Ibor Fernandes Romero, accionista tanto de BBVA como de Banco Sabadell –y socio de la firma Statera Legal– ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Economía por haber lanzado una consulta pública “sin cobertura legal” sobre la operación de adquisición del Sabadell por parte del BBVA.
La demanda, presentada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, solicita además la suspensión cautelar del uso de los resultados de dicha consulta.
El recurso se dirige contra lo que el demandante considera una “vía de hecho” del Ejecutivo: la realización de una consulta pública ajena a cualquier procedimiento legal establecido, que vulnera derechos fundamentales y principios esenciales del ordenamiento jurídico.
Fernándes ya había requerido al Ministerio, el pasado 8 de mayo, que cesara en esta actuación, sin haber recibido respuesta en los diez días que establece la ley.
Argumentos principales del recurso contencioso-administrativo
El escrito, firmado por la abogada Clara Vidal Fernández, denuncia que el Gobierno ha utilizado un instrumento de participación ciudadana sin base normativa ni garantías mínimas.
Entre los aspectos más críticos señalados en el recurso destacan el de desigualdad de trato, porque el diseño de la consulta solo permite argumentar a quienes se oponen a la operación, dejando sin espacio de expresión razonada a quienes están a favor.
Esto, a juicio del demandante, vulnera el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley.
Tampoco se verifica la identidad de los participantes, lo que permite suplantaciones, respuestas múltiples o manipulaciones informáticas.
Esta situación, argumenta, pone en riesgo el principio de integridad en los procesos públicos y puede tener consecuencias graves, especialmente en un contexto geopolítico donde la desinformación es una amenaza real.
La consulta, además, versa sobre materias técnicas que exceden las competencias del Gobierno en esta fase del proceso. La decisión última sobre la operación corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no al Consejo de Ministros, por lo que —según el recurso— el Ejecutivo no puede basarse en una consulta para asumir decisiones que no le corresponden.
Y, por último, no existe ninguna norma que permita al Ministerio lanzar una consulta de este tipo en el contexto de una operación empresarial privada regulada por la Ley de Defensa de la Competencia.
Por ello, califica la actuación de “ilegal, arbitraria y sin respaldo normativo”.
Petición de medida cautelar
El recurso solicita que se suspenda cautelarmente el uso de los resultados de la consulta mientras se resuelve el caso, para evitar que la actuación impugnada consuma sus efectos de forma irreversible.
Según argumentan, de no adoptarse esta medida, se perdería la finalidad legítima del procedimiento judicial.
En caso de que no se acuerde dicha suspensión, solicitan subsidiariamente que el Gobierno repita la consulta, esta vez cumpliendo con los requisitos legales, de motivación, autenticación y neutralidad.
Críticas a la “instrumentalización política”
En el escrito se acusa al Gobierno de haber impulsado esta consulta como respuesta política al informe favorable emitido por los organismos reguladores sobre la operación BBVA-Sabadell.
A juicio del demandante, el Ejecutivo estaría usando una supuesta participación ciudadana para justificar una posición contraria a la fusión, influyendo de forma ilegítima en una operación del mercado.
Además, se advierte de los riesgos económicos y jurídicos que tendría el uso de unos resultados obtenidos de forma “capciosa y sin control”. Si más adelante se declarara la nulidad de la consulta, las decisiones que se hayan tomado con base en ella podrían quedar en entredicho, con importantes consecuencias.
“Una actuación propia de totalitarismos”
El escrito no escatima críticas al Ejecutivo, al que acusa de llevar a cabo una maniobra impropia de un Estado de Derecho. En palabras literales del recurso: “una actuación propia de totalitarismos que, a través de una participación ciudadana dirigida, opaca y capciosa, procuran justificar acciones ilegítimas”.
Fernándes recurrente considera que el Poder Judicial debe actuar con firmeza para evitar que el Ejecutivo se ampare en la lentitud del proceso judicial para consumar una actuación que podría vulnerar el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y la libertad de empresa.
La Audiencia Nacional deberá ahora decidir si admite a trámite el recurso y si accede a suspender de manera cautelar el uso de los resultados de la consulta en tanto se resuelve la cuestión de fondo.
