Los presidentes de las Audiencias Provinciales de toda España han mostrado su respaldo explícito a la profunda transformación que va a experimentar el modelo organizativo del Poder Judicial con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Así lo han recogido en las conclusiones definitivas de las XXIII Jornadas celebradas en Las Palmas de Gran Canaria en marzo de 2025, donde se abordaron los efectos de la reforma organizativa de la Justicia, los desafíos en violencia de género, el estatuto del presidente y aspectos clave en materia penal, civil y organizativa.
Los asistentes valoran como “positiva” la instauración de los Tribunales de Instancia, una medida supone “una transformación de la organización judicial que se va a inspirar en principios comúnmente aceptados en los países de nuestro entorno”, como “la especialización, la flexibilidad organizativa, la movilización de efectivos, la homogeneización de las prácticas judiciales, la unificación de criterios, la reducción de la carga de trabajo y la modernización de la justicia”
Reconocen que esta reorganización puede suponer una mejora sustancial del sistema, siempre que venga acompañada de los recursos necesarios.
Petición de liderazgo al CGPJ y dotación suficiente
Al CGPJ le atribuyen un papel esencial en la ejecución de esta reforma y le instan a asumir “el necesario protagonismo y liderazgo”, recabando información tanto del Ministerio de Justicia como de las comunidades autónomas y “proponiendo las medidas que se estimen oportunas para lograr la máxima eficacia de la reforma”.
También consideran “absolutamente necesario” que se definan con precisión las relaciones de puestos de trabajo que integrarán los servicios comunes, y que se incorpore un “servicio de apoyo gubernativo a la Presidencia de la Audiencia Provincial integrado por funcionarios de libre designación”.
Violencia de género: reforzar medios y evitar la revictimización
En materia de violencia de género, los presidentes han sido tajantes: “Es necesario un estudio pormenorizado del volumen y penosidad de estos delitos, así como dotar de plazas judiciales y demás medios personales necesarios”, para evitar la dilación de los procedimientos y la revictimización.
Apoyan de forma expresa a los jueces de violencia sobre la mujer: “Compartimos expresamente las preocupaciones que han manifestado los/las jueces/zas de violencia y, en especial, la petición de que se valore su carga de trabajo desde un punto de vista cualitativo».
Y abogan por una comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer, lo que permitirá un sistema de guardias mejor organizado y una atención más rápida y sin revictimización a las denunciantes.
Piden también “la implementación de medios tecnológicos que garanticen la comunicación por videoconferencia”, la ampliación urgente del personal técnico del centro Cometa ante las dilaciones en la colocación de dispositivos de control, y alertan sobre la saturación de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), que requiere “la ampliación de las dotaciones de profesionales forenses y psicólogos con formación en violencia de género”.
Proponen, además, la creación de un observatorio específico de violencia de género en el medio rural, y protocolos para víctimas especialmente vulnerables por edad o discapacidad.
Los presidentes de Audiencias Provinciales apuestan por una reorganización más eficiente del orden penal: “Ya no se trata de crear estructuras judiciales completas, sino plazas de jueces y magistrados, con un coste considerablemente menor”, e insisten en que debe valorarse la carga de trabajo “desde un punto de vista cualitativo”, especialmente en los órganos especializados en violencia sexual.
Cultura del acuerdo, confidencialidad y sanción al fraude
En lo civil, los presidentes de Audiencias Provinciales apuestan por fortalecer la cultura de la negociación previa en procesos de familia: “La actividad negociadora previa como requisito de procedibilidad es exigible” en estos casos.
Además, subrayan que el intento de comunicación de buena fe “debe ser suficiente para tener por cumplido el requisito”.
Proponen también sanciones cuando se detecte abuso del proceso, como demandas presentadas con datos falsos para evitar negociar, y defienden que la confidencialidad de las negociaciones sea compatible con el deber de acreditar el fracaso del intento de acuerdo.
De la misma manera, piden que se habiliten fondos públicos para sufragar la intervención de terceros neutrales (mediadores) en procesos extrajudiciales, tal como contempla la LO 1/2025. Y apoyan que se compense con incentivos fiscales a quienes resuelvan sus conflictos por acuerdo y por la equiparación de honorarios entre quienes negocian y quienes litigan.
Advierten sobre la previsible sobrecarga de juzgados de paz y de primera instancia, y reclaman medidas de refuerzo adecuadas para hacer frente a este impacto.
Necesario delimitar los límites del teletrabajo
Los presidentes también han pedido mayor claridad sobre los límites al teletrabajo en la Justicia, especialmente en secciones penales, donde consideran que debe restringirse.
Y la activación de la Comisión para la Calidad del Servicio Público de la Justicia, que puede tener ámbito estatal, autonómico o provincial; en el último caso tiene que estar presidida por el presidente de la Audiencia Provincial correspondiente, conforme al artículo 434 ter de la LOPJ.
En este sentido, consideran necesaria una interpretación unificada sobre los criterios de señalamiento de vistas (artículo 182.2 LEC), el papel de las juntas de jueces frente a los protocolos administrativos y una visión más cualitativa del trabajo judicial, especialmente en violencia sexual.
Reforma del estatuto del cargo y gobernanza judicial
En el plano institucional, los presidentes solicitan la reforma del Reglamento 1/2000 de Órganos de Gobierno de los Tribunales, para definir de manera clara y exhaustiva las funciones gubernativas y jurisdiccionales que les corresponden.
Y que el sistema de gestión gubernativa sea interoperable entre Audiencias, Tribunales de Instancia, Tribunales Superiores de Justicia y CGPJ, con seguimiento específico de su desarrollo con el resto de instancias judiciales y se mantenga bajo el control de las juntas de jueces, como órgano esencial del autogobierno judicial.
Al legislador le reclaman que aborde la estructura interna de las Audiencias siguiendo el modelo de los Tribunales de Instancia: “dos únicas secciones, una civil y otra penal”, con subdivisiones en áreas como familia, mercantil, violencia sobre la mujer, menores, vigilancia penitenciaria, etc.
Y advierten sobre la contradicción entre los artículos 437 y 521 de la LOPJ y los modelos organizativos propuestos por el Ministerio, y exigen que las Audiencias Provinciales “cuenten necesariamente con un servicio común de tramitación”.
Además, reclaman que el control de las prácticas procesales “no puede sustraerse al control de las Juntas de Jueces, cuyos acuerdos siempre deben prevalecer”.
