«Es la naturaleza de las alianzas erosionarse a menos que se las nutra constantemente» — Henry Kissinger.
El show se repite con la regularidad de un metrónomo. Donald Trump comparece, fija la mirada en algún punto del horizonte y suelta la frase del día: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN».
Aplausos del aforo MAGA, titulares en Madrid, declaraciones de réplica desde Moncloa, debate parlamentario, columna de opinión. Y al cabo de unas semanas, vuelta a empezar.
La amenaza, sin embargo, contiene un problema técnico que casi nadie se molesta en examinar: jurídicamente, no se puede hacer.
La expulsión de un Estado miembro de la Alianza Atlántica no está prevista en ningún precepto del Tratado de Washington de 1949, no figura en ningún protocolo posterior y no encaja en ninguna de las causales de extinción que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reserva a los acuerdos multilaterales.
Esto no significa que la amenaza sea inocua. Significa que opera por otros canales. Y que el verdadero riesgo para España no está en una expulsión que jamás llegará, sino en una serie de medidas paralelas que pueden producir un resultado funcionalmente equivalente: dejar a Madrid nominalmente dentro de la Alianza pero efectivamente fuera de ella.
Conviene, por tanto, separar tres planos —el jurídico, el político-militar y el estratégico— para entender qué puede realmente hacer Washington, qué le queda a España como alternativa y por qué este episodio, lejos de ser una crisis pasajera, marca un punto de inflexión cuya verdadera lectura está en clave europea.
El espejismo jurídico: una alianza diseñada sin puerta trasera
El Tratado del Atlántico Norte fue redactado en 1949 por juristas que sabían perfectamente lo que hacían.
Conocían el precedente de la Sociedad de Naciones, donde la posibilidad de expulsión —prevista en el artículo 16 del Pacto— había sido fuente constante de inestabilidad y se había convertido en arma política antes de demostrar ser inútil contra los Estados verdaderamente revisionistas.
Optaron, deliberadamente, por una arquitectura distinta: una alianza voluntaria, basada en el consenso, con puerta de salida pero sin puerta de expulsión.
El artículo 13 del Tratado es claro y, en su brevedad, definitivo: «Pasados veinte años de vigencia del Tratado, cualquier Parte podrá, en lo que a ella concierna, poner fin al Tratado, un año después de haber notificado su denuncia al Gobierno de los Estados Unidos de América».
Una sola dirección. Solo el Estado interesado puede iniciar el proceso. España, que ingresó en 1982, cumple sobradamente el requisito temporal. Estados Unidos, en cambio, no dispone de ningún procedimiento equivalente para forzar la salida ajena.
Cabría argumentar, con cierta fantasía jurídica, que la Convención de Viena de 1969 contempla en su artículo 60 la suspensión o terminación de un tratado por violación grave.
La hipótesis tiene dos defectos insalvables. Primero: requeriría unanimidad —o al menos un acuerdo cualificado de los demás Estados Parte—, algo manifiestamente impensable en el actual estado de la Alianza, donde Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y los países escandinavos jamás avalarían semejante operación contra un socio fundador del proyecto europeo.
Segundo: no concurre violación grave alguna. Gastar menos que el 5% del PIB en defensa no es una violación del Tratado, porque el Tratado no fija ningún umbral de gasto.
El compromiso de La Haya de 2025 fue, como recuerdan los propios documentos de la Alianza, un acuerdo político no jurídicamente vinculante. La amenaza, por tanto, navega en el vacío del derecho.
Pero conviene no consolarse demasiado pronto. Que algo no pueda hacerse formalmente no significa que no pueda lograrse por otros medios. La historia diplomática del siglo XX está llena de Estados que conservaron su silla en alianzas y organizaciones mientras eran sistemáticamente vaciados de relevancia.
La cuestión, entonces, no es si Trump puede expulsar a España. Es: ¿qué puede hacer en su lugar?
El verdadero arsenal: la expulsión funcional sin trámite jurídico
Washington dispone de un repertorio coercitivo considerable que no requiere mover una sola coma del Tratado de Washington.
Se ha desplegado parcialmente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y conviene tomarse en serio cada uno de sus componentes, porque combinados producen exactamente el efecto que la expulsión formal no puede producir: el aislamiento operativo de un aliado.
Primera palanca: la presión arancelaria. Tras la negativa española a permitir el uso de Rota y Morón para ataques contra Irán en febrero de 2026, Trump amenazó con «cortar todo el comercio con España» y dio instrucciones al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para evaluar restricciones económicas severas.
