Francisco Baena Bocanegra ha fallecido en Sevilla a los 82 años tras una larga enfermedad. Con casi seis décadas de ejercicio, su legado profesional es difícilmente comparable.
Más de 17.000 causas, muchos de los procesos penales más relevantes de la historia reciente —desde el caso Guerra hasta los ERE— y una marca personal que convirtió lo improbable en posible: lograr absoluciones allí donde todo parecía perdido.
Discreto de cara al gran público, pero imprescindible para comprender el Derecho penal español contemporáneo, defendió a políticos de todo el arco ideológico —PSOE, PP, incluso Fuerza Nueva—, a más de una veintena de jueces, incluido el exmagistrado Baltasar Garzón, y a figuras mediáticas como María José Campanario, Rafael Medina o Jorge Cadaval.
Fue también uno de los letrados que representaron a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio por los ERE, y ejerció la acusación particular en el reciente caso del asalto a la vivienda de María del Monte, donde el principal investigado fue su propio sobrino, Antonio Tejado.
Su estilo en sala era reconocible: oratoria afilada, presencia escénica y una capacidad singular para poner contra las cuerdas a un testigo con un simple “¿sí o no?”, que resonaba en los pasillos de la Audiencia de Sevilla.
Pero detrás del espectáculo había método: “Trabajo, trabajo y más trabajo”, repetía. El estudio del Derecho y de cada causa era la base de su eficacia procesal.
El Tribunal Constitucional confirmó su talento en el caso Ollero, un escándalo de corrupción en Andalucía durante la década de 1990, centrado en el presunto pago de comisiones ilegales para la adjudicación de obras públicas. El TC estimó su recurso y anuló una condena por el presunto cobro de una comisión de 22 millones de pesetas.
Todos los acusados fueron absueltos.
Creía en la Justicia. Sin reservas. “La Justicia no es un cachondeo; si lo fuera, no estaría aquí”, declaró en una entrevista. Defendía con la misma convicción el derecho a la información, y por eso nunca dejó sin respuesta a los periodistas, fueran veteranos o becarios. Siempre los atendía. Siempre con respeto.
En abril de 2024, el Consejo General de la Abogacía Española le concedió la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía.
En 1997 recibió la Cruz de San Raimundo de Peñafort, y en 2007, la medalla de honor del Instituto de Reales Academias de Andalucía.
Fue miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal desde 1984 y cofundador de la Unión Española de Abogados Penalistas (UEAP), donde ocupó un puesto en la Junta Directiva.
Aunque nacido en Málaga, se sentía profundamente vinculado a Sevilla.
