje devastador: ¿la excelencia y el rigor en las sentencias judiciales ya no rigen en España?
El problema no es solo técnico, sino también ético. Los jueces tienen el deber de impartir justicia con integridad y dedicación.
Una sentencia cuyo razonamiento son fragmentos de internet traiciona esa obligación y sugiere una preocupante falta de compromiso con la verdad y la justicia.
Validar semejante práctica desde instancias superiores no solo perpetúa el problema, sino que lo legitima.
Ahora, con el caso en manos de la Sala Primera del Tribunal Supremo, existe la oportunidad de corregir esta anormalidad y restablecer el rigor que debe presidir toda resolución judicial en nuestro país.
Pero además, la controversia de las sentencias de Ibiza debe servir como un recordatorio de que impartir justicia es mucho más que un simple acto burocrático.
Es un proceso que exige reflexión, estudio y un compromiso inquebrantable con los principios constitucionales que la sustentan.
Cuando estos principios se sacrifican, la credibilidad de todo el sistema se ve comprometida.
Y esto, sencillamente, es lo que ha sucedido en Juzgado de Primera Instancia 1 de Ibiza y ha permitido la Sección 5 de la Audiencia Provincial de Mallorca.
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