La directora general de la Fundación Mutualidad, Blanca Narváez, llama la atención sobre la vulneración de los derechos de las personas mayores, convertidas en presas fáciles para tácticas agresivas y engañosas de ventas tanto en persona como "online". Foto: Mutualidad.
Blanca Narváez, directora general de la Fundación Mutualidad: «Necesitamos una legislación que proteja a las personas mayores»
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08/4/2025 05:40
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Actualizado: 08/4/2025 09:13
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La Fundación Mutualidad, a través de su Escuela de Pensamiento, ha puesto en marcha la tercera edición del curso “Derechos de las Personas Mayores”, una formación orientada a profesionales del Derecho que busca reforzar la protección jurídica de este colectivo, combatir la discriminación por edad y dotar de herramientas prácticas para una defensa eficaz en diferentes ámbitos.
Arranca el 6 de mayo.
Más de 500 abogados han participado en las anteriores convocatorias. Entre el profesorado figuran perfiles de primer nivel como María Rosa Rubio, fiscal decana de la Sección de lo Civil y de Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas; Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid; y Diana Molina, gerente del Hospital Dr. Rodríguez Lafora.
El programa aborda cuestiones clave como el marco legal nacional e internacional de los derechos de las personas mayores, los instrumentos jurídicos supranacionales —como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores—, la capacidad jurídica, la Ley de Igualdad, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También analiza situaciones de especial vulnerabilidad: aislamiento, abandono, violencia y otras formas de maltrato.
Blanca Narváez, directora general de la Fundación Mutualidad, explica en esta entrevista en qué consiste esta tercera edición y avanza una importante novedad: están trabajando en un segundo Tratado del Derecho del Envejecimiento, una obra jurídica colectiva, de carácter doctrinal, que abordó de manera sistemática y transversal las normas, principios y derechos que afectan a las personas mayores en distintas ramas del ordenamiento jurídico.
«Este nuevo Tratado tiene como objetivo complementar al primero, incluyendo temas que se quedaron fuera en la primera edición o novedades que se han producido desde entonces», apunta Blanca Narváez. «El proyecto está financiado por la Dirección General del Ministerio de Derechos Sociales».
Fundación Mutualidad ya ha iniciado los trabajos para elaborar un segundo Tratado del Derecho del Envejecimiento que cubre todas las novedades desde que se hizo público el primero.
¿Qué balance hace de las dos ediciones anteriores del Curso de Derechos de las Personas Mayores y qué novedades presenta esta tercera edición?
El balance de las dos ediciones anteriores es muy positivo. Tuvimos muchísimas personas apuntadas. Fueron 500 en cada edición, de las cuales seleccionamos a 350 según los criterios que establecimos. La verdad es que tanto los alumnos como nosotros estamos extraordinariamente satisfechos con el curso, el nivel de aprobados y, sobre todo, el compromiso que adquieren con las personas mayores a través de las prácticas con Cruz Roja.
Es increíble cómo se implican, incluso nos ayudan a buscar temas para el segundo tratado de derecho del envejecimiento y se ofrecen a dar charlas por toda España.
En cuanto a las novedades de esta tercera edición, le diría que es continuista porque lo que hemos hecho hasta ahora ha funcionado muy bien.
Es verdad que este año el Consejo General de la Abogacía no ha podido colaborar por temas de plazos, pero estamos teniendo muchísimas solicitudes. En solo dos días ya llevamos inscritos 113.
Nos parece muy importante, para esta edición, llegar a todos los rincones de España, ya que sabemos que la formación en estos temas varía mucho según el colegio de abogados al que pertenezcas. Además, nuestro curso sigue siendo totalmente gratuito.
En la edición de este año hemos incluido ponentes que hablan de la realidad de las personas mayores desde una perspectiva de vulnerabilidad, como gente de HelpAge International y otras organizaciones sociales. Queremos que se entienda no solo la parte jurídica, sino también qué les pasa a las personas mayores y cómo se sienten para poder protegerles mejor.
El curso se enmarca en un contexto de envejecimiento acelerado de la población. ¿Qué papel debe jugar la abogacía ante este nuevo paradigma social?
La especialización jurídica en el ámbito del envejecimiento es cada vez más necesaria ante el crecimiento acelerado de la población mayor. Actualmente, no existe una formación generalizada que aborde de forma integral la realidad de este colectivo desde una perspectiva jurídica, social y emocional.
Nuestro curso nace precisamente para cubrir este vacío, proporcionando herramientas que permitan comprender los aspectos sociodemográficos, legislativos y biopsicosociales del envejecimiento y adaptarse así a las nuevas demandas que plantea este grupo social.
Por otro lado, urge impulsar un marco normativo específico, incluso una «Carta de Derechos de las Personas Mayores», similar a la de la infancia, que contemple la pérdida de capacidades y garantice su protección legal. Necesitamos una legislación que proteja a las personas mayores.
