La información sobre la que se ha basado la UCO ha sido facilitada por el empresario investigado, Victor de Aldama. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, encargó esta investigación sobre estas empresas de una forma específica. Sobre estas líneas, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Foto: EP.
ACCIONA, LIC y OPR supuestamente habrían financiado una red de favores a cambio de contratos públicos
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12/6/2025 17:45
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Actualizado: 12/6/2025 17:45
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En el epicentro de la trama de corrupción que sacude al Ministerio de Transportes no solo figuran políticos, asesores y cargos públicos.
También aparecen, con nombre y cifras, algunas de las principales empresas adjudicatarias de obra pública en España, como ACCIONA, LEVANTINA Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR).
El. informe elaborado por la Unidad Central Operativa (OCU) de la Guardia Civil fue ordenado por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente quien indicó que debía centrarse en el proceso de adjudicación de las obras destacadas en la documentación aportada por el empresario investigado, Víctor de Aldama, en la que identificaba a las empresas adjudicatarias.
La investigación se ha nutrido principalmente de conversaciones de mensajería instantánea y grabaciones de audio realizadas por Koldo García, el hombre de confianza de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, en las que se perseguía el pago de presuntas contraprestaciones económicas por la adjudicación de obra pública.
El informe se circunscribe al análisis de las adjudicaciones a ACCIONA, Obras Pùblicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), compañías que habrían realizado pagos sistemáticos, simulados o encubiertos, para asegurarse contratos millonarios en organismos como ADIF o la Dirección General de Carreteras.
Los hechos apuntan a un modelo bien definido: pagos a cambio de adjudicaciones. No por vía oficial, sino mediante facturas ficticias, contrataciones simuladas, transferencias a sociedades pantalla o incluso entregas en efectivo en bares.
Las empresas, lejos de ser víctimas, habrían sido actores esenciales de la presunta red corrupta, financiando con recursos privados el acceso privilegiado a contratos públicos.
ACCIONA: facturas falsas, adjudicaciones en Murcia y pagos en efectivo
La multinacional ACCIONA aparece como una de las empresas más comprometidas en el sumario.
Se le atribuyen pagos por al menos 1.070.000 euros, de los cuales 620.000 habría sido ya percibidos por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y 450.000 quedarían pendientes.
Buena parte de este dinero está vinculado a adjudicaciones concretas en Murcia, aunque otras cantidades —como 70.000 euros— se asociaron a operaciones inmobiliarias opacas sin expediente conocido.
Pero el mecanismo más llamativo fue la “operativa de compensación” a través del BAR FRANKY, donde se emitían facturas ficticias para justificar pagos en metálico.
Además, sociedades vinculadas a los investigados, como SERVINABAR o NORAN COOP, habrían servido de vehículos para canalizar pagos ilegales, con conocimiento o colaboración de cargos intermedios de ACCIONA.
LEVANTINA: nóminas encubiertas, comisiones por adjudicaciones y favores de obra
LEVANTINA Ingeniería y Construcción también está en el centro de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La empresa presuntamente abonó una nómina mensual de 2.600 euros a Koldo García, exasesor de Ábalos, sin que existiera actividad laboral alguna.
Además, se habrían canalizado otros 1.100 euros mensuales desde José Ruz a Koldo, parte de los cuales —700 euros— se habrían destinado a pagar una pensión privada a Ábalos.
La compañía también habría abonado 70.000 euros en comisiones a una sociedad instrumental (DELUXE FORTUNE), controlada por el intermediario Víctor de Aldama, por facilitar adjudicaciones del MITMA.
Otras formas de pago habrían incluido efectivo entregado directamente a los implicados y obras en especie en clubes deportivos frecuentados por miembros de la red.
OPR: contratos simulados y adjudicaciones a medida
Obras Públicas y Regadíos (OPR) aparece vinculada a la presunta trama a través de ÁRIDOS ANFERSA SL, empresa desde la que se contrató, presuntamente de forma ficticia, a Patricia Uriz, esposa de Koldo García.
El sueldo mensual —1.300 euros— se habría mantenido durante al menos nueve meses sin que mediara trabajo alguno.
Según el informe de la Guardia Civil, el objetivo era asegurar a OPR un trato de favor en concursos públicos, incluida la obra del tramo Salas-La Espina en Asturias o modificaciones contractuales en Úbeda.
La empresa fue presentada a la presidenta de ADIF por altos cargos de ACCIONA y se habrían orquestado reuniones para “planificar futuras adjudicaciones”, incluyendo procedimientos de emergencia.
El papel de las empresas
Más allá de los políticos implicados, el caso revela una activa participación de actores privados en el diseño y financiación de prácticas corruptas.
Las empresas no solo supuestamente pagaban; lo hacían con un conocimiento claro de lo que recibían a cambio: adjudicaciones, modificación de contratos y favores técnicos en los informes que determinaban qué licitador ganaba.
En el fondo, lo que está bajo sospecha no es solo un grupo de individuos. Es el sistema de relaciones entre poder político y grandes contratistas, donde las líneas entre competencia pública y trato privilegiado se difuminan bajo la cobertura de facturas, nóminas y comisiones.
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