La amenaza tropezó —de momento— con el acuerdo arancelario UE-EE.UU. del verano de 2025, que fija un 15% para la mayoría de exportaciones comunitarias y cuya alteración requeriría modificar el marco bilateral con Bruselas.
Pero el margen para hostigar selectivamente sigue ahí: aranceles puntuales sobre productos sensibles —aceite de oliva, vino, automoción auxiliar—, retrasos administrativos en aduanas, listados de empresas problemáticas. Es el manual clásico de la coerción comercial selectiva.
Segunda palanca: el cierre de bases o la retirada parcial de tropas. Aquí el escenario se vuelve más interesante, porque toca un punto sensible y revela la asimetría.
Las bases de Rota y Morón son de soberanía española; los efectivos estadounidenses están allí en virtud del Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988, revisado en 2002 y prorrogado sucesivamente.
Trump no puede «cerrar» Rota: la base es española. Pero sí puede ordenar la retirada de los aproximadamente 3.000 militares norteamericanos destinados allí —la cifra de Morón es residual, apenas 150— y trasladarlos a Polonia, Rumanía o Italia, países considerados más colaborativos por el actual establishment de seguridad estadounidense.
El Wall Street Journal informó en abril de que el plan está sobre la mesa. La pregunta es si Washington está dispuesto a renunciar al único enclave europeo que combina puerto y aeropuerto militar en el mismo recinto, a las puertas del Estrecho.
Almirantes en la reserva, expertos en logística naval y la propia inversión reciente del Pentágono en las instalaciones sugieren que el coste estratégico para Estados Unidos sería superior al castigo infligido a España. Lo cual no impide que la amenaza sea utilizada como instrumento de presión.
Tercera palanca: la suspensión de la cooperación en inteligencia y la exclusión de los flujos de información sensible. Esta es, probablemente, la más eficaz y la menos visible.
España no forma parte de los Five Eyes, pero accede a información estadounidense por canales bilaterales y a través de los comités de inteligencia de la OTAN.
Reducir ese flujo —sin necesidad de anunciarlo— degrada las capacidades operativas españolas en cuestiones tan sensibles como contraterrorismo en el Sahel, vigilancia del Estrecho o seguimiento de redes criminales transnacionales. Es una sanción que se aplica en silencio y cuyo efecto se nota meses después.
Cuarta palanca: el bloqueo del material y la dependencia tecnológica. España ha comprometido la adquisición del F-35 y mantiene programas conjuntos con la industria estadounidense en sistemas de defensa antiaérea, helicópteros y munición de precisión.
Cualquier retraso en las entregas, cualquier fricción en los repuestos, cualquier obstáculo en las licencias de exportación se convierte en una sanción en diferido.
Y el ITAR —el régimen estadounidense de control de exportaciones militares— da a Washington una capacidad de veto unilateral sobre la operatividad de buena parte del material que los aliados europeos creen poseer.
Quinta palanca: la marginación política dentro de la Alianza. Esta es la más sutil. España puede ser sistemáticamente excluida de los círculos de planificación, no invitada a las reuniones informales que preceden a las decisiones formales, marginada de las nuevas iniciativas como la Coalición de Voluntarios para Ucrania o de los grupos restringidos donde se cuece de verdad la política aliada.
El llamado «Eurogrupo» informal —Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia— al que se está dando forma como núcleo del pilar europeo de la OTAN amenaza con dejar a España en la periferia si Washington presiona a sus interlocutores europeos para que no la integren.
El precio del aislamiento, en alianzas como esta, no se mide en titulares: se mide en la geometría de las habitaciones donde se decide.
El conjunto de estas cinco palancas configura lo que cabe llamar una expulsión funcional: España permanecería formalmente en la OTAN, seguiría siendo parte del artículo 5, mantendría a su embajador en Bruselas y a su representante en el Comité Militar. Pero estaría operativamente cercada, comercialmente castigada, militarmente debilitada y políticamente irrelevante. La silla seguiría ahí; el asiento estaría vacío de poder.
El precedente francés: De Gaulle, 1966, y la lección olvidada
Hay un episodio histórico que merece ser releído en estas circunstancias, porque es el único caso en 67 años en que un aliado importante decidió reconfigurar su relación con la Alianza sin abandonarla.