El gran interés que ha despertado el curso entre los abogados pone de relieve la vocación social del sector y la oportunidad que representa especializarse en esta área. Más allá de una respuesta ética y social, se abre un nuevo campo profesional con una demanda creciente de servicios jurídicos adaptados a las necesidades de este colectivo.
Uno de los objetivos es erradicar prácticas edadistas en el ejercicio profesional. ¿Qué ejemplos de edadismo se producen hoy en día en el ámbito jurídico?
El curso tiene como uno de sus objetivos principales erradicar las prácticas edadistas que aún se dan en el ámbito jurídico, como la infantilización de las personas mayores. Es común que se les trate como si no tuvieran capacidad para tomar decisiones, especialmente cuando acuden acompañadas, dirigiéndose a sus familiares en lugar de a ellos mismos.
Aunque estas actitudes pueden parecer bienintencionadas, en realidad socavan su autonomía y refuerzan la idea errónea de que no son plenamente capaces de decidir sobre su propia vida.
Para contrarrestar estas prácticas, el curso ofrece herramientas prácticas que permiten a los profesionales comunicarse de forma clara y respetuosa con las personas mayores. Se enseña a adaptar el lenguaje jurídico, a elaborar hojas de encargo comprensibles y a fomentar una relación profesional que respete su dignidad y capacidad de decisión.
«Reclamamos que se cree y se reconozca la figura del experto facilitador para apoyar a las personas mayores. Sería algo similar al facilitador que ya existe en el ámbito de la dependencia, cuya función es ayudar a quienes necesitan asistencia para desenvolverse en su día a día».
El curso dedica un módulo completo a la realidad biopsicosocial de las personas mayores. ¿Por qué es fundamental que los juristas comprendan este enfoque para ofrecer una buena asistencia legal?
Es fundamental que los juristas comprendan este enfoque porque la ley es igual para todos, pero una persona mayor se siente más insegura. Si se enfrenta a un procedimiento judicial, probablemente no entienda nada y necesite acompañamiento.
Comprender sus miedos, tanto económicos como sociales y relacionales, como el miedo a quedarse solos o a no ver a sus nietos, hace que el abogado les pueda defender mejor. Al entender estas cuestiones, el abogado puede evitar que se aprovechen de esas vulnerabilidades o incluso utilizarlas para poner límites a peticiones injustificadas.
En definitiva, entender qué les pasa a las personas mayores cuando envejecen es crucial para ofrecerles una asistencia legal adecuada.
¿Cuáles son los principales retos que plantea la brecha digital en el acceso a la justicia para las personas mayores?
Desde mi punto de vista, la brecha digital plantea retos principalmente en el acceso a servicios y trámites «online» de la Administración y otras entidades. Esto significa que las personas mayores pueden tener dificultades para acceder a ayudas, servicios de la administración, citas previas e información en páginas web, lo que limita su libertad y el ejercicio de sus derechos.
Aunque los abogados pueden facilitar el acceso a la justicia en sí, la dificultad para realizar reclamaciones «online» también supone una limitación.
¿Se aborda también la figura del experto facilitador. ¿Podría explicarme en qué consiste este perfil profesional y su papel en los procedimientos judiciales?
Esta figura está pensada para ayudar a las personas con discapacidad, ofreciéndoles el apoyo necesario para que puedan ejercer sus derechos con plena libertad. Sin embargo, creemos que también debería existir para las personas mayores, ya que en algunos casos pueden perder facultades debido a la edad —aunque no siempre—, o simplemente sentirse inseguras o tener miedo a actuar solas.
Se trataría de un perfil profesional que sirviera de apoyo a personas mayores que tienen dificultades cognitivas (como pérdida de memoria o de comprensión), problemas de movilidad, o que, sin tener una discapacidad reconocida, necesitan acompañamiento por temor o falta de confianza. Sería algo similar al facilitador que ya existe en el ámbito de la dependencia, cuya función es ayudar a quienes necesitan asistencia para desenvolverse en su día a día.
En los procedimientos judiciales, este profesional tendría la función de garantizar que las personas mayores puedan acceder a la justicia y ejercer sus derechos con libertad, al mismo nivel que lo hacen las personas con discapacidad. Hoy en día, esta igualdad de acceso aún no está garantizada, y por eso reclamamos que se cree y se reconozca la figura del experto facilitador para apoyar a las personas mayores.
El curso ofrece formación sobre internamientos involuntarios y curatelas tras la reforma de 2021. ¿Qué cambios relevantes ha supuesto esta reforma para la protección jurídica de las personas mayores?
Desde la perspectiva de las personas mayores estamos observando una mayor indefensión. Parece que se están concediendo apoderamientos excesivos sin tener en cuenta la voluntad de las personas mayores, y la Administración quizás no están supervisando adecuadamente estas curatelas.
Esto está llevando a situaciones de abuso familiar, como ingresos indebidos en residencias y la venta de sus viviendas mediante estos apoderamientos. En resumen, aunque la intención de la reforma quizás era otra, en la práctica estamos viendo una mayor vulnerabilidad para las personas mayores.
