La Ejecutiva de la APIF. De izquierda a derecha, Vicente González Mota, vicepresidente y fiscal de la Audiencia Nacional; Carmen Gallardo García, vocal y fiscal en Girona; Miguel Pallarés Rodriguez, presidente y fiscal en Las Palmas de Gran Canaria; Pilar García Zubalez, vocal y fiscal en Madrid; Santiago Sánchez López, secretario y fiscal en Alcalá de Henares; y María Luján Castro Rodríguez, vocal y fiscal en Toledo. Foto: APIF.

Los fiscales de la APIF exigen la dimisión del fiscal general del Estado y denuncian la falta de independencia del Ministerio Fiscal

3 / 03 / 2025 14:43

Actualizado el 03 / 03 / 2025 14:43

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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha concluido su congreso anual en San Sebastián este fin de semana con un duro comunicado en el que exige la dimisión inmediata del Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, por considerar que su permanencia en el cargo daña gravemente la institución y su credibilidad ante la sociedad.

«La permanencia del FGE en el cargo está dañando gravemente a la Institución, distorsionando el papel del Ministerio Fiscal en el procedimiento penal en el que él mismo está imputado», afirma esta asociación que, además, está personada como acusación popular en la causa abierta contra García Ortiz en el Tribunal Supremo.

Asimismo, la APIF denuncia la politización del funcionamiento del Ministerio Fiscal, su falta de autonomía y el uso instrumental de la Inspección para abrir expedientes a fiscales considerados incómodos.

Y critica que se sigan realizando nombramientos en los que no priman los criterios de mérito y capacidad.

Reforma en la autonomía de los fiscales y la independencia judicial

La APIF aboga por reforzar la independencia interna de los fiscales, proponiendo que el promotor de la acción disciplinaria sea designado por mayoría del Consejo Fiscal, en lugar de que sea nombrado por el FGE.

Además, insiste en que los órganos colegiados del Ministerio Fiscal deben tener capacidad de decisión y no limitarse a ser meros órganos consultivos del Fiscal Jefe.

En cuanto a la independencia judicial, la Asociación expresa su preocupación por la Ley de eficiencia y la creación de tribunales de instancia penal, pues temen que esto debilite la función del juez de instrucción, convirtiéndolo en un mero integrante de una estructura mayor que podría funcionar como una «fiscalía bis».

La APIF sostiene que cualquier reforma procesal penal debe garantizar que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción con las debidas garantías de imparcialidad e independencia.

Condiciones laborales y carrera profesional

En el ámbito profesional, los fiscales denuncian la imposición de traslados forzosos por ascenso, la falta de plazas para fiscales en expectativa de destino y la ausencia de promoción para 219 fiscales que deberían haber ascendido pero que el Ministerio de Justicia lo impide al no crear nuevas plazas.

También reclaman la reorganización de los grupos de población para adecuarlos a la realidad actual, el reconocimiento de la antigüedad mediante trienios y sexenios y la creación de un plan de pensiones que permita la jubilación a una edad razonable.

Respecto a los fiscales sustitutos, APIF propone la creación de un Cuerpo de Fiscales Adjuntos como ocurre en otros países (en clara referencia a Italia), asegurando su estabilización sin perjudicar las legítimas expectativas de los fiscales de carrera.

Por último, el Congreso de APIF ha nombrado presidente Emérito a Salvador Viada Bardají, en reconocimiento a su labor en favor de la Justicia y la independencia del Ministerio Fiscal en España.

El congreso, celebrado en San Sebastián del 28 de febrero al 1 de marzo de 2025, marca un punto clave en las reivindicaciones de los fiscales para lograr un Ministerio Fiscal más independiente y profesionalizado.

La Ejecutiva de la APIF ha quedado conformada por las siguientes personas: Miguel Pallarés Rodriguez, presidente y fiscal en Las Palmas de Gran Canaria; Vicente González Mota, vicepresidente y fiscal de la Audiencia Nacional; Santiago Sánchez López, secretario y fiscal en Alcalá de Henares; Carmen Gallardo García, vocal y fiscal en Girona; Pilar García Zubalez, vocal y fiscal en Madrid; y María Luján Castro Rodríguez, vocal y fiscal en Toledo.

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