En marzo de 1966, Charles de Gaulle anunció la retirada de Francia de la estructura militar integrada de la OTAN. Mantuvo la pertenencia política al Tratado, pero recuperó el mando soberano sobre sus fuerzas, expulsó al cuartel general aliado de Fontainebleau y exigió que las tropas estadounidenses abandonasen el territorio francés.
Lo hizo en plena Guerra Fría, cuando el riesgo geopolítico era infinitamente superior al actual. Lo hizo porque consideraba que la integración militar bajo mando estadounidense era incompatible con la grandeur francesa y con la independencia estratégica del país.
Cuarenta y tres años después, en 2009, Sarkozy reintegró a Francia en la estructura militar. Pero entre 1966 y 2009, París conservó su capacidad nuclear autónoma, su voz independiente en política exterior, su industria de defensa propia y un margen de maniobra diplomática que ningún otro aliado europeo poseía.
La lección no es que España deba imitar a Francia —no tiene ni la masa crítica ni el armamento nuclear ni la tradición de autonomía estratégica que justificarían semejante movimiento—. La lección es más sutil: una alianza es un instrumento de poder, no un sacramento.
Permite la salida parcial, la reconfiguración de la pertenencia, el ajuste del compromiso. Quien lo entiende, gana margen. Quien lo confunde con vasallaje, pierde toda capacidad de negociación.
El segundo paraguas: el artículo 42.7 TUE y la cláusula que dormita
Existe en el Tratado de la Unión Europea (TUE) un precepto que ha vivido durante quince años a la sombra del artículo 5 de la OTAN y que, de pronto, vuelve a ocupar el centro del debate.
El artículo 42.7 del TUE establece que «si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas».
La fórmula es, en su tenor literal, más sólida que la del artículo 5 atlántico, que habla de adoptar «las medidas que juzgue necesarias». El europeo dice todos los medios; el atlántico dice las que cada cual juzgue.
Este precepto se invocó por primera y única vez en noviembre de 2015, tras los atentados de París. La respuesta práctica fue limitada, pero el precedente quedó establecido.
En el reciente despliegue europeo en torno a Chipre tras la crisis con Turquía, países como Francia, Grecia y los Países Bajos ensayaron de facto el mecanismo sin invocarlo formalmente.
España envió sucesivamente las fragatas Cristóbal Colón y Méndez Núñez. Ursula von der Leyen, en la Conferencia de Múnich de febrero, llamó explícitamente a «dar vida» al artículo 42.7. Y la Comisión Europea está examinando seriamente su operacionalización.
El artículo 42.7 no es un sustituto del artículo 5. No tiene detrás la masa militar de Estados Unidos, no dispone de una estructura de mando integrada equivalente, no cuenta con un Sistema de Defensa Aérea Integrada como el NATINAMDS.
Pero existe, vincula jurídicamente a los veintisiete y, sobre todo, no depende del humor del presidente estadounidense de turno. En un escenario donde Washington decide aislar a un Estado miembro europeo, la cláusula europea se convierte —al menos potencialmente— en el seguro de última instancia.
Las tres alternativas españolas
Llegados aquí, conviene plantear con claridad las tres opciones reales que se le abren a España. No son escenarios académicos: son cursos de acción que ya se debaten en los pasillos del Palacio de Santa Cruz, en los gabinetes del Ministerio de Defensa y en las redacciones especializadas.
Cada uno tiene un coste, cada uno tiene un beneficio, y la decisión —explícita o implícita— configurará la posición española durante al menos una década.
Primera alternativa: la capitulación pragmática. Aceptar el 5% del PIB —85.000 millones de euros anuales según los cálculos de Sumar, una cifra superior al presupuesto educativo nacional y equivalente a cuatro quintos del gasto sanitario— a cambio de desactivar la presión y restaurar el carril rápido en la relación bilateral.
Es la opción que defiende, con matices, el Partido Popular y que Berlín está intentando suavizar mediante la propuesta intermedia del 3-3,5%. Su coste fiscal es enorme y su coste político interno, en una sociedad española mayoritariamente reacia al rearme acelerado, sería considerable.
Su beneficio: comprar la paz con Washington al precio que Washington pone.
Segunda alternativa: la resistencia digna en una OTAN debilitada. Mantener la posición actual —el 2,1% del PIB anclado en la exención negociada en La Haya—, asumir el desgaste retórico de Trump y confiar en que las instituciones europeas y la inercia atlántica terminen por absorber el embate.
