El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que apartar a un juez de sus casos sin criterios objetivos ni justificación clara vulnera la independencia judicial y puede encubrir una sanción disciplinaria.
La sentencia, que responde a un polémico caso en Polonia, advierte que estas decisiones comprometen la imparcialidad del sistema judicial.
El Tribunal de Luxemburgo establece con claridad que si un órgano jurisdiccional nacional verifica que el apartamiento de un juez ha vulnerado el Derecho de la Unión debe anular las consecuencias ilícitas, permitiendo que el juez afectado continúe conociendo los asuntos de los que fue apartado.
Con esta decisión el TJUE refuerza la protección de los jueces frente a medidas que puedan menoscabar su independencia, recordando que la imparcialidad judicial es un pilar esencial del Estado de derecho.
Y envía un mensaje alto y claro: las injerencias políticas o administrativas en el poder judicial no serán toleradas dentro del marco normativo europeo.
EL CASO
El caso se originó en Polonia, cuando la sala de gobierno del Tribunal Regional de Slupsk decidió apartar a una jueza de 70 asuntos (aproximadamente) en los que era ponente, sin notificarle motivadamente su decisión ni permitirle acceso a su contenido.
La jueza, quien había cuestionado la regularidad del nombramiento de otro magistrado y anulado una sentencia de primera instancia por no ajustarse al Derecho de la UE, interpretó su apartamiento como una represalia.
La sentencia del TJUE (asuntos acumulados C-647/21 (D.K.) y C-648/21 (M.C. y M.F.), subraya que la independencia judicial exige que los jueces estén protegidos frente a injerencias indebidas, incluyendo las que puedan surgir dentro del propio tribunal.
CONTEXTO DEL FALLO
Este pronunciamiento se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Polonia, donde las reformas judiciales han sido objeto de críticas por parte de la Comisión Europea y diversas organizaciones internacionales.
En particular, el TJUE ha señalado en múltiples ocasiones la necesidad de garantizar que los jueces sean nombrados y destituidos sin interferencias políticas, en cumplimiento del artículo 19 del Tratado de la UE, que protege la tutela judicial efectiva.
