El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva, la semana pasada, que pone bajo la lupa las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en los 15 despachos de abogados más grandes e influyentes de Estados Unidos, en la que encargó a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), que preside Andrea R. Lucas, evaluar si estas políticas son consistentes con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Además, el fiscal general de EE.UU. deberá investigar los despachos que contraten con entidades federales, para verificar su adhesión a las leyes contra la discriminación racial y de género.
Esta medida gubernamental responde a preocupaciones de que las políticas de DEI en el sector legal podrían estar promoviendo prácticas discriminatorias, camufladas bajo la promoción de la diversidad.
Según la orden, se investigarán prácticas específicas como la asignación de puestos por raza, promociones basadas en discriminación, y acceso discriminatorio a clientes y recursos de capacitación.
Los despachos comienzan a eliminar el lenguaje de DEI
La repercusión de esta orden ha sido inmediata en la industria legal. Despachos como Perkins Coie, específicamente mencionado en la orden por su papel en la elaboración del Dossier Steele y su trabajo con donantes activistas como George Soros, ya enfrentan consecuencias directas como la revocación de autorizaciones de seguridad y la terminación de contratos gubernamentales.
Otros grandes nombres en la ley también han comenzado a modificar sus políticas y sitios web en anticipación a futuras investigaciones.
Por ejemplo, Sidley Austin y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison han actualizado sus páginas de inicio para enfatizar la inclusión y la cultura de la firma más que la diversidad per se.
Además, Squire Patton Boggs ha reestructurado su «Oficina Global de DEI» a «Liderazgo Global de Cultura y Desarrollo del Lugar de Trabajo», un movimiento que refleja un cambio significativo en el enfoque público del despacho sobre estas cuestiones.
Líderes de otros despachos, como Latham & Watkins y Baker McKenzie, aunque no mencionados directamente en la orden, han expresado su preocupación y han comenzado a revisar minuciosamente sus propias políticas de DEI. Estos líderes han comentado sobre el aire de incertidumbre que la orden ha creado, y cómo podría afectar sus operaciones y la moral interna.
Cómo encarar esta orden en los tribunales
La reacción no se ha limitado a cambios internos; algunos abogados y académicos especulan que podría surgir una coalición de despachos para desafiar la orden en los tribunales.
Rima Sirota, profesora de la Escuela de Derecho de Georgetown, aseguraba en law.com que «no se sorprendería de ver una coalición de grandes despachos de abogados tomar medidas legales contra la administración» en respuesta a la última orden ejecutiva.
“Esta orden ejecutiva pone específicamente a otros grandes despachos en la mira, y la demanda de la EO—ningún vestigio de práctica de ‘DEI’—probablemente es imposible de cumplir a satisfacción de la administración y continuará pesando sobre los despachos de abogados en caso de que alguna vez representen a un cliente que no sea del agrado del presidente”, aseguró Sirota en un comentario enviado por correo electrónico.
A pesar del ambiente de cautela, hay quienes, como Robert Hicks, presidente y socio gerente de Taft, reafirman su compromiso de mantener una firma verdaderamente inclusiva, independientemente de las presiones políticas. «Observamos los vientos políticos, pero no dictan cómo dirigimos nuestros despachos», «Somos absolutamente un despacho de abogados inclusivo en todos los aspectos», aseguró Hicks.
«Eso no se limita solo a cuestiones raciales, étnicas, de género o LGBTQ. Somos un mejor despacho de abogados al incluir un amplio conjunto de demografías y puntos de vista», concluyó.
Esta orden ejecutiva representa un momento crucial en el equilibrio entre la intervención gubernamental y la autonomía corporativa en la práctica legal, con implicaciones potencialmente duraderas para la forma en que los despachos de abogados abordan la diversidad y la inclusión dentro del marco legal estadounidense.
