La Fiscalía solicita para Santiago Fuentes Jover una pena de 29 años y 9 meses de prisión, además de una multa de 540.000 euros, por estafa agravada en su modalidad de delito masa, organización criminal y falsificación documental. Foto: Confilegal.
La Audiencia Nacional enfila el enjuiciamiento de otra causa de estafa piramidal con criptomonedas: la de Arbistar
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09/3/2025 13:05
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Actualizado: 09/3/2025 13:05
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La primera vez que la justicia española enjuició una estafa piramidal fue en 1877. Fue el caso de Baldomera Larra, la hija de «Fígaro», el apodo con el que firmaba el conocido periodista romántico Mariano José de Larra, que se quitó la vida de un tiro en la sien 50 años antes. Daba hasta un 30 % de interés mensual.
No es una cosa nueva. Charles Dickens describe este sistema en su novela «Little Dorrit», publicada en 1857. En los años 20 del pasado siglo, Carlo Ponzi lo aplicó con gran éxito en Estados Unidos, por lo que recibió el nombre de «esquema Ponzi».
No por ser conocido, este sistema cayó en desuso. Bernie Madoff fue detenido en 2008 por defraudar un total de 58.650 millones de euros y condenado, un año más tarde, a 150 años de prisión por haber estafado a miles de personas durante más de dos décadas.
El advenimiento de las nuevas tecnologías ha supuesto una renovación de las estafas piramidales. Y a la Audiencia Nacional le está correspondiendo enjuiciar todas y cada una de ellas ya que los damnificados suelen proceder de dos o más provincias españolas y las cantidades suelen ser estratosféricas.
El último caso es el de la supuesta estafa piramidal de Arbistar, una trama encabezada por Santiago Fuentes Jover, que habría defraudado 92 millones de euros a más de 6.000 inversores a través de una plataforma de criptomonedas y cuyo juicio comienza mañana.
Según el escrito de acusación, la Fiscalía solicita para Santiago Fuentes Jover una pena de 29 años y 9 meses de prisión, además de una multa de 540.000 euros, por estafa agravada en su modalidad de delito masa, organización criminal y falsificación documental.
Asimismo, reclama que todos los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los perjudicados por el daño económico causado.
Una estafa disfrazada de arbitraje de criptomonedas
De acuerdo con la investigación, los acusados diseñaron un plan fraudulento basado en un falso sistema de arbitraje de criptomonedas, en el que los fondos captados de nuevos inversores servían para pagar los rendimientos prometidos a los anteriores, sin realizar operaciones reales de compraventa.
La estructura fraudulenta se basaba en la captación masiva de clientes a través de promesas de rentabilidades extraordinarias, de entre un 8 % y un 15 % mensual, asegurando que los beneficios se generaban mediante herramientas automatizadas en mercados como Binance y Kraken.
Para mantener el flujo de dinero, la trama utilizó estrategias como el «Plan Amigo», que ofrecía compensaciones en criptomonedas a quienes atrajeran nuevos inversores. Esta táctica incentivó la expansión del fraude, generando una falsa sensación de seguridad y fiabilidad entre las víctimas.
El mismo mecanismo que aplicaba Baldomera Larra en el siglo XIX o Bernie Madoff a comienzos del siglo XXI.
El fraude salió a la luz en agosto de 2020, cuando varios inversores intentaron retirar sus fondos sin éxito.
Un mes después, Arbistar anunció el bloqueo de los fondos y el cierre del Community Bot, alegando un fallo informático que, supuestamente, había generado de forma automática más intereses de los realmente obtenidos, provocando un «descubrimiento contable irreversible».
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que este argumento fue un pretexto para encubrir la caída del esquema piramidal. Asegura que Fuentes Jover y sus socios diseñaron el fraude con la intención deliberada de no cumplir sus compromisos contractuales desde el inicio.
El Ministerio Público concluye que nunca existió una actividad real de inversión en criptomonedas. En su lugar, los acusados emplearon el dinero captado para pagar intereses ficticios, prolongando artificialmente la estructura hasta su colapso.
El juicio se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y durará 14 sesiones, con previsión de quedar visto para sentencia el 11 de abril.
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