La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha rechazado asistir a la reunión convocada por el fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, el próximo 20 de mayo por seis razones, la primera de ellas porque «carece de legitimidad y autoridad» para dirigir Ministerio Público tanto por su historial reciente como por su situación procesal actual.
Lo hace en una carta firmada por su Comisión Ejecutiva. Con estas seis razones, la APIF no solo justifica su ausencia, sino que lanza un mensaje político y profesional de calado: la legitimidad del actual Fiscal General del Estado está profundamente cuestionada y no puede liderar una reforma de calado sin diálogo ni credibilidad.
La fractura interna en la carrera fiscal se agrava en un momento especialmente sensible, marcado por una reforma estructural y una crisis de confianza en la cúpula del Ministerio Público.
Las seis razones son estas:
1. Falta de idoneidad en el nombramiento de García Ortiz
La primera razón expuesta por la APIF se remonta al momento de la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Tras su congreso de noviembre de 2023, la asociación concluyó que no debía ser reelegido, especialmente tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló varios de sus nombramientos por desviación de poder.
Pese a ello, el Gobierno lo nombró por segunda vez sin motivación suficiente y en contra del informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La APIF recurrió este nombramiento ante la Sala Tercera del Supremo, aunque su recurso fue desestimado. Una decisión que, según afirman, respetan pero no comparten.
2. Está imputado por delitos graves ante el Tribunal Supremo
La segunda razón tiene un peso procesal y ético incuestionable. El fiscal general está siendo investigado por el Tribunal Supremo como presunto autor de revelación de secretos y prevaricación, delitos que habrían sido cometidos en el ejercicio de su cargo.
Ante esta situación, la APIF solicitó su dimisión, al considerar incompatible ostentar la máxima representación del Ministerio Fiscal y, al mismo tiempo, tener la condición de imputado. Al no producirse dicha dimisión, la asociación se ha personado como acusación particular en el procedimiento penal abierto contra él.
3. Una contradicción jurídica insostenible si se abre juicio oral
La tercera razón apunta a una posible paradoja legal. Si el Tribunal Supremo acuerda la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado y contra la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, García Ortiz estaría obligado, conforme al artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal, a suspender provisionalmente a Rodríguez.
Sin embargo, él mismo seguiría en el cargo, pese a encontrarse en la misma situación. Para evitar esta incoherencia, la APIF propone reformar el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, incluyendo como causa de cese la condición de investigado en el Supremo.
4. El FGE no tiene autoridad para presidir una reunión con la APIF
La cuarta razón es de carácter institucional y simbólico: García Ortiz podrá ostentar formalmente el cargo, pero ha perdido toda legitimidad para presidir una reunión con esta asociación, debido a los hechos descritos anteriormente.
Para la APIF, no es posible dialogar con quien ha erosionado la confianza profesional y que, además, está siendo investigado penalmente.
5. La reforma del Estatuto se ha hecho sin diálogo con la APIF
En quinto lugar, la APIF reprocha que ni el fiscal general del Estado ni el Ministerio de Justicia hayan contado con ellos a la hora de elaborar el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo.
Consideran que se ha actuado a sus espaldas, sin consultarles ni pedir opinión alguna. Para la asociación, la convocatoria a una reunión posterior, sin ni siquiera indicar los temas a tratar, solo confirma que no hay una voluntad real de diálogo.
6. Su asistencia podría interpretarse como una legitimación del FGE
Por último, la APIF advierte que asistir a esta reunión podría ser interpretado como un acto de normalización o blanqueo de la situación anómala que atraviesa el Ministerio Fiscal.
Recuerdan que han recurrido el nombramiento del actual fiscal general del Estado y están personados como acusación particular contra él.
En estas condiciones, su presencia en una mesa de trabajo sería incomprendida tanto por sus asociados como por la carrera fiscal en general.
Un nombramiento impugnado y una causa penal abierta
Para la APIF, el actual Fiscal General no reúne los requisitos de idoneidad necesarios para el cargo. Recuerdan que tras su congreso de noviembre de 2023 solicitaron al Gobierno que no lo renovara, especialmente después de que el Tribunal Supremo anulara varios nombramientos realizados por él y lo condenara por desviación de poder.
Aun así, el Ejecutivo lo designó por segunda vez, sin atender al informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial ni a las advertencias de esta asociación, que recurrió sin éxito el nombramiento ante el Supremo.
A este cuestionamiento institucional se suma un hecho especialmente grave: García Ortiz está siendo investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de revelación de secretos y prevaricación.
La causa se encuentra en una fase muy avanzada, cercana a la apertura de juicio oral. La APIF, que ha solicitado su dimisión, se ha personado incluso como acusación particular en este procedimiento.
“Una contradicción intolerable” en caso de apertura de juicio oral
La asociación alerta de una paradoja jurídica que podría producirse en breve: si el Supremo abre juicio oral contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid, él debería ordenar su suspensión, como exige el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal, mientras él mismo seguiría al frente de la Fiscalía pese a estar en la misma situación procesal.
Esta “contradicción grave”, según la APIF, solo podría resolverse reformando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que la condición de investigado ante el Supremo implique también la suspensión o cese del Fiscal General.
Rechazo a una reforma hecha a espaldas de la carrera fiscal
Otra de las razones que lleva a la APIF a no asistir es el reciente anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo. Según denuncian, no han sido consultados en ningún momento ni por el Ministerio de Justicia ni por el Fiscal General. La convocatoria a una reunión posterior, sin detallar siquiera los puntos a tratar, no se considera más que un intento de simular un diálogo inexistente.
“No participaremos en un blanqueo de la actual situación”
La APIF concluye que su asistencia a la reunión no sería entendida ni por sus asociados ni por la carrera fiscal en general, dado que ellos mismos han impugnado el nombramiento del FGE y están personados contra él en una causa penal. Participar en una reunión de trabajo supondría, en su opinión, “blanquear” una situación institucional “anómala” que está afectando a la credibilidad del Ministerio Fiscal.
La decisión, firmada por la Comisión Ejecutiva de la APIF el 16 de mayo, refleja el profundo malestar de una parte importante de la carrera fiscal con el actual liderazgo de la Fiscalía General del Estado y con el modo en que se están tramitando reformas clave sin un verdadero consenso interno.
