La Comisión Europea (CE) publicaba, hace menos de un año, un informe sobre la situación del Estado de Derecho en España. Documento en el que se mostraban algunas «recomendaciones» de la entidad europea de cara a reforzar la Justicia en el país. Anotaciones que, sin embargo, parecen estar lejos de las modificaciones normativas que han sembrado la polémica entre los profesionales de la Justicia.
«Creo que se adapta a una sociedad cada vez más exigente y a unos estándares europeos que son muy altos». Así defendía el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, los cambios introducidos por el Gobierno de España en materia de Justicia.
Cambios entre los que destacan la reforma del acceso a las Carreras Judicial y Fiscal. O el sistema de elección de los integrantes del CGPJ, con el fin de evitar el bloqueo de los pasados años que afectaba al órgano de los jueces.
Medidas que, aparentemente, respondían a «los requerimientos de la Comisión Europea». Pero que, sin embargo, no parecen convencer a los integrantes de la Justicia española.
Jueces sustitutos y falta de jueces y magistrados
«Es falso que Europa pida un proceso de estabilización de jueces sustitutos como lo proyectan», destaca el juez Iuristóteles en sus redes sociales. Una realidad que se puede comprobar en el informe público realizado por la Comisión Europea.
Así pues, es la falta de jueces y magistrados lo que, en el escrito, preocupa a la entidad europea.
«El número de jueces y magistrados por habitante sigue siendo uno de los más bajos de la Unión Europea«, destaca el escrito. Una realidad ante la que «las plazas se siguen cubriendo con jueces sustitutos y magistrados suplentes. Y las partes interesadas han vuelto a destacar que en los próximos años se espera que un número significativo de jueces y magistrados se jubilen».
Unos magistrados y jueces que, además, señala la Comisión Europea que deben tener un papel fundamental en la elección de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Algo que, sin embargo, no parece estar definido en el planteamiento de reforma de elección del órgano judicial.
Así pues, destaca el escrito que la recomendación europea es «la presentación de una proposición de ley orgánica que reforzará la independencia del poder judicial».
«De este modo, los jueces y magistrados participan directamente, teniendo en cuenta las normas europeas y las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho». Una adaptación de un nuevo sistema de nombramiento «de vocales elegidos entre jueces y magistrados» que cumpliría la «recomendación efectuada en años anteriores».
La Comisión Europea pone el foco en la politización de la Justicia
Preocupación que también muestra la Comisión Europea hacia otro de los grandes focos de conexión entre la Justicia y la política. En concreto, la figura del Fiscal General del Estado.
«Se han registrado ciertos avances en cuanto al refuerzo del estatuto del fiscal general del Estado», reconoce la entidad europea. «Pero no en lo que respecta a la disociación en el tiempo del mandato de este con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas».
Situación ante la que la Comisión critica que desde España «no se haya tomado ninguna medida» al respecto.
Tampoco se han tomado medidas para un elemento tan clave como evitar los ataques a los jueces desde la política. Algo que, para la Comisión Europea, es «fundamental». Y es que el deterioro de la confianza pública en el Poder Judicial es «esencial».
También «persiste la preocupación de algunas prácticas procedimentales relacionadas con el uso de procedimientos de urgencia para la aprobación de la legislación», explicaba el documento. Ello, debido al «uso excesivo» de estos procedimientos. Normativas aprobadas de urgencia que «a veces incluyen en su texto una gama más amplia de cuestiones».
Un texto europeo que también muestra su preocupación sobre la prevención de la corrupción, la publicidad institucional, o las dificultades de los periodistas para poder realizar su actividad profesional sin acoso o intimidación. Preocupaciones que, sin embargo, parecen haber quedado en un segundo plano ante las regulaciones y normativas del Ejecutivo que, sin embargo, asegura cumplir con «los requerimientos».
