En un comunicado extraño en estos días, en los que cada asociación va por un camino diferente, las cuatro se han vuelto a unir para pedir al CGPJ que ejerza su papel en el proceso de implantación de los tribunales de instancia y que escuche sus opiniones, porque son los que mejor conocen la justicia por dentro. En la foto, María Jesús del Barco, APM, Sergio Oliva, AJFV, Edmundo Rodríguez Achútegui, JJpD, y Fernando Portillo, FJI. Fotos: Confilegal y EP.
Las 4 asociaciones de jueces instan al CGPJ a que asuma su papel en la implantación de los tribunales de instancia
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19/3/2025 20:05
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Actualizado: 19/3/2025 20:05
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Las cuatro asociaciones judiciales —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)— han remitido una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en la que instan al órgano de gobierno de los jueces a asumir el «papel protagonista que le corresponde en la implantación de los tribunales de instancia, en todo lo que afecta a la carrera judicial».
La creación de estos tribunales está prevista en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, como un nuevo modelo organizativo para gestionar los recursos personales de los juzgados unipersonales.
La iniciativa, impulsada exclusivamente por el Ministerio de Justicia –»autor exclusivo del proyecto»– prevé que los primeros tribunales de instancia entren en funcionamiento el 1 de julio en determinados partidos judiciales de Castilla y León, Extremadura y Murcia, extendiéndose progresivamente al resto del territorio bajo la competencia del Ministerio.
En la misiva, las asociaciones judiciales enfatizan la importancia de que el CGPJ escuche su opinión en este proceso, dado que tienen la responsabilidad de velar por los derechos y condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial.
El comunicado concluye con la exigencia de un diálogo fluido entre el CGPJ y las asociaciones para garantizar que la implantación de los tribunales de instancia se realice con las garantías necesarias para la judicatura y el buen funcionamiento de la Justicia.
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