El pulso entre Donald Trump y algunos de los bufetes de abogados más influyentes de Estados Unidos ha alcanzado un nuevo hito esta semana. Milbank, uno de los despachos más prestigiosos de Nueva York, ha alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca por el que se compromete a renunciar a prácticas de contratación basadas en la diversidad y a proporcionar 100 millones de dólares en servicios legales gratuitos en iniciativas “acordadas de forma conjunta” con el Ejecutivo.
Este pacto coloca a Milbank junto a otras firmas —como Willkie Farr & Gallagher, Jenner & Block, Skadden Arps y Paul Weiss— que han optado por evitar enfrentamientos con el presidente estadounidense, actualmente en su segundo mandato, cediendo a sus exigencias. Todas ellas han sido objeto de presión por parte de una administración que acusa a los grandes despachos de tener sesgos ideológicos en su contra y de obstaculizar sus políticas mediante litigios estratégicos.
El precio de evitar una orden ejecutiva
Aunque el acuerdo no menciona explícitamente la amenaza de una orden ejecutiva contra Milbank, una carta enviada a sus empleados por su presidente, Scott Edelman, deja entrever la presión recibida. “La administración expresó preocupación por nuestras iniciativas pro bono y de diversidad. Este acuerdo, creemos, nos permite dejar atrás ese capítulo”, señala.
Edelman fue uno de los firmantes de una carta pública, fechada el 4 de enero de 2021, que instaba al Congreso de EE.UU. a certificar la victoria electoral de Joe Biden sobre Trump. Este hecho, según fuentes del sector, habría situado a Milbank en el radar del presidente.
Fractura en la abogacía estadounidense
Mientras algunos bufetes optan por pactar, otros han decidido plantar cara. Perkins Coie, conocido por haber representado a la excandidata demócrata Hillary Clinton, ha presentado esta semana una demanda ante un tribunal federal en Washington solicitando la anulación de la orden ejecutiva de Trump que sanciona a la firma por sus criterios de contratación y su historial de litigios contra el Gobierno.
La firma alega que la orden supone una “grave amenaza” para la independencia de la abogacía y solicita una suspensión permanente de la misma. Según sus abogados, mantenerla vigente “pondría en riesgo su viabilidad y existencia misma”, y establecería un “peligroso precedente” al permitir al presidente castigar a abogados por la elección de sus clientes.
La Casa Blanca, por su parte, ha pedido al juez que desestime la demanda, calificando las afirmaciones de Perkins Coie de “meras conjeturas y especulaciones”.
Órdenes ejecutivas con efecto punitivo
Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha firmado órdenes ejecutivas contra cinco despachos. Todas las firmas afectadas tienen en común su vinculación con abogados que han participado en desafíos legales a las políticas del presidente.
Perkins Coie, Jenner & Block y WilmerHale han recurrido judicialmente esas órdenes y han logrado que jueces federales suspendan partes clave mientras se resuelven los procesos.
En el caso de Jenner, un magistrado consideró “preocupante” que el despacho pareciera haber sido atacado por representar a inmigrantes y personas trans. Respecto a WilmerHale, otro juez advirtió que la orden provocaría “efectos colaterales severos” sobre el sistema judicial.
Trump, el adversario de los grandes despachos
La estrategia de Trump, cada vez más agresiva, busca desincentivar a los grandes despachos de asumir casos que interfieran en su agenda o que defiendan a sus oponentes políticos.
Algunos despachos, como Covington & Burling, han sido objeto de órdenes ejecutivas más limitadas y aún no han decidido si recurrirán.
Una figura clave en esta batalla legal es Neal Katyal, socio de Milbank y ex procurador general interino bajo la presidencia de Barack Obama. Katyal es un crítico declarado de Trump y representa a una exfuncionaria federal despedida, presuntamente de forma indebida, de una junta que supervisa quejas laborales en el Gobierno. También ha liderado la representación del estado de Hawái contra el primer veto migratorio de Trump.
Sin embargo, Katyal no ha comentado públicamente el acuerdo alcanzado entre su despacho y la administración Trump.
El conflicto actual refleja una tensión sin precedentes entre el poder ejecutivo y una parte significativa de la abogacía estadounidense, poniendo a prueba los límites constitucionales de la independencia profesional y la libertad de expresión.
Mientras algunos optan por defender sus principios en los tribunales, otros prefieren ceder terreno para proteger sus negocios.
La batalla, sin duda, está lejos de terminar.
