Del servicio público al infierno personal: el caso de la secretaria que grabó su calvario en un ayuntamiento burgalés
Detrás de las paredes de este ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada, ayuntamiento burgalés situado a 15 km al sur de la capital, tuvieron lugar los hechos de esta historia. Foto: Wikipedia.

Del servicio público al infierno personal: el caso de la secretaria que grabó su calvario en un ayuntamiento burgalés

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14/3/2025 00:45
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Actualizado: 14/3/2025 02:26
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En el corazón de Modúbar de la Emparedada, un pueblo de 769 habitantes de la provincia de Burgos donde el tiempo parece haberse quedado atascado en algún punto entre la Edad Media y nuestra época, se libró una batalla que no era de espadas, sino de palabras.

Y no eran palabras cualquieras, sino aquellas que, cuando salen de la boca con rabia, dejan cicatrices más profundas que cualquier corte.

Los protagonistas fueron Elvira S. Puras, funcionaria del Cuerpo de Funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter nacional, que hacía funciones de secretaria de Ayuntamiento. Una funcionaria con un carácter tan firme como su sentido de la justicia. Consideró que lo que vivió entre mediados de 2017 y 2021 no era simplemente un mal ambiente laboral.

No, para ella aquello era acoso.

Y no cualquier acoso, sino uno sistemático, cruel, diseñado para minar su moral, su dignidad y su salud. Y así, con el tiempo, aquella mujer, que había empezado su trabajo con la ilusión de servir a su comunidad, acabó «saliéndose de madre», como se dice en el lenguaje crudo y directo de la calle.

Las grabaciones que aportó como prueba eran el reflejo de un infierno cotidiano. En ellas se escuchaba al entonces alcalde, Rafael Temiño, un hombre cuya elegancia verbal brillaba por su ausencia, soltar improperios que habrían hecho sonrojar a un marinero.

¿La causa? El celo de la funcionaria por proteger los dineros públicos y no permitir ninguna irregularidad por su parte.

Y no la permitió, pero fue a costa de su salud mental. Porque tuvo que acudir al psicólogo y también al psiquiatra, después.  

INTERCAMBIO DE IMPROPERIOS

«Mentiroso de mierda», le espetaba ella en un arranque de furia contenida. «Puta», «zorra», «me cago en la madre que la parió», le respondía él, con esa falta de tacto que solo los que se creen intocables pueden permitirse.

Pero no eran solo las palabras. Era el tono, el desprecio, la sensación de que cada día era una nueva batalla en la que ella llevaba las de perder.

Y así, poco a poco, aquella mujer, que había empezado con la cabeza alta, fue doblándose bajo el peso de los insultos, las amenazas y las humillaciones.

Para ella, aquello no era simplemente un conflicto laboral. No. Era una guerra en la que su dignidad era el botín.

El alcalde, según ella, no se limitaba a criticar su trabajo. No. Iba más allá. Restringía el uso del teléfono hasta las 12, le cambiaba el espacio de trabajo, la aislaba, la ninguneaba o le encargaba tareas inviables.

Y todo ello, según ella, con un objetivo claro: hacerle la vida imposible hasta que pidiera el traslado. Pero ella no era de las que se doblegaban fácilmente.

No. Ella era de las que responden con la misma moneda, de las que no están dispuestas a ser pisoteadas sin plantar cara.

Y así, entre gritos, insultos y amenazas cruzadas, aquella mujer fue acumulando rabia, frustración y, finalmente, depresión.

Al final, llevaron a la funcionaria a solicitar su traslado y, posteriormente, a interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial.

LO QUE DIJO LA JUSTICIA

La justicia, sin embargo, no estuvo de su lado. Los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Eusebio Revilla Revilla, Alejandro Valentín Sastre y Hugo Jacobo Calzón Mahía, en funciones de apelación, con esa frialdad que solo los togados saben exhibir, dictaminaron que aquello no era acoso.

No, claro que no. Era simplemente «conflictividad laboral», una forma elegante de decir que dos personas incapaces de convivir sin destrozarse mutuamente habían convertido su lugar de trabajo en un campo de batalla. Así lo han dejado dicho en su sentencia número 220/2024.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Burgos había desestimado su solicitud de que se declarara la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado por el acoso laboral sufrido.

Y pidió una indemnización de más de 106.000 euros, argumentando que las acciones del alcalde vulneraron sus derechos fundamentales.

El demandado, el Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada, negó estas acusaciones y defendió que los conflictos surgidos entre la funcionaria y el alcalde no podían calificarse como acoso laboral, sino como tensiones propias de una relación laboral complicada.

«Fue un juicio en el que me juzgaron a mi. Me hicieron pasar por un perito psiquiatra que dijo que yo era una persona normal. El señor juez no me quiso escuchar y se inventó un sistema de amparo del Ministerio a los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional que, sencillamente, no existe», cuenta Elvira S. Puras.

Las grabaciones, realizadas por la propia funcionaria, no dejaban en buen lugar a nadie. Ni al alcalde ni a ella misma según los jueces. Y es que, en Modúbar de la Emparedada, llegó un momento en que las formas fueron lo de menos.

Los magistrados evidenciaron un trato inapropiado por parte del alcalde hacia la funcionaria. Pero consideraron que no eran suficientes para acreditar un hostigamiento y, en consecuencia, hacer responsable, a la Administración por ello. Porque los insultos fueron cruzados entre ambas partes.

Para ella, aquello no fue una simple batalla. Era su vida. Su salud. Su dignidad. Y aunque la justicia no lo viera así, ella sabía la verdad.

Sabía que aquel hombre, con sus palabras afiladas y sus métodos brutales, había conseguido lo que quería: sacarla de quicio, hacerla caer en su propio juego, llevarla al límite.

Y así, aquella mujer, que había empezado con la ilusión de servir a su comunidad, acabó estallando. Afrontando una realidad de la que hasta ese momento no había sido consciente: el desamparo, la desprotección del cuerpo al que pertenece.  

Después de aquello, la funcionaria tuvo que dejar su tierra –ella es burgalesa–, y poner kilómetros de por medio. A otro destino donde poder hallar paz y serenidad, sin poder olvidar aquello que vivió que, a veces, le vuelve a la cabeza sin poder impedirlo. Como un mal sueño. Una pesadilla.

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