La orden ejecutiva también critica a Jenner & Block por "abusar de su práctica pro bono para participar en actividades que socavan la justicia y los intereses de Estados Unidos", haciendo referencia a casos que desafiaron las posiciones de la administración en temas de inmigración y cuestiones transgénero.
Trump amplía su guerra contra la industria legal con una orden ejecutiva dirigida contra el despacho Jenner & Block
La Casa Blanca acusa al despacho de abogados de "abandonar los ideales más altos de la profesión" y haber "tolerado una 'guerra jurídica' partidista".
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27/3/2025 05:35
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Actualizado: 27/3/2025 09:40
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El presidente Donald Trump continúa su campaña contra la industria legal estadounidense y este martes firmaba una orden ejecutiva que apunta directamente a Jenner & Block, un despacho de abogados vinculado en el pasado a Andrew Weissmann, ex fiscal que participó en la investigación sobre la presunta complicidad entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016.
En este sentido, la Casa Blanca ha acusado a Jenner & Block de «abandonar los ideales más altos de la profesión» y de haber «tolerado una ‘guerra jurídica’ partidista».
Weissmann, ex socio de Jenner & Block y desempeñó un papel crucial como alto funcionario del Departamento de Justicia y del FBI, colaboró con el entonces fiscal especial Robert Mueller en la investigación federal sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales.
Una investigación que no encontró pruebas de la citada complicidad. Según la orden, el trabajo de Weissmann en esta investigación fue «una persecución partidista totalmente injustificada», lo que, según la Administración Trump, pone en tela de juicio tanto su imparcialidad como la de otros que participaron en dicho proceso.
Acusa al despacho Jenner & Block de abusar del pro bono
La orden ejecutiva también critica a Jenner & Block por «abusar de su práctica pro bono para participar en actividades que socavan la justicia y los intereses de Estados Unidos», haciendo referencia a casos que desafiaron las posiciones de la administración en temas de inmigración y cuestiones transgénero.
“Jenner participa en representaciones partidistas obvias para lograr fines políticos, apoya ataques contra mujeres y niños basados en la negativa a aceptar la realidad biológica del sexo, y respalda la obstrucción de esfuerzos para prevenir que los extranjeros ilegales cometan crímenes horrendos y trafiquen drogas mortales dentro de nuestras fronteras”, se puede leer en la citada orden.
En respuesta a la orden, un portavoz de Jenner & Block declaró: «Seguimos centrados en servir y proteger los intereses de nuestros clientes con la dedicación, integridad y experiencia que ha definido a nuestro despacho durante más de 100 años y perseguiremos todos los remedios apropiados».
La firma también representa a tres organizaciones sin fines de lucro de inmigración que demandaron a miembros del Departamento de Seguridad Nacional sobre una orden de Trump que prohibía a los inmigrantes permanecer en EE. UU. mientras persiguen reclamaciones de asilo.
La medida forma parte de una serie de acciones similares contra importantes despachos de abogados. En pasados decretos, la administración Trump ha pedido a las agencias federales que suspendan las autorizaciones de seguridad y revisen o terminen los contratos gubernamentales con los despachos o entidades que hagan negocios con ellos.
Preocupación en el sector legal
Este enfoque agresivo ha generado preocupación en el sector legal del país, mientras los despachos se apresuran a desarrollar planes de contingencia ante la posibilidad de ser los siguientes en ser señalados por la Casa Blanca.
Un destacado asesor y donante de Trump, Elon Musk, mencionó en una publicación en X a Skadden Arps de Nueva York el domingo pasado, lo que ha levantado especulaciones sobre posibles futuras acciones.
En medio de un ambiente de creciente tensión en el sector legal de Estados Unidos, el despacho Paul Weiss ha dado un paso al frente al ser el primero en negociar un acuerdo directo con la Administración Trump, tras ser mencionado en una contundente orden ejecutiva.
Este acuerdo, negociado por Brad Karp, presidente del despacho, establece la provisión de servicios legales pro bono valorados en 40 millones de dólares. Estos servicios serán destinados a apoyar causas promovidas por la administración, como son la lucha contra el antisemitismo y el apoyo a veteranos.
La orden ejecutiva en cuestión había puesto en jaque a varios grandes despachos de abogados, señalándolos por prácticas que, según el gobierno, socavaban la justicia y los intereses de Estados Unidos.
La ofensiva de Trump no solo se limita a las firmas legales, sino que también ha incluido ataques a fiscales de la «era Biden», jueces que han fallado contra el gobierno y otros abogados que han investigado al presidente.
Durante un discurso en el Departamento de Justicia, Trump calificó a sus adversarios legales de «viciosos», intensificando sus ataques contra la industria.
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