¿Qué ocurre con los niños bajo tutela del Estado cuando una ola de calor, un incendio o una inundación arrasa su entorno? Esa es la pregunta que ha guiado la elaboración del Informe sobre Justicia Climática Infantil, presentado esta semana en el marco del Congreso Mundial Justice with Children 2025, celebrado en Madrid con el respaldo de organismos internacionales como la ONU, UNESCO, UNICEF y la Unión Europea.
Fruto de la colaboración pro bono entre Baker McKenzie e Iberdrola, en el marco del proyecto global Construyendo Juntos, el informe analiza cómo los sistemas de justicia infantil en 25 países enfrentan —o no— la realidad del cambio climático y sus efectos sobre los menores más vulnerables: aquellos que están bajo la protección institucional del Estado.
Falta de preparación ante el riesgo climático
Durante el taller “Climate (in)justice for children”, celebrado el 3 de junio dentro del Congreso, se presentaron los hallazgos principales. El estudio constata una ausencia generalizada de protocolos específicos en los centros de menores y sistemas de justicia juvenil para responder a desastres naturales.
Esta carencia resulta crítica, especialmente cuando los informes científicos alertan del incremento en frecuencia e intensidad de fenómenos como olas de calor, incendios forestales, huracanes o inundaciones.
En el caso del Reino Unido, por ejemplo, si bien Escocia ha adoptado estándares de cuidado seguro alineados con la Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1989), no existen aún medidas específicas de respuesta ante emergencias climáticas en las instalaciones de justicia juvenil británicas. Esta realidad se repite, con matices, en otras jurisdicciones analizadas.
Una llamada a la acción legal y social
“El cambio climático está afectando ya a las estructuras de justicia juvenil y tenemos que adelantarnos”, advirtió Angela Vigil, directora global de la práctica pro bono de Baker McKenzie.
“Nuestro informe demuestra la urgencia de establecer protocolos de emergencia, planes de evacuación, protección de datos, acceso a información y acompañamiento emocional adaptado a niños en situaciones de catástrofe climática”.
Por su parte, María Elena Sanz, responsable global del programa pro bono de Iberdrola, subrayó que “los niños y jóvenes son los futuros agentes del cambio en la transición energética, y necesitan herramientas legales para proteger sus derechos”. También recordó que “son precisamente quienes menos han contribuido al cambio climático y quienes más lo sufrirán”.
Una iniciativa global con impacto jurídico
El Congreso Mundial Justice with Children se celebra cada cinco años y está organizado por la Global Initiative on Justice With Children, coordinada por la fundación Terre des hommes, con el objetivo de impulsar reformas políticas y compartir buenas prácticas a nivel internacional.
El informe, elaborado con la participación de profesionales de Baker McKenzie e Iberdrola en España, Estados Unidos, México, Brasil y Escocia —incluyendo filiales como Neoenergia, Scottish Power y Avangrid—, constituye una herramienta de análisis y propuesta de acción legal para Gobiernos y organizaciones internacionales.
