El ICAM impulsa reforma legal para desbloquear los fondos retenidos en las cuentas de consignación
Más de 4.800 millones de euros permanecen bloqueados en los juzgados, impidiendo a ciudadanos y empresas acceder a indemnizaciones y pagos reconocidos judicialmente
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13/5/2025 17:16
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Actualizado: 13/5/2025 17:16
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El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha dado un paso al frente para acabar con una de las disfunciones más persistentes del sistema judicial: la acumulación de fondos retenidos sin justificación en las cuentas de consignación judicial, incluso cuando existe una sentencia firme que ordena su entrega.
Para ello, ha impulsado una proposición no de ley (PNL) que pretende garantizar que las cantidades consignadas estén disponibles para su ejecución en un plazo razonable y, en caso de demora, se reconozca el derecho de los beneficiarios a percibir intereses compensatorios.
La propuesta, registrada este martes en la sede parlamentaria por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha sido remitida a los diferentes grupos del Congreso con el objetivo de que la asuman como propia y promuevan su tramitación legislativa.
En palabras del propio decano, recogidas en la misiva dirigida a los portavoces parlamentarios, “los fondos destinados al cumplimiento de resoluciones judiciales permanecen retenidos o paralizados en las cuentas de consignación judicial sin causa justificada. Esta situación no solo vulnera los derechos de los afectados, sino que además erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia”.
Más de 4.800 millones de euros bloqueados
El problema, lejos de ser anecdótico, tiene una dimensión estructural. Según los últimos datos disponibles, más de 4.800 millones de euros permanecen actualmente inmovilizados en estas cuentas, impidiendo que ciudadanos y empresas accedan a indemnizaciones, pensiones alimenticias, costas procesales u otras compensaciones que les han sido reconocidas judicialmente.
“La justicia no puede considerarse plenamente garantizada si, tras una sentencia firme, los ciudadanos deben esperar meses o años para ver satisfecho lo que legalmente les corresponde”, advierte la exposición de motivos de la PNL impulsada por el ICAM.
Desde el Colegio se alerta de que esta situación compromete gravemente el principio de tutela judicial efectiva y causa un perjuicio directo a los derechos patrimoniales de miles de personas.
Intereses por demora y supervisión reforzada
La iniciativa plantea la necesidad de establecer una regulación específica del funcionamiento de las cuentas de consignación judicial, que asegure la disponibilidad efectiva de los fondos una vez exista resolución firme. Asimismo, propone el reconocimiento legal del derecho de los beneficiarios a percibir intereses compensatorios por retrasos no imputables a ellos, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial.
“No se puede permitir que los fondos destinados a cumplir con resoluciones firmes estén paralizados sin consecuencias ni compensación para sus legítimos beneficiarios”, subraya el texto, que recuerda que este tipo de compensación ya está contemplado en ámbitos como el tributario o el mercantil.
Para facilitar la aplicación de esta medida, el ICAM propone implementar un sistema de cálculo automático de intereses y reforzar la supervisión de la ejecución judicial, con especial atención a los casos en los que el obligado al pago sea una administración pública o una entidad financiada con recursos públicos.
Una reforma estructural con impacto en el Estado de derecho
El decano Ribón sostiene que esta reforma contribuiría a “fortalecer las garantías del Estado de derecho y a proteger los derechos de quienes han acudido a la justicia en busca de reparación”.
Por ello, el ICAM ha mostrado su plena disposición a colaborar en la tramitación parlamentaria de la proposición, aportando el soporte técnico-jurídico necesario para hacerla viable.
Con esta iniciativa, el Colegio madrileño busca colocar sobre la mesa un problema de calado que afecta de forma directa a la credibilidad de la justicia y al ejercicio efectivo de los derechos reconocidos por los tribunales.
Un paso más en su estrategia de modernización y eficiencia del sistema judicial, que ya ha impulsado otras propuestas recientes, como la reforma del turno de oficio o el refuerzo de los medios personales y materiales de los órganos jurisdiccionales.
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