El Congreso de los Diputados celebra este jueves el debate de totalidad del Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, presentado por el Gobierno.
Se trata del primer paso parlamentario de una reforma que ha encendido las alarmas en el seno de la Judicatura y el Ministerio Fiscal y que se hace por el procedimiento de urgencia, conforme a los artículos 109 y 93 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Esto implica que los plazos para la presentación de enmiendas y los debates en comisión y pleno son más breves de lo habitual, con el objetivo de agilizar la aprobación de la norma.
La motivación principal para recurrir al procedimiento de urgencia suele ser la necesidad de dar una respuesta normativa rápida ante situaciones que el Ejecutivo considera prioritarias o que requieren una pronta solución, ya sea por motivos políticos, sociales, institucionales o de funcionamiento de los servicios públicos, lo que ha sido ampliamente criticado por la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales.
Cinco, de siete asociaciones profesionales —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)—, han manifestado su rechazo.
Han pedido públicamente «la retirada» de este proyecto de ley porque recoge «medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial»; el texto no responde a «una verdadera demanda social» y no contribuye a «solucionar los verdaderos problemas de la Justicia».
La razón de fondo: consideran que el texto compromete principios constitucionales como la independencia judicial (artículo 117.1 CE) y no aborda los verdaderos problemas estructurales del sistema.
Todas, salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, han convocado un paro simbólico de 10 minutos a las 12 de la mañana de este miércoles en señal de protesta con concentraciones ante las puertas de los palacios de justicia.
¿Qué cambia exactamente?
El proyecto incorpora modificaciones sustanciales en el sistema de acceso y carrera: Sustituye la tercera prueba memorística por una nueva prueba escrita en la oposición cuya finalidad es diversificar perfiles y contenidos, amplía el número de plazas ofertadas para jueces y fiscales, aunque no define aún la financiación específica, establece legalmente el blindaje de becas para opositores, una reivindicación histórica en aras de la igualdad de oportunidades (artículo 9.2 CE), y prohíbe la financiación privada de asociaciones judiciales, lo que ha generado inquietud sobre su capacidad de funcionamiento y autonomía.
Además, la norma crea el “cuarto turno” para el acceso a la carrera fiscal —un mecanismo de entrada desde el ejercicio profesional con méritos acreditados, ya existente en la judicatura (art. 311 LOPJ)— y establece un proceso extraordinario de regularización para los mil jueces sustitutos.
Cesiones previas y resistencias actuales
Tras las objeciones iniciales de las asociaciones, el Ministerio de Justicia retiró del texto dos aspectos especialmente conflictivos: la fase de sustitución y refuerzo de los jueces en prácticas (cuatro meses), y el traslado forzoso de jueces de su destino al ascender a la categoría de magistrado.
Sin embargo, para las asociaciones, el texto sigue adoleciendo de “falta de diálogo real” y plantea “riesgos estructurales para la independencia judicial”.
Las enmiendas de devolución
El Partido Popular y Vox han presentado enmiendas a la totalidad.
El PP exige al Gobierno que retire el proyecto y lo sustituya por “una reforma participada y abierta, que refuerce —en lugar de debilitar— la independencia judicial”.
Vox sostiene que la propuesta “desmantela el equilibrio institucional” y, por tanto, “lesiona el interés general”.
Ambas formaciones consideran que el modelo propuesto erosiona el principio de separación de poderes (artículos 1.1 y 117 CE) al aumentar la capacidad del Ejecutivo para condicionar las reglas de acceso, estructura y financiación del Poder Judicial.
La defensa del Gobierno
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, será el encargado de presentar la iniciativa. En anteriores intervenciones públicas —incluida su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado— ha sostenido que se trata de una reforma “imprescindible” para modernizar la Justicia y adecuarla “a las exigencias del siglo XXI”.
Bolaños ha insistido en que la estructura actual “lleva décadas sin reformas sustanciales”.
El ministro ha rechazado que la norma comprometa la independencia judicial y ha calificado los temores expresados por las asociaciones de “infundados”.
Una reforma con consecuencias institucionales
Aunque el texto no afecta de forma directa al CGPJ —cuyo nombramiento sigue siendo otro de los grandes frentes abiertos—, las asociaciones temen que esta reforma siente un precedente que permita al Ejecutivo influir, de forma indirecta, en la configuración del tercer poder del Estado.
El artículo 117.1 de la Constitución consagra la independencia del Poder Judicial, mientras que el artículo 122 regula su estructura orgánica. Toda modificación que afecte a su funcionamiento requiere una Ley Orgánica, lo que eleva el listón político y jurídico de la reforma.
El Congreso decidirá ahora si la norma sigue su tramitación parlamentaria. Pero, independientemente del resultado del jueves, el malestar corporativo y la fractura institucional ya están sobre la mesa.
