El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Isabel Díaz Ayuso contra el decreto del Gobierno que, según la presidenta madrileña, impone a las comunidades autónomas la acogida de menores migrantes vulnerando su autonomía. Foto: CM.
El Constitucional admite el pulso de Díaz Ayuso al Gobierno por la gestión migratoria de menores
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29/4/2025 15:30
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Actualizado: 29/4/2025 20:48
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a un nuevo conflicto de calado institucional entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Este martes ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para proteger a menores extranjeros no acompañados en situaciones migratorias extraordinarias.
La norma, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, busca dar respuesta rápida a la creciente presión migratoria sobre ciertas comunidades autónomas, especialmente Canarias, con un sistema de reparto solidario de menores entre territorios.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid sostiene que el decreto vulnera varios preceptos constitucionales y estatutarios, entre ellos el derecho fundamental de libre circulación y residencia de los menores, al imponerles un destino dentro del territorio nacional sin su consentimiento.
En su recurso, el gobierno madrileño argumenta que el decreto invade competencias autonómicas en materia de protección de menores y servicios sociales, recogidas en los artículos 26.1.23 y 26.1.24 de su Estatuto de Autonomía, y contraviene principios esenciales del orden constitucional como la autonomía territorial, la lealtad institucional y la interdicción de la arbitrariedad.
De acuerdo con el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, para el PP es un reparto «discrecional» acordado con Junts «con el único propósito de conseguir esos siete votos que necesita Pedro Sánchez para quedarse en La Moncloa».
El informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostiene que el real decreto es inconstitucional por «invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional», ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.
El Ejecutivo de Ayuso denuncia, además, una quiebra del equilibrio competencial al haberse optado por un Real Decreto-ley —un instrumento legislativo reservado a casos de extraordinaria y urgente necesidad— para una materia que, a su juicio, debería haberse tramitado como ley ordinaria, con mayor debate parlamentario y consenso autonómico.
La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional no entra en el fondo del asunto, pero reconoce que el recurso plantea cuestiones de relevancia constitucional. Se abre así un proceso que podría tener efectos significativos en la política migratoria y en el reparto de responsabilidades entre Estado y comunidades autónomas en un tema tan sensible como la atención a menores extranjeros no acompañados.
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