Pedro Sánchez, toma de posesión
Pedro Sánchez prometió su cargo como presidente del Gobierno el 2 de junio de 2018. Foto: Pool RTVE.

Siete años de Sánchez en La Moncloa: entre la resiliencia institucional y el creciente desgaste político

2 / 06 / 2025 05:35

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El 2 de junio de 2018, Pedro Sánchez prometía su cargo ante el rey Felipe VI y se convertía en presidente del Gobierno, tras hacer prosperar la primera moción de censura exitosa de la democracia española.

Lo hacía enarbolando la bandera de la regeneración política y la lucha contra la corrupción, con un discurso que exigía a Mariano Rajoy explicaciones, dimisiones y dignidad institucional, tras la sentencia del caso Gürtel que condenaba al Partido Popular.

«No podemos normalizar la corrupción, no podemos resignarnos. Es necesario recuperar la dignidad de nuestras instituciones, restaurar la confianza de los ciudadanos en la política y regenerar la vida pública», aseguraba entonces el ahora presidente del Gobierno.

Siete años después, Sánchez sigue en La Moncloa, pero el escenario que le rodea es radicalmente distinto. La sombra de la descomposición política y moral ha alcanzado a su Ejecutivo, y la atmósfera que se respira recuerda, cada vez más, a los estertores del felipismo en los años 90.

Los casos judiciales que rodean al entorno de Sánchez

Siete años después de llegar al poder con un discurso centrado en la regeneración democrática y la ejemplaridad institucional, Pedro Sánchez se enfrenta a un escenario muy distinto.

En 2025, varios casos judiciales afectan de forma directa al núcleo personal y político que lo rodea, erosionando el relato ético que marcó su llegada a La Moncloa.

Uno de los frentes más sensibles es la investigación abierta contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El procedimiento, en manos de un juzgado de instrucción de Madrid, examina los vínculos de Gómez con empresas adjudicatarias de contratos públicos mientras dirigía una cátedra universitaria que colaboraba con entidades beneficiadas por fondos estatales.

También está siendo investigado su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, en este caso por un juzgado de Badajoz. La causa se centra en un posible fraude fiscal y en presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos durante su etapa como funcionario de una entidad dependiente de la Diputación Provincial.

A todo ello se suma el llamado «caso Koldo», que llevó a la expulsión del exministro José Luis Ábalos, uno de los hombres de mayor confianza de Sánchez durante años.

La investigación apunta a una trama de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia.

Además, también se investiga la contratación presuntamente irregular en empresas comoIneco y Tragsatec, bajo el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, habría cobrado más de dos años sin desempeñar funciones reales o de una ex Miss Asturias, contratada en condiciones similares.

Por todo ello, el juez señala la implicación directa de Ábalos, su asesor Koldo García, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera

La tormenta Leire Díez

El último golpe a la estabilidad del Gobierno ha venido de la mano de Leire Díez, exjefa de comunicación de la empresa pública Enusa, militante sanchista y presuntamente vinculada a una operación clandestina de desprestigio contra fiscales y mandos de la Guardia Civil.

Según revelaciones periodísticas, Díez, supuesta «fontanera del PSOE» habría mantenido reuniones con empresarios imputados y abogados con vínculos con el submundo de las cloacas del Estado.

El objetivo: elaborar dosieres y obtener datos para dañar la reputación de los agentes de la UCO y de funcionarios judiciales involucrados en causas sensibles para el Ejecutivo, especialmente aquellas que afectan al círculo más cercano del presidente.

Desde Moncloa niegan cualquier conexión orgánica con la trama e intentan situarla cerca del entorno del exministro José Luis Ábalos, aunque desde algunos medios de comunicación apunten a su cernanía con el actual número 3 del PSOE, Santos Cerdán.

Pese a todo el ruido mediático y político, la reacción oficial ha sido tibia. El PSOE ha abierto un expediente informativo sin mayores consecuencias y el propio Sánchez ha optado por el silencio absoluto, a pesar de la magnitud del escándalo.

Un silencio que resuena

Ese silencio ha alimentado toda clase de especulaciones. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no actuar con contundencia?

En el Ejecutivo lo justifican como una estrategia prudente y argumentan que cualquier declaración del presidente sería utilizada en su contra.

Pero lo cierto es que el coste político y moral de esa pasividad comienza a pasar factura.

A la oposición, que ha elevado el tono hasta acusar al presidente de “capo de la mafia”, se suma ahora la perplejidad interna en el PSOE, donde muchas agrupaciones asisten con estupor a la sucesión de escándalos.

El caso Bonilla: cuando el Gobierno traspasa los límites

Otro episodio que ha agudizado la crisis institucional ha sido la insólita intervención pública de tres ministros del Gobierno —María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López— acusando al capitán de la Guardia Civil Manuel Bonilla de “fantasear con asesinar al presidente del Gobierno”.

Una acusación extremadamente grave, formulada sin pruebas, que ha quedado desmentida por la interpretación literal del chat en el que el capitán, en realidad, daba hilo a un confidente sin suscribir sus palabras.

Pese a que dicha información ya ha sido desmentida por los medios de comunicación que se hicieron eco de la misma, en Moncloa siguen «erre que erre».

Ni una disculpa pública, ni una rectificación clara han seguido a semejante imputación. El daño, sin embargo, ya está hecho.

La percepción de que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar su posición para atacar la honorabilidad de funcionarios del Estado ha encendido todas las alarmas jurídicas y éticas.

Una Moncloa en modo contención: prudencia, relato y espera

En este complejo escenario, La Moncloa ha optado por contener el daño y preservar el control del relato, sin movimientos drásticos ni declaraciones que puedan avivar aún más la tensión.

El presidente Sánchez, arropado por su círculo más próximo, confía en que la situación se estabilice con el paso del tiempo.

Algunos nostálgicos recuerdan que, incluso en momentos difíciles como los vividos en 1996, el PSOE estuvo a punto de revalidar el poder.

Sin embargo, el clima político y social actual es cada vez más tenso, y el desgaste institucional se hace visible. El Ejecutivo afronta acusaciones graves —que van desde campañas de desinformación hasta uso partidista de organismos públicos— mientras intenta desvincularse de los actores implicados y proyectar una imagen de firmeza y serenidad.

Sánchez llegó a La Moncloa con un mensaje de regeneración democrática. Hoy, tras siete años de mandato, su Gobierno se ve obligado a gestionar una crisis de credibilidad compleja, donde los hechos se entrelazan con narrativas, y las explicaciones resultan cada vez más exigidas por la opinión pública.

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