De izquierda a derecha, Maite Morillo decana del Colegio de la Abogacía de Bizkaia; Jesús Salvador Muñoz Carrasquer (que ejerció de moderador de la mesa) y Marta Martínez, decana del Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa. Foto: Confilegal
De litigantes a solucionadores, la abogacía ve la ley 1/2025 como una «oportunidad para liderar la actividad negociadora”
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07/6/2025 05:35
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Actualizado: 06/6/2025 23:51
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Dejar atrás el papel tradicional de litigantes para convertirse en líderes de la solución dialogada de los conflictos. Ese fue el mensaje central que defendieron con convicción las decanas Maite Morillo (Colegio de la Abogacía de Bizkaia) y Marta Martínez (Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa) durante la mesa redonda “La oportunidad de liderar la actividad negociadora”, celebrada en el marco de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía, moderada por Jesús Salvador Muñoz Carrasquer.
Ambas decanas abordaron el profundo cambio cultural y profesional que supone la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que convierte en requisito de procedibilidad acudir a los Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en buena parte de los procedimientos civiles y mercantiles.
Lejos de ver la norma como una amenaza, Morillo y Martínez apelaron a asumirla como una oportunidad estratégica para la abogacía: la de colocarse en el centro de la gestión del conflicto, reforzando su papel como garantes de la legalidad, la confianza y el acuerdo.
“Ya no basta con litigar: hay que saber negociar, mediar, colaborar y proponer soluciones”, afirmaron.
Y para ello, el liderazgo legal resulta imprescindible.
Maite Morillo, decana del Colegio de la Abogacía de Bizkaia y miembro de la Comisión Consultiva del CGAE, defendió que los abogados están llamados a liderar los procesos de negociación y resolución alternativa: “Tenemos que pasar de ser litigantes a ser solucionadores, directores del conflicto. Y tenemos que ir más allá del litigio, de los recursos, del desgaste emocional y económico que supone un juicio”.
A su juicio, la abogacía está especialmente dotada para este papel gracias a su formación jurídica, analítica y estratégica: “Estamos entrenados para ver los conflictos desde múltiples perspectivas, identificar riesgos y prever consecuencias legales. También entendemos los intereses y los límites éticos y legales que enmarcan los problemas”.
Además, insistió en que “la presencia de un abogado en la mesa de negociación genera confianza y respeto. Ese plus debemos aprovecharlo”.
Pero también advirtió que negociar no es improvisar: “Es imprescindible contar con formación en técnicas de negociación y en medios adecuados de solución de controversias. Y promover la empatía, la escucha activa, la gestión emocional”.
Morillo compartió un dato revelador del proyecto piloto impulsado en el País Vasco, que es ya una realidada tras la entrada en vigor de la citada ley 1/2025: en 2024, el 80 % de los usuarios de justicia gratuita informados sobre la posibilidad de acudir a la mediación o al derecho colaborativo aceptaron participar en alguno de esos procesos.
“Esto ha permitido duplicar el conocimiento de la ciudadanía sobre los MASC en apenas un año”, aseguró.
Marta Martínez reivindicó la fuerza transformadora de los métodos adecuados si se implementan bien y con liderazgo de los letrados: “Somos impresionantes, somos necesarios y somos el pilar de la justicia. No los jueces, sino los abogados y las abogadas”.
Citando a Winston Churchill, recordó que “Un pesimista ve dificultad en toda oportunidad; un optimista ve oportunidad en toda dificultad.”
Una actitud que, en su opinión, debe adoptar la abogacía ante la Ley Orgánica 1/2025: verla no como una carga o una amenaza, sino como una oportunidad estratégica para liderar la transformación de la justicia hacia un modelo más dialogado, ágil y cercano al ciudadano.
Martínez ironizó con que en su entorno ya le han dicho que ha pasado “al lado oscuro” por defender los ADR (Ella prefiere utilizar el término ADR (Alternative Dispute Resolution) en lugar del acrónimo español MASC (Métodos Adecuados de Solución de Controversias) por una razón fundamental: coherencia con la terminología internacional.
Y, en este sentido, utilizando como símil el flamenco subrayó que “El flamenco, como los ADRs, nace del diálogo profundo entre el cantaor y la guitarra, entre el conflicto y su resolución. El quejío flamenco no es un grito de guerra, sino una llamada al entendimiento y al reconocimiento mutuo”.
La decana de Tortosa comparó la resolución dialogada con una carrera de montaña: “Te encuentras de todo: subidas, bajadas, piedras, atajos, pérdidas y reencuentros. Pero el paisaje merece la pena”.
Frente al miedo a perder ingresos con estos métodos, fue contundente: “Prefiero ganar el 50 % en seis meses que el 100 % en seis años”.
Apeló a un cambio de mentalidad en la profesión: “El requisito de procedibilidad no está para ir al juzgado, sino para evitarlo. Si no lideramos nosotros, lo harán otros colectivos”.
Y defendió que la ley abre un nuevo campo de trabajo: “La negociación la hacemos los abogados. La mediación también. La conciliación, igual. Y el derecho colaborativo es exclusivo para nosotros”.
De la queja a la oportunidad para la abogacía
Tanto Maite Morillo como Marta Martínez ven la Ley Orgánica 1/2025 como una oportunidad histórica para la abogacía, porque sitúa a los abogados y abogadas en el centro de la gestión del conflicto y revaloriza su función como garantes del diálogo, la legalidad y el acuerdo.
No es solo un cambio legal; es un giro cultural que permite a la profesión evolucionar desde el rol clásico de litigantes hacia un perfil más amplio y estratégico: el de solucionadores, mediadores y líderes de procesos negociadores.
Ambas coincidieron en ver la Ley 1/2025 no como una imposición, sino como una herramienta útil si se aplica con inteligencia y compromiso. “El legislador no ha confiado en la abogacía, pero ahora nos toca demostrar que somos capaces de dar cumplimiento y tirar adelante esta nueva legislación”, dijo Martínez.
Morillo, por su parte, recordó que en la práctica actual muchas veces se confunde la negociación con meros pactos de última hora: “Negociar no es llegar a un acuerdo el día antes del juicio porque el cliente ahora tiene prisa. Eso no es negociar, es improvisar”.
Y concluyó con una propuesta concreta: “Estamos trabajando en los colegios del País Vasco para crear también turnos de conciliadores, además de los ya existentes de mediadores y derecho colaborativo, con una formación mínima de 10 horas para garantizar unos estándares básicos de calidad”.
Un nuevo relato profesional
Para ambas, la ley marca un antes y un después. Y es momento de decidir si se interpreta como un obstáculo… o como una oportunidad histórica de transformación. Y coincidieron también en señalar que la abogacía debe liderar el nuevo relato de la justicia como espacio de construcción, no de destrucción.
Para Morillo, la presencia de un abogado en una mesa de negociación aporta credibilidad, confianza y autoridad, factores clave para que las partes se sientan seguras y puedan llegar a acuerdos. “El hecho de que haya un abogado en una mesa de negociación genera respeto. Ese plus debemos aprovecharlo”.
“Perder —dijo Martínez— no significa que no te hayan dado la razón. Significa que, aun teniéndola, no has conseguido que tu cliente gane. Y eso sucede más veces de las que nos gustaría admitir”.
Las dos decanas entienden que la Ley 1/2025 no debe verse como un obstáculo burocrático o una carga añadida, sino como una oportunidad de transformación profesional que dignifica la abogacía, la acerca a la ciudadanía y la coloca al frente de una nueva cultura jurídica centrada en la concordia y la solución negociada.
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