Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado este viernes varias sedes de la empresa Acciona en el marco de una pieza separada del ‘caso Koldo’ que se investiga bajo secreto en el Tribunal Supremo.
Los agentes se han presentado en instalaciones de Acciona en Bilbao y Madrid para practicar registros relacionados con unas diligencias secretas que afectan a posibles irregularidades vinculadas al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Además de Acciona, los investigadores también han acudido a otra empresa con sede en Sevilla para un requerimiento de información. También se realizaron actuaciones similares en otras dos mercantiles radicadas en San Sebastián.
El informe de la UCO que desembocó en la dimisión de Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE —y que actualmente se encuentra en prisión provisional— apuntaba a posibles irregularidades en adjudicaciones de obra y al cobro de comisiones presuntamente junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.
En dicho documento, la Guardia Civil situaba el origen de la operativa investigada en Navarra, territorio de influencia de Cerdán y García, quienes mantenían “una estrecha relación” derivada de la política local. Según la UCO, la continuidad de las relaciones entre Koldo García y Acciona se remonta a 2015.
El punto de partida de la UCO
Los agentes señalaban como punto de partida “una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón” que “contrató los servicios de Acciona” en una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a una pequeña mercantil, Servinabar. Tras ese informe, el Supremo solicitó información para analizar diversas UTE de Acciona con sociedades de menor tamaño.
Cerdán permanece en prisión provisional desde el 30 de junio como presunto cabecilla de la trama de obra pública del ‘caso Koldo’. No obstante, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha avanzado en varios autos que prevé acordar su puesta en libertad antes de que se agote el plazo máximo de seis meses, que vence el 30 de diciembre. Para ello, indicó, era necesario asegurar previamente algunas pruebas.
Mientras, Ábalos y Koldo García —a un paso de juicio por la presunta trama de mascarillas— siguen en libertad con medidas cautelares, las mismas que el Supremo impuso al exdirectivo de Acciona Fernando Merino y al dueño de Servinabar, Antxon Alonso, descrito como “amigo” de Cerdán: prohibición de salir del país con entrega de pasaporte y obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.
