La Fiscalía Provincial de Madrid y la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, han recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada en la causa que dirige contra la esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios para investigar también un presunto delito de malversación en la contratación de Álvarez.
Ambas partes cuestionan la idoneidad de la medida adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, que acordó citar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que declare en dicha pieza separada el 16 de abril.
La Fiscalía ha presentado ante el propio instructor un recurso de reforma , mientras que la defensa de Álvarez ha interpuesto directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso de apelación contra el auto dictado el pasado 10 de marzo.
El Ministerio Público ha incidido en que no puede valorar la «utilidad, necesidad y pertinencia» de la eventual declaración de Bolaños porque en su resolución el juez «nada ha exteriorizado ni justificado siquiera sea superficial o mínimamente».
«No deja de ser chocante el hecho de acordar la testifical de un ministro del Reino de España en estas condiciones. ¿Debemos suponer que se refiere a hechos acaecidos en el periodo en el que ostentó el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno en el periodo comprendido entre junio de 2018 a julio de 2021 de nuevo en un ejercicio de intuición?», ha apuntado.
La defensa de la asesora de Begoña Gómez no ve malversación
Por su parte, la defensa de Álvarez ha incidido en su recurso en que no hay indicios de malversación que investigar en lo relativo a su contratación como asesora de Begoña Gómez en Moncloa. «No existen indicios de irregularidad ninguna en el nombramiento de mi patrocinada. Su nombramiento se ajustó a la más estricta legalidad, y sus emolumentos son los propios de sus funciones», ha manifestado.
En este sentido, ha subrayado que se trata de «un nombramiento de personal eventual, esto es, de libre designación o ‘de confianza’, que desempeña tareas de ‘colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del Presidente del Gobierno'».
Sobre este extremo, el abogado José María de Pablo ha insistido en que «no es muy difícil de entender que la esposa de un Presidente del Gobierno, aunque no tenga la condición de autoridad, precisa de una asistencia específica, especialmente por motivos de agenda, protocolo y seguridad».
A su vez, ha defendido que hablar de «malversación» por el hecho de que Álvarez, además de las labores propias de su cargo, haya podido remitir (dicho sea a los meros efectos especulativos) en alguna ocasión contada, como favor personal, algún correo relacionado con la actividad profesional de la esposa del Presidente, es penalmente intrascendente».
Así las cosas, ha reiterado que «no existe ningún indicio serio de delito de malversación en el nombramiento» de Álvarez que justifique la nueva línea de investigación emprendida por el juez Peinado.
Con todo, el abogado de Álvarez ha calificado de «caótica» la investigación por «venir modificando, sin orden ni concierto, el objeto de la instrucción».
