El colapso de los Juzgados de Violencia sobre la mujer es «inminente». Los refuerzos prometidos por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, son insuficientes y llegarán tarde; una situación que desmantela de facto la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y ponen fecha: el 3 de octubre próximo, fecha de entrada en vigor de las nuevas competencias.
Así de contundentes se pronuncian en un comunicado 105 jueces de violencia sobre la mujer. Al que se han adherido y respaldado 316 jueces y magistrados, 50 fiscales, 91 letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios de 38 oficinas judiciales de juzgados de violencia sobre la mujer de otras tantas ciudades españolas
Los jueces de violencia sobre la mujer firmantes recuerdan que el 8 de marzo pasado ya advirtieron de las «nefastas consecuencias» que podían derivarse de la «ampliación de la competencia de estos órganos para, entre otras cuestiones, conocer en el ámbito penal, de los delitos como agresiones sexuales, mutilación genital femenina, acoso con fines sexuales, o trata de personas con fines de explotación sexual, con independencia del vínculo entre la víctima y el agresor«,
Lo que superaba el ámbito en el que nacieron estos juzgados, que se fue la violencia de género en las relaciones de la pareja o expareja.
«Advertimos que esto suponía una sobrecarga del 20% en Juzgados ya saturados sin medios suficientes ni refuerzos; señalamos que la entrada en vigor de esa nueva competencia sería el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de que los Tribunales de Instancia estuvieran operativos, y alertamos de que esta “reforma a coste cero” vulneraba los compromisos del Convenio de Estambul y ponía en riesgo la atención integral que merecen las víctimas», añaden.
UN EMBUDO INEVITABLE EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
Después de aquello, recuerdan que el ministro Bolaños anunció que se crearían más de un 50 % de las plazas destinadas a violencia sobre la mujer con un aumento de recursos donde fuera necesario.
Ahora, a 9 de junio, los jueces de violencia sobre la mujer hacen balance. Y no es muy positivo: «Las plazas prometidas no son ni mucho menos ese 50% que se anunció: son muchos los partidos judiciales donde nada se crea; en otros se crea una plaza, a cambio de agrupar partidos judiciales -con lo que ello supone en cuanto a desplazamiento de las víctimas-, y de las grandes capitales, tan solo en Madrid se crean tres plazas, mientras que en Barcelona, Málaga y Sevilla, solo se crea una, y en Valencia, ninguna».
Las plazas creadas no estarán disponibles si no se constituyen antes los Tribunales de Instancia, por lo que su entrada en funcionamiento se aplazará hasta que exista la correspondiente Oficina Judicial.
«Es decir, que el día 3 de octubre de 2025 no habrá ese 50 % de jueces más, con total y absoluta seguridad, y el día 31 de diciembre de 2025, que es la fecha de entrada en vigor, con elevada probabilidad, tampoco estarán, porque no se habrán creado esos Tribunales de Instancia, y, por lo tanto, tampoco esas plazas adicionales que se vinculan a los mismos. Porque donde no hay Tribunal de Instancia, tampoco habrá plaza de nueva creación, o, en su caso, de reconversión», subrayan.
Con lo que dicen confirmar que la ampliación se va a imponer sin dotación efectiva de recursos, «vulnerando la propia Ley Orgánica 10/2022: nada se dice sobre el correlativo y necesario aumento de la plantilla de funcionarios, ni de LAJs, con lo que el embudo será inevitable».
Consecuencia: La carga de trabajo de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer aumentará drásticamente por la asunción de casos de violencia sexual, nuevas competencias civiles introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, y futuras reformas legales que ampliarán aún más sus funciones.
EL CONVENIO DE ESTAMBUL NO LO IMPONE
Los jueces de violencia sobre la mujer terminan su comunicado desmintiendo el relato de que lo impone el Convenio de Estambul para dar una respuesta más ágil y rápida al problema de la violencia sobre la mujer, cuando en realidad el convenio no exige que estas competencias recaigan en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Lo que se producirá, afirman, es que lejos de mejorar la respuesta, la medida provocará más demoras, menor cercanía y mayor estandarización, vulnerando compromisos internacionales que exigen procesos rápidos y accesibles para las víctimas. «Porque, como ya dijimos, cuando todo es urgente e importante, todo deja de serlo», concluyen.
