El magistrado instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tomará hoy declaración, en calidad de investigados, a un exdirectivo de Acciona y a uno de sus subordinados.
Ambos están vinculados a varias obras públicas adjudicadas a la UTE Acciona–Servinabar, la sociedad que, según la Guardia Civil, se sitúa en el centro de una presunta trama de amaños a cambio de comisiones ilícitas.
Los interrogados serán Justo Vicente Pelegrini, director de Construcción de Acciona en España hasta su cese el pasado 16 de junio, y un subordinado suyo. Acciona prescindió de ellos tras el informe de la UCO, que señalaba varias adjudicaciones comprometidas.
Puente tenía previsto escuchar también hoy a Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, responsables de las zonas norte y sur de Acciona Construcción.
Ambos dependían jerárquicamente de Pelegrini y fueron suspendidos de sus funciones el 18 de noviembre, tras un nuevo informe de la UCO sobre las relaciones entre Acciona, Servinabar y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La declaración de García Alconchel queda finalmente aplazada al 15 de diciembre por motivos de salud de su defensa.
CERDÁN, DUEÑO DEL 45 % DE LA EMPRESA SERVINABAR
Las diligencias revelan que Cerdán poseía el 45% de Servinabar, junto a su socio y “amigo” Antxon Alonso, y un tercer partícipe, Jon Aritz Santamaría, con un 4%.
La UCO sitúa el origen de la relación entre Servinabar y Acciona en 2015, en el proyecto de Mina Muga (Navarra). Aquel año, ambas partes firmaron un acuerdo marco —Pelegrini por Acciona y Alonso por Servinabar— para “explorar futuras oportunidades de negocio”, con una comisión del 2% para la sociedad de Cerdán. Según los investigadores, por ese cauce se articuló la presunta trama.
Acciona niega haber pagado comisión alguna y advierte que ejercerá acciones legales si las pesquisas determinan algún perjuicio para la empresa.
La UCO detalla que Pelegrini mantenía “asidua comunicación” con Alonso y que ambos se reunieron en varias ocasiones, a veces también con Cerdán. Algunos encuentros incluyeron medidas de seguridad rudimentarias, como intercambiar notas manuscritas mostradas fugazmente por videoconferencia.
El foco policial abarca otras obras adjudicadas a la UTE —una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y el tren de Sant Feliú— por un total superior a 245 millones de euros.
Tanto Olarte como García Alconchel figuran como firmantes de los distintos Memorándum de Entendimiento (MoE) ligados a dichas adjudicaciones.
La investigación alcanza también la obra del puerto de Kenitra (Marruecos), a la que optaba Acciona.
Según la UCO, Cerdán se unió “in extremis” a un viaje oficial de 2019 encabezado por el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para influir en esta licitación. En un mensaje de diciembre de ese año, Alonso trasladó a García Alconchel su inquietud: “Marruecos, se les está presionando desde aquí”.
Otro exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, aparece igualmente investigado por su relación con Koldo y por el supuesto impacto de esa conexión en adjudicaciones irregulares. El juez vincula además a la constructora OPR, propiedad de los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, cuñados de Merino. Puente ordenó registros en los domicilios de todos ellos, así como en sedes de Acciona y OPR, en dos operativos, el último en noviembre.
Los investigadores calculan que Servinabar ingresó al menos 6.707.294,67 euros procedentes de Acciona, el 75% del total recibido entre 2015 y 2023 (8,9 millones).
El resto —unos 2,19 millones— provino de otras sociedades, servicios financieros no identificados y suscripción de préstamos.
En cuanto a los pagos, la UCO estima una salida de fondos de 9.701.121,96 euros en diez años. La mayor parte —un 48,79%— corresponde a transferencias a terceros, gastos diversos y operaciones bancarias, por encima del pago de nóminas (20,98%) o impuestos (28,42%).
La Benemérita señala como principales beneficiarios a Cerdán y su familia: nóminas, alquileres —incluida la vivienda familiar en Madrid— y una tarjeta de crédito con más de 33.000 euros cargados. Alonso llegó a comentar a su esposa: “A Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”, en alusión a la mujer del exdirigente socialista.
