El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la reforma del Reglamento del Senado que el Partido Popular (PP) aprobó en noviembre de 2023 con el apoyo de Vox y UPN. La norma permitía a la Cámara Alta dilatar la tramitación de leyes urgentes, como la de amnistía.
Con esta decisión, el TC estima el recurso presentado por el PSOE.
El fallo se basa en la ponencia del magistrado Juan Carlos Campo, respaldada los por siete jueces de la mayoría progresista y el conservador César Tolosa. En contra votaron Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, quienes han anunciado voto particular.
La reforma otorgaba a la Mesa del Senado la facultad de decidir de manera autónoma sobre la tramitación urgente de las proposiciones de ley, incluso si el Congreso ya las había declarado urgentes.
También introducía una modificación clave en el artículo 182 del Reglamento, que obligaba al presidente del Gobierno y a sus ministros a comparecer en el Senado cuando lo solicitaran dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores.
El PSOE alegó que la reforma vulneraba el artículo 90.3 de la Constitución, que establece que el Senado tiene un plazo máximo de 20 días para tramitar leyes urgentes aprobadas por el Congreso.
También denunció que la modificación se aprobó sin seguir los trámites reglamentarios esenciales, lo que invalidaba el cambio en su totalidad.
El Constitucional ha dado la razón a los socialistas. En su sentencia, concluye que la palabra «proyectos» en la Constitución incluye tanto los proyectos de ley del Gobierno como las proposiciones de ley presentadas por el Parlamento. Interpretarlo de forma restrictiva, como pretendía el PP, significaría excluir al Senado del debate de muchas iniciativas legislativas.
El tribunal también recuerda que el Congreso tiene un papel preeminente en el proceso legislativo, mientras que el Senado actúa como cámara de segunda lectura. La reforma vulneraba este equilibrio.
La maniobra del PP provocó un retraso de dos meses en la tramitación de la amnistía. Finalmente, la ley se publicó en el BOE el 11 de junio.
