Ninguno de los empresarios figuran como investigados en al causa, pero su supuesta implicación en el amaño de adjudicaciones de obra pública ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar estas diligencias que lleva a cabo la UCO. Foto: EP.
El magistrado del caso Koldo-Ábalos ordena registros a 4 empresarios vinculados a contratos públicos bajo sospecha
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15/6/2025 09:29
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Actualizado: 15/6/2025 09:30
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Leopoldo Puente, el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ha ordenado el registro de los domicilios de cinco empresarios citados en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Aunque ninguno de ellos figura como investigado formalmente, su presunta implicación en el amaño de adjudicaciones de obra pública ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar estas diligencias.
Según la UCO, los contratos bajo sospecha fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos ejecutados en distintas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Galicia, Murcia y Cataluña.
Las actuaciones se apoyan en grabaciones extraídas de los dispositivos incautados a Koldo García en febrero de 2024. En ellas, se recogen conversaciones mantenidas entre García, Ábalos y el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre supuestas “contraprestaciones económicas” exigidas a cambio de adjudicaciones públicas.
1. Fernando Merino (Acciona)
Exdirectivo de Acciona Infraestructuras y Construcción. Anticorrupción señala que su nombre aparece en varias grabaciones en las que, presuntamente, sugería a Koldo qué obras interesaban a Acciona. A juicio de la Fiscalía, dichas sugerencias se tradujeron en adjudicaciones y pagos posteriores.
La relación entre ambos se remonta, al menos, a 2015. Correos electrónicos y anotaciones personales de Koldo recogen referencias explícitas a Merino, bajo el alias de “cordobés” o “cordo”, y conversaciones sobre dinero y subvenciones.
El juez ha reclamado a Acciona el contenido de su correo corporativo y documentación sobre cinco contratos públicos adjudicados por más de 537 millones de euros. Acciona, en un comunicado, mostró su “total desconocimiento” de los hechos y anunció medidas internas.
2. Joseba Antxón Alonso Egurrola
Presunto intermediario en la operativa, vinculado a las empresas Noran Coop y Servinabar, adjudicatarias de obras en Navarra junto a Acciona. Según la UCO, podría haber canalizado pagos a Ábalos y Koldo. La investigación también destaca su proximidad con Cerdán.
Alonso, apodado “Guipu” o “Gui”, habría recibido 177.000 euros procedentes de Servinabar, frente a los 8.700 euros percibidos por Koldo pese a compartir la cooperativa a partes iguales, lo que Anticorrupción considera “llamativo”.
3. José Ruz Martínez (LIC)
Se le vincula con adjudicaciones obtenidas por Levantina Ingeniería y Construcción tras supuestas gestiones de Koldo ante altos cargos del Ministerio y organismos como Adif. Las obras habrían incluido tramos de la A-12, proyectos en Dos Hermanas, Elche o Teruel.
El informe recoge que Ruz abonaba una “pensión” de 1.100 euros mensuales a Koldo, hasta que dejó de hacerlo a finales de 2023. Se comunicaban, según la UCO, a través de “líneas seguras”, denominadas en clave como “cafetera”.
4. Daniel y Antonio Fernández (OPR)
Daniel Fernández, administrador de OPR, habría logrado contratos públicos mediante su relación con Koldo y Ábalos. Su hermano Antonio, apoderado de la empresa, utilizó su vínculo personal con Koldo para influir en licitaciones ante Adif y el Ministerio.
Según la Guardia Civil, ambos mantuvieron contactos frecuentes con el exasesor incluso después de su salida del Ministerio, con el objetivo de conocer los nuevos responsables de obra pública. Uno de los indicios señalados es que la entonces pareja de Koldo fue contratada por una sociedad vinculada a OPR, sin constar actividad laboral efectiva.
Los Fernández, además, son cuñados de Fernando Merino, lo que refuerza el nexo entre los diferentes actores involucrados.
La investigación avanza sobre un patrón común: adjudicaciones millonarias a empresas supuestamente beneficiadas por contactos políticos, a cambio de contraprestaciones económicas.
Los registros autorizados por el Supremo podrían esclarecer la trazabilidad de esos pagos y la posible connivencia entre funcionarios, asesores y empresarios.
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