El magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, investiga si más de 700.000 euros en comisiones ilegales fueron obtenidos a través de una red que habría utilizado contratos públicos y ayudas estatales para su propio beneficio.
En este marco, ordenó la detención de la «fontanera» del PSOE, Leire Díez, el empresario Antxon Alonso, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, considerados piezas clave de la presunta operativa.
Según el auto de Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, los investigadores sostienen que los tres integraban un grupo denominado “Hirurok”, que habría influido de forma coordinada en decisiones de distintas administraciones públicas para asegurar adjudicaciones y subvenciones favorables.
Para «la perfección de este sistema», los tres habrían actuado de manera coordinada con el objetiva «de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones» a través de «contratación y facturación mendaz», y canalizando los fondos principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan, según la resolución, que la actividad de los investigados se habría desarrollado «al menos entre 2021 y 2023»; se habría proyectado a «distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas», y habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar «la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones».
A cambio, el grupo habría percibido comisiones que, en conjunto, superan los 700.000 euros.
La resolución judicial detalla que el dinero se habría obtenido mediante una mecánica reiterada: intermediación en expedientes públicos, contratos y facturación presuntamente ficticios, y posterior canalización de fondos a través de la sociedad Mediaciones Martínez.
Entre las principales operaciones vinculadas a esas comisiones figura el rescate de la empresa Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros de la SEPI. Por esta actuación, el grupo habría cobrado cerca de 115.000 euros.
A ello se suma la adjudicación por Mercasa de un contrato considerado innecesario a la empresa Servinabar, por el que se habrían generado ingresos irregulares adicionales.
El volumen más elevado de las comisiones, según el magistrado, estaría relacionado con la adjudicación de un contrato de 2,8 millones de euros por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias, que habría supuesto pagos de hasta 400.000 euros al grupo.
Otras cantidades procederían de sobrecostes en la contratación de un despacho de abogados por parte de la empresa pública Enusa y de una ayuda de 17,32 millones concedida por Sepides al grupo Forestalia, esta última asociada a un pago pactado de 200.000 euros.
El magistrado subraya que gran parte de esos más de 700.000 euros se destinó a inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, presuntamente compartidas por los tres investigados, mientras que otra parte se repartió de forma individual. En el caso del expresidente de la SEPI, se le atribuye haber recibido al menos 49.350 euros.
Aunque los tres fueron detenidos, el magistrado acordó su puesta en libertad con medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales ante el juzgado.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, con el presunto cobro de más de 700.000 euros como eje central de la causa.