Es la apuesta actual del Gobierno de Sánchez, articulada sobre el argumento jurídicamente impecable de que el compromiso de La Haya no es vinculante y que la contribución española en capacidades —reconocida por el propio informe RAND solicitado por la Casa Blanca— está entre las más sólidas de la Alianza en términos cualitativos.
El riesgo: que la suma de palancas coercitivas estadounidenses, ejercidas durante meses o años, vaya erosionando la posición española hasta producir esa expulsión funcional descrita más arriba. La resistencia digna sin estrategia complementaria es resistencia que se desangra.
Tercera alternativa: la reconfiguración estratégica hacia el pilar europeo. Esta es la opción que combina mejor lucidez y ambición.
Consiste en aceptar que la era del paraguas atlántico tal y como lo conocimos durante setenta años toca a su fin, y en utilizar la presión estadounidense como acelerador de una transición que en cualquier caso era inevitable.
España puede liderar —junto a Francia, Alemania, Italia y Polonia— la construcción efectiva del pilar europeo de la OTAN: presupuesto comunitario de defensa, industria militar paneuropea, estructura de mando integrada, operacionalización del 42.7, capacidades estratégicas autónomas en inteligencia, satélites y munición.
Esta opción no exige salir de la OTAN. Exige cambiar el centro de gravedad de la propia política española de defensa: del eje bilateral con Washington al eje multilateral con Bruselas.
Tiene tres ventajas decisivas. La primera: convierte el problema en oportunidad, transformando la presión externa en palanca de modernización interna. La segunda: alinea a España con la dirección de marcha del propio continente, donde Macron, Merz y la propia Comisión llevan meses trabajando en esta dirección. La tercera: deja a Washington sin instrumentos eficaces de coerción, porque cuanto menos dependa España del material, la inteligencia y los flujos comerciales estadounidenses, menos margen tiene Trump para ejercer la presión que hoy ejerce.
Tiene también dos riesgos. El primero, presupuestario: construir capacidad europea autónoma cuesta dinero, aunque menos que el 5% del PIB que reclama Trump y, sobre todo, retorna en forma de empleo industrial y soberanía tecnológica europea, no en forma de cheque a la industria militar estadounidense. El segundo, geopolítico: Washington no asistirá pasivamente al proceso. Cabe esperar represalias, presiones bilaterales sobre socios europeos, intentos de fragmentar la respuesta. La transición será costosa. Pero la alternativa —seguir dependiendo de un aliado que ya no es predecible ni fiable— es estratégicamente suicida a medio plazo.
La trampa retórica que contiene una oportunidad histórica
La amenaza de expulsión es, técnicamente, una imposibilidad jurídica. Operativamente, es una cortina de humo. Estratégicamente, es un regalo. Trump cree estar humillando a España; lo que en realidad está haciendo es darle la coartada perfecta para reorientar su política de defensa hacia donde la geopolítica del siglo XXI exige que se dirija de todos modos: hacia Europa.
La amenaza arancelaria, la posibilidad de cierre de bases, la marginación en los flujos de inteligencia, el bloqueo discreto del material —todo el repertorio coercitivo de Washington— solo funciona contra un Estado dependiente. Y la dependencia, como toda dependencia, se reduce si se decide reducirla.
Nuestro vaticinio es que, con o sin Sánchez, con o sin la actual mayoría parlamentaria, España terminará optando por una versión mixta de la segunda y la tercera alternativa: resistencia formal al ultimátum del 5% combinada con un compromiso creciente —y prudentemente acelerado— con el pilar europeo.
No por valentía estratégica, sino por simple inercia: porque ya no quedan otras opciones razonables. Porque la primera —pagar el 5%— es inviable presupuestariamente y políticamente suicida; porque la segunda —resistencia pura— es insostenible a medio plazo sin un seguro alternativo; y porque la tercera, la europea, es la única que conserva la silla y no la convierte en un mueble vacío.
La OTAN no se diseñó con puerta de expulsión porque sus arquitectos sabían algo que Trump no quiere reconocer: las alianzas duraderas no se construyen sobre la amenaza de la expulsión, sino sobre la convicción del beneficio mutuo.
Cuando uno de los socios deja de creer en ese beneficio mutuo y empieza a hablar de echar a otros, la alianza ya está, en realidad, herida de muerte. L
a expulsión imposible que Trump invoca cada pocas semanas no es el problema de España: es el síntoma de que la Alianza Atlántica, tal y como la conocimos, ya no existe. Lo que ahora se decide no es si España sigue dentro. Es qué construye Europa con los escombros.