En el módulo sobre salud se abordan cuestiones delicadas como la eutanasia o el testamento vital. ¿Cómo se articula la defensa de estos derechos desde la práctica jurídica?
Buscando que los abogados entiendan bien los derechos que tienen las personas mayores en cuanto a eutanasia y testamento vital, y cómo se materializan. La idea es que puedan asesorar correctamente a sus clientes para llevarlos a cabo, ya que aunque la ley ofrece opciones y procedimientos, a veces no son explícitos o incluso hay obstáculos como preguntas engañosas.
Por lo tanto, es fundamental que el abogado comprenda estas circunstancias para que el cliente pueda elegir libremente.
También se tratan nuevas formas de vivienda como el cohousing o el coliving. ¿Están preparadas nuestras leyes para dar cobertura a estas fórmulas alternativas?
La realidad es que cuando una persona mayor llega a una etapa con necesidades de dependencia y sin capacidad económica, lo que tiene es su vivienda. También es verdad que nuestra generación ya empieza a ver el cohousing y el coliving como una oportunidad de disfrute, independencia y libertad para una etapa final de vida más conectada.
Sin embargo, estas alternativas todavía no son muy conocidas ni aceptadas por las personas mayores. Creo que ofrecen oportunidades interesantísimas, pero hoy todavía no están muy en boga. Por lo tanto, diría que nuestras leyes aún no están completamente preparadas para dar cobertura total a estas fórmulas alternativas.
«Los sectores más problemáticos son, sin duda, las ventas a domicilio. Las personas mayores son un blanco fácil para tácticas agresivas y engañosas. También los cambios de contratos de luz y teléfono son una fuente constante de problemas. A través de llamadas o visitas, se les confunde con información falsa y terminan aceptando cambios que no entienden y que muchas veces les perjudican económicamente».
El curso combina teoría con prácticas reales a través del programa Buenos Tratos de Cruz Roja. ¿Qué impacto tienen estas prácticas en la formación del alumnado?
El impacto es extraordinario. El nivel de compromiso con las personas mayores que adquiere el alumnado es muy alto. Además, estas prácticas contribuyen a sensibilizarles sobre la realidad de las personas mayores desde una perspectiva de 360 grados y cómo la legislación actual a veces les deja desprotegidos.
Este contacto real les lleva incluso a querer seguir involucrados, como ayudar a identificar temas para el segundo tratado de derecho de envejecimiento y ofrecer charlas a organizaciones de mayores. En definitiva, las prácticas fomentan una vocación social de defensa de estas personas.
¿Qué perfiles profesionales se están inscribiendo en esta edición? ¿Está creciendo el interés por el Derecho de las Personas Mayores dentro del ámbito jurídico?
Se están inscribiendo una gran variedad de profesionales de forma voluntaria, lo que revela una vocación social de defensa de las personas mayores. Es evidente que el interés está creciendo.
Las personas viven más años y cada vez están más dispuestas a defender sus derechos. Este colectivo es un cliente absolutamente insatisfecho desde la perspectiva jurídica, lo que representa tanto una necesidad como una oportunidad para los profesionales del derecho.
Uno de los módulos está dedicado al consumo y a los derechos del consumidor mayor. ¿Se están produciendo vulneraciones sistemáticas en este ámbito? ¿Qué sectores son los más problemáticos?
Así es. Se están produciendo vulneraciones sistemáticas de los derechos de los consumidores mayores. Es algo que vemos constantemente. Le pongo un ejemplo muy cercano: mi propia experiencia con mi suegra. Nada más quedarse viuda, no sé cómo se enteran estas empresas de venta a domicilio, pero al día siguiente ¡tenía a alguien intentando venderle un colchón! Algo que no necesitaba para nada.
Lo sorprendente es cómo entraron en su casa y la presión que ejercieron para que firmara un papel y le vendieran un colchón de 5.000 euros. Y lo más preocupante es que ella no fue capaz de decir que no. Esto le da una idea de la vulnerabilidad en la que se encuentran.
Los sectores más problemáticos son, sin duda, las ventas a domicilio. Las personas mayores son un blanco fácil para tácticas agresivas y engañosas. También los cambios de contratos de luz y teléfono son una fuente constante de problemas. A través de llamadas o visitas, se les confunde con información falsa y terminan aceptando cambios que no entienden y que muchas veces les perjudican económicamente.
Sin olvidar los contratos digitales…
Aquí la brecha digital juega un papel crucial. Se les hacen preguntas engañosas en páginas web o aplicaciones, y sin darse cuenta, cambian la domiciliación de sus pagos, les cobran el doble por servicios, o se cambian a compañías que no eran las que ellos creían.
Desafortunadamente, muchas veces estas situaciones terminan en estafas y una clara vulneración de sus derechos, llegando incluso a casos de coacción y violencia.
Es por este tipo de situaciones que en el curso dedicamos un módulo específico al consumo y los derechos de los consumidores mayores. Es fundamental que los abogados estén preparados para entender estas dinámicas y poder defender a este colectivo que, como te decía antes, es un cliente absolutamente insatisfecho desde la perspectiva jurídica.
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