Medio año. Ese es el tiempo que ha bastado para que la mayor reorganización judicial en décadas empiece a mostrar sus costuras.
Y este miércoles, los tres Consejos Generales que representan a quienes pisan los juzgados cada mañana —abogados, procuradores y graduados sociales— se plantaron ante el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, con un mensaje que no admite matices: así no.
Salvador González, por el Consejo General de la Abogacía Española; Alberto García Barrenechea, por el Consejo General de Procuradores de España; y Joaquín Merchán, por el Consejo General de los Graduados Sociales. Tres firmas, una misma queja. La implantación de los Tribunales de Instancia que diseñó la Ley Orgánica 1/2025 está haciendo aguas en demasiados puntos del mapa, y el instrumento que la propia norma previó para detectar y corregir esos fallos —la Comisión Mixta de Calidad— todavía no existe.
Ahí está, quizá, la paradoja más incómoda de toda esta historia: el legislador anticipó que algo podía torcerse y dejó escrito el remedio. El remedio, seis meses después, sigue sin constituirse
El cambio que lo movió todo
Conviene recordar la dimensión de lo que está en juego. La LO 1/2025 no fue un retoque cosmético. Borró del mapa cerca de 3.900 juzgados unipersonales y los sustituyó por 431 Tribunales de Instancia, desplegados a lo largo de 2025 por fases.
En paralelo, desde abril de ese año, los llamados MASC, Medios Adecuados de Solución de Controversias, se convirtieron en requisito previo para litigar en buena parte de los procedimientos.
Una transformación de ese calibre no se digiere en un semestre. Y la Abogacía lo sabe. Pero una cosa es la curva de aprendizaje y otra, bien distinta, es operar sin los medios que la reforma prometió.
Lo que dice el informe
Las quejas no flotan en el aire. González llegó a la reunión con un informe bajo el brazo, elaborado por el CGAE a partir de lo que han ido reportando los Consejos Autonómicos y los Colegios de todo el país. Hay mejoras, sí. Pero también incidencias que pesan.
Tres focos de preocupación destacan sobre el resto. Primero, la disparidad de criterios en cómo se aplican los MASC, un baile de interpretaciones que siembra inseguridad jurídica. Segundo, las dificultades —graves, según el texto— para comunicarse con los órganos judiciales. Y tercero, los retrasos en la ejecución de resoluciones, ese momento en que la sentencia debería traducirse en realidad y se queda atascada en un cajón.
«La constitución inmediata de la Comisión de Calidad prevista en la ley no puede demorarse más, porque es el instrumento previsto en la ley para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones», insistió González.
El subrayado es suyo: lo que pide está en la ley. No es una ocurrencia gremial.
“Para la Procura, la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad es igualmente inaplazable. Es el mecanismo previsto por la Ley para evaluar el funcionamiento real de los Tribunales de Instancia, detectar incidencias y corregir las disfunciones que ya estamos observando en todo el territorio», afirmó García Barrenechea.
«Los procuradores estamos comprometidos con una Justicia más ágil y eficiente, y seguiremos colaborando con el Ministerio y con el resto de operadores jurídicos para que la reforma cumpla los objetivos para los que fue diseñada. Pero es imprescindible actuar con urgencia ante los problemas que están afectando al día a día de miles de profesionales y, en consecuencia, a los ciudadanos”, añadió.
Una factura sin medios para pagarla
El diagnóstico de fondo cabe en una frase: el modelo nuevo no tiene los recursos que el modelo nuevo necesita. «Abogacía siempre ha respaldado las reformas que mejoran el funcionamiento de la Justicia», recordó su presidente, antes de añadir la condición que tantas veces se olvida: «una transformación de esta magnitud debe ir acompañada de medios suficientes, planificación, coordinación y una evaluación permanente».
Y un apunte que conviene no perder de vista, porque desplaza el foco de lo corporativo a lo ciudadano: «Mejorar las condiciones en las que ejercen implica también garantizar una mejor tutela judicial para la ciudadanía».
Traducido: cuando el abogado no puede hablar con el juzgado, el perjudicado no es solo el abogado.
La hoja de ruta
La Abogacía no se limitó a señalar el problema. Puso encima de la mesa propuestas concretas, algunas suyas y otras compartidas con los otros dos Consejos.
En materia de organización, exige que cualquier reorganización futura venga precedida de planes de formación del personal y se ordene por criterios de especialización técnica.
Reclama unificar criterios y prácticas procesales para frenar esa dispersión que erosiona la seguridad jurídica. Y pide, sin rodeos, que se cubran las plazas judiciales anunciadas y el resto de plantillas.
Hay además una petición que toca al ladrillo: un plan para reducir la dispersión de sedes y adaptar de una vez las instalaciones al nuevo modelo.
n lo digital, sistemas estables e interoperables en todos los territorios, un expediente accesible en igualdad de condiciones para todas las partes, y salas que funcionen de verdad.
Capítulo aparte para los MASC. Aquí la Abogacía afina: pide revisar el requisito de procedibilidad para acreditar el intento de acuerdo, aprobar un módulo retributivo específico para el letrado de oficio, garantizar el pago puntual de todas las actuaciones del turno —también las que deriven de estos mecanismos— y, sobre todo, evitar que los costes del MASC acaben cayendo sobre quienes tienen derecho a justicia gratuita. Que la solución amistosa no se convierta, por la puerta de atrás, en un peaje para el más vulnerable.
Qué pasa ahora
Olmedo escuchó. Y, según el relato de la reunión, mostró voluntad de abordar los problemas y de tejer un diálogo más intenso con los Consejos profesionales. Las palabras, por ahora, apuntan en la buena dirección.
Pero las palabras tienen una cita marcada en el calendario: el próximo 29 de julio vuelven a verse las caras. Será entonces cuando se sepa si el compromiso era voluntad real o cortesía institucional.
Y, sobre todo, si la Comisión de Calidad —ese órgano que la ley ordenó y que nadie ha puesto en pie— deja por fin de ser un artículo sobre el papel para convertirse en lo que debía haber sido desde el principio: el sitio donde los problemas se detectan antes de cronificarse.
Seis meses ha aguantado el sistema sin ese mecanismo. La pregunta es cuántos más puede aguantar.
