Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona en España hasta el pasado mes de junio, ha negado, ante el magistrado instructor del Supremo en el caso Koldo, Leopoldo Puente, haber cometido irregularidades en las obras obtenidas en una Unión Temporal de Empresas (UTE), con Servinabar. Y mucho menos haber. pagado comisión alguna por las adjudicaciones recibidas gracias a Santos Cerdán o a José Luis Ábalos.
En esta compañía, Servinabar, es accionista el exsecretario de Organización del PSOE, Cerdán.
Pelegrini ha explicado al magistrado que el 2 % que recibía Servinabar era una práctica común por los servicios de prevención de riesgos laborales que prestaba.
Añadieron, además, que no se trataba de una cantidad fija, sino del tope de beneficios que la pequeña empresa podía obtener dentro de la UTE formada con Acciona.
El exdirectivo de la multinacional de la construcción española también ha sido preguntado por las reuniones que mantuvo con el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, y con Santos Cerdán.
Estas reuniones aparecen mencionadas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se analizan los vínculos entre las empresas y el dirigente socialista, que presuntamente poseería el 45% de la compañía navarra.
Pelegrini situó estos encuentros en el contexto del proyecto Mina Muga (Navarra), iniciado en 2015, donde la UCO ubica el origen de la relación entre ambas compañías y de la presunta trama para manipular adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.
De acuerdo con fuentes jurídicas, Pelegrini, explicó que Cerdán asistía a esas reuniones como “amigo” de Alonso y también como “agente social”, es decir, como alguien que participa en debates sobre el impacto de proyectos en la región.
No obstante, cuando se le preguntó si se había reunido igualmente con representantes de otros partidos políticos o colectivos sociales, respondió que no.
También ha declarado esta mañana ante el juez Tomás Olarte, responsable de la zona norte en Acciona, subordinado de Pelegrini, actualmente suspendido, quien aseguró que la UTE formada por Acciona y Servinabar realizaron los trabajos que les correspondían y que existe documentación y facturas que lo acreditan.
Olarte explicó al magistrado que solo conoce al socio de Cerdán, Antxon Alonso, por motivos laborales y que no tiene relación alguna ni con Cerdán, ni con José Luis Ábalos ni con Koldo García, los tres investigados en esta causa.
La UCO calcula que Servinabar recibió de Acciona al menos 6,7 millones de euros, lo que supone el 75% de todos sus ingresos entre los años investigados (8,9 millones en total). El resto, unos 2,2 millones, procedería de otras empresas, operaciones bancarias difíciles de rastrear y préstamos.
Petición de medidas cautelares
Tras las declaraciones, se celebraron vistas para decidir si imponer medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez prohibir a los exdirectivos salir del país, retirarles el pasaporte y obligarles a firmar cada quince días en el juzgado. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, apoyaron esta solicitud.
El magistrado citó a declarar a Pelegrini, Olarte y a un tercer exdirectivo, Manuel García Alconchel —responsable de la zona sur y también suspendido— al considerar que podrían estar implicados en los presuntos amaños.
Puente dio este paso después de recibir el informe de la UCO, que destaca un acuerdo firmado en 2015 entre Acciona y Servinabar, pocos días después de la creación de esta última.
El acuerdo, destinado a “explorar oportunidades de negocio”, establecía que Servinabar recibiría un 2% de los proyectos. Lo firmaron Pelegrini por Acciona y Alonso por Servinabar.
La UCO considera que la relación empresarial se movía a través de ellos y también de Cerdán, Olarte y García Alconchel.
El informe señala que Pelegrini mantenía contactos frecuentes con Alonso y que en algunas reuniones participaron los dos junto a Santos Cerdán. Añade que algunas de estas citas incluían medidas de discreción, como comunicarse por notas manuscritas mostradas durante videollamadas.
Los investigadores también mencionan otras obras realizadas por la UTE —una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y el tren de Sant Feliú—, cuyos contratos sumaron más de 245 millones de euros.
Olarte y García Alconchel aparecen como firmantes de los acuerdos preliminares (MoE) entre Acciona y Servinabar para estos proyectos.
La Guardia Civil señala como principales beneficiarios de la supuesta trama a Cerdán y su familia, que habrían recibido pagos de nóminas, alquileres —incluida su antigua vivienda familiar en Madrid— y gastos en una tarjeta de crédito que superaron los 33.000 euros. Alonso llegó a comentar a su esposa que “a Paqui, la mujer de Cerdán, la conocen todas las dependientas de El Corte Inglés”.
El magistrado ha prohibido salir del país a Pelegrini y a Olarte al tiempo que les ha retirado el pasaporte y les ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial por su presunta vinculación en los amaños de obra pública que se investigan en el ‘caso Koldo’.
Más de 6 millones € recibidos desde Acciona
La UCO calcula que Servinabar recibió de Acciona al menos 6,7 millones de euros, lo que supone el 75% de todos sus ingresos entre los años investigados (8,9 millones en total). El resto, unos 2,2 millones, procedería de otras empresas, operaciones bancarias difíciles de rastrear y préstamos.
En cuanto a los gastos, la UCO estima que la empresa movió cerca de 9,7 millones de euros en diez años. De ellos, casi la mitad se destinó a transferencias a personas y entidades, pagos variados, movimientos bancarios y comisiones. El resto corresponde a nóminas, impuestos y pequeñas transferencias a Acciona.
La Guardia Civil señala como principales beneficiarios de la supuesta trama a Cerdán y su familia, que habrían recibido pagos de nóminas, alquileres —incluida su antigua vivienda familiar en Madrid— y gastos en una tarjeta de crédito que superaron los 33.000 euros. Alonso llegó a comentar a su esposa que “a Paqui, la mujer de Cerdán, la conocen todas las dependientas de El Corte Inglés”.
Acciona Construcción, por su parte, niega haber pagado comisiones a las personas investigadas y afirma que podría emprender acciones legales si las pesquisas demuestran algún perjuicio para la compañía derivado de la actuación de los implicados.
