El presidente Donald Trump lanza una ofensiva contra abogados y bufetes acusados de abusar del sistema judicial con fines políticos o ideológicos, en un memorando que ordena sanciones, revisiones de seguridad y posibles expulsiones del ámbito público. Foto: Grok.
La Casa Blanca lanza una ofensiva sin precedentes contra abogados “sin escrúpulos” que litigan contra el Gobierno federal
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24/3/2025 05:40
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Actualizado: 24/3/2025 00:39
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En un giro que amenaza con sacudir los cimientos de la abogacía estadounidense, la Casa Blanca ha ordenado a la fiscal general, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que actúen con contundencia contra los abogados y firmas que, según el Ejecutivo, abusan del sistema judicial para promover causas frívolas, partidistas o fraudulentas.
El memorando presidencial, titulado “Preventing Abuses of the Legal System and the Federal Court” (Prevención de abusos del sistema legal y del tribunal federal), denuncia una creciente “oleada de mala praxis legal” que, en palabras del documento, pone en peligro la seguridad nacional, socava la integridad electoral y sobrecarga a las instituciones federales.
Desde el uso de “dossiers falsos” para influir en elecciones hasta la presentación de solicitudes de asilo “fabricadas” por poderosos despachos pro bono, el texto señala con nombres propios —como el del abogado Marc Elias, fundador de Elias Law Group LLP y exasesor legal de Hillary Clinton— a quienes considera responsables de pervertir el Estado de Derecho con fines políticos o ideológicos.
Objetivo: silenciar la litigación ideológica y frívola
La Casa Blanca ordena a la fiscal general que utilice todas las herramientas legales disponibles para solicitar sanciones contra abogados y bufetes que promuevan litigios “frívolos, irrazonables y vejatorios” contra el Gobierno federal, tanto en tribunales como ante agencias ejecutivas.
Además, exige que se revisen casos de los últimos ocho años y se evalúe si los implicados deben perder sus autorizaciones de seguridad, ser excluidos de contratos públicos o enfrentarse a acciones disciplinarias ante sus respectivos colegios profesionales.
La instrucción también incide en que los socios de los bufetes pueden ser considerados responsables del comportamiento de abogados junior bajo su supervisión. Una advertencia directa a las grandes firmas que lideran causas pro bono contra políticas migratorias o electorales del Gobierno.
El foco migratorio: asilo, fraude y delitos
Especialmente dura es la crítica al papel de los abogados en el sistema migratorio, al que el documento acusa de estar “inundado” de fraudes y reclamaciones sin mérito, promovidas por juristas que, según el texto, instruyen a los solicitantes de asilo para mentir u ocultar información con el fin de obtener estatus migratorios indebidos.
La Casa Blanca vincula directamente estas prácticas con una supuesta “crisis de inmigración ilegal” que, dice, ha desembocado en “crímenes atroces” cometidos por inmigrantes en situación irregular.
Menciona específicamente los casos de Laken Riley, Jocelyn Nungaray y Rachel Morin, víctimas de asesinatos atribuidos a extranjeros con antecedentes penales.
Fundamento legal: las reglas ya existen
El memorando recuerda que ya existen normas claras para sancionar a los abogados que incurren en estas conductas. La Regla 11 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil prohíbe presentar demandas con fines improcedentes, como el acoso o el encarecimiento innecesario de litigios.
Y la Regla 3.1 del Código Modelo de Conducta Profesional impide a los abogados defender causas sin fundamento jurídico o fáctico.
Lo novedoso no es la normativa, sino la instrucción de activarla con firmeza y hacerla extensiva incluso a medidas extrajudiciales, como revisar las credenciales de seguridad o romper vínculos contractuales con los despachos señalados.
Una visión de “orden legal” y advertencia al gremio
“La abogacía tiene un gran poder, pero también una gran obligación: servir al Estado de Derecho, la justicia y el orden”, señala el memorando, que concluye ordenando a la fiscal general y al consejero jurídico del Presidente, Stanley Woodward Jr., que informen periódicamente sobre los progresos de los despachos en este sentido.
Este movimiento se interpreta como un aviso directo al mundo legal, en especial a aquellos bufetes que actúan en causas públicas, derechos civiles, inmigración o integridad electoral: a partir de ahora, cualquier acción sin base jurídica sólida podrá tener consecuencias mucho más allá del tribunal.
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