La prestigiosa firma Susman Godfrey ha presentado una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump, en lo que supone el cuarto litigio judicial promovido por despachos de abogados que han sido blanco de las órdenes ejecutivas del actual mandatario estadounidense.
La querella fue registrada el pasado viernes ante un tribunal federal de Washington, donde acusa al presidente de violar derechos fundamentales consagrados en la Constitución de EE.UU, señala Reuters.
En la demanda, Susman Godfrey advierte que permitir que las órdenes ejecutivas de Trump permanezcan en vigor «supondría eliminar cualquier límite a las futuras represalias de otros presidentes contra quienes consideren sus enemigos».
Según la firma, Trump estaría actuando movido por un ánimo de “venganza”, en respuesta al papel del bufete en la representación legal de Dominion Voting Systems, empresa que demandó por difamación a varios aliados del expresidente por sus acusaciones falsas de fraude electoral en los comicios de 2020.
Las medidas decretadas por Trump han incluido la restricción de acceso de los abogados de estas firmas a edificios gubernamentales y a cargos públicos, además de la amenaza de rescindir contratos federales con sus clientes, todo ello amparado en supuestas conexiones con casos o causas judiciales contrarias a los intereses del mandatario.
Mientras tanto, otras cinco grandes firmas legales —Kirkland & Ellis, A&O Shearman, Simpson Thacher, Latham & Watkins y Cadwalader, Wickersham & Taft— han optado por alcanzar acuerdos con la Casa Blanca.
En conjunto, se han comprometido a aportar al menos 600 millones de dólares en trabajo pro bono en causas afines al ideario presidencial.
Estos pactos elevan a 940 millones de dólares la cifra total prometida desde el mes pasado, según declaraciones del propio Trump en su red Truth Social.
Abandonar políticas de diversidad
Los acuerdos también implican el compromiso de las firmas de abandonar prácticas laborales basadas en políticas de diversidad, que la administración considera contrarias a la ley, y de prestar servicios legales gratuitos en proyectos seleccionados directamente por el presidente.
Trump afirmó, además, durante una reunión de gabinete el jueves, que estas firmas “le han pagado mucho dinero en forma de honorarios legales” y deslizó la posibilidad de utilizarlas como apoyo en futuras negociaciones comerciales, en el marco de su agresiva política de aranceles.
Asimismo, anunció que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) ha cerrado investigaciones sobre las prácticas de contratación de las firmas que han firmado acuerdos.
Los portavoces de las cinco firmas implicadas no han hecho comentarios por el momento.
Sin embargo, documentos internos de Kirkland y Simpson Thacher, a los que ha tenido acceso Reuters, indican que los acuerdos no suponen la pérdida de autonomía sobre los casos pro bono que asumen.
El presidente de Simpson Thacher, Alden Millard, afirmó en una nota interna que la decisión respondía a una “estrategia para eliminar la amenaza de una orden ejecutiva”.
Cabe recordar que varias de estas firmas participaron en litigios durante el primer mandato de Trump relacionados con derechos de voto, inmigración o derechos de personas transgénero, lo que podría haber motivado las recientes represalias del presidente.
La Casa Blanca no ha respondido a la solicitud de comentarios sobre la demanda de Susman Godfrey